Así se expresó en su comparecencia en la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja en donde también hizo hincapié en la necesidad de realizar ya una macroencuesta sobre la violencia en todas sus versiones: familiar, de género, sexual, institucional, que sufren niñas y mujeres con discapacidad. "Sabemos que existen estas violencias, pero no tenemos datos oficiales que las refrendan. Sin datos no se pueden impulsar políticas públicas sólidas", para terminar con esa lacra social, aseveró Díaz Robledo.
La presidenta de CERMI Mujeres se refirió así mismo a la ley de trata, de la que dijo que no tiene en cuenta a las niñas ni a las mujeres con discapacidad víctimas de este problema.
En su opinión existe "una invisibilización hacia este colectivo". "No existen servicios específicos para las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de la trata y de la explotación sexual. ¿Qué se hace con ellas en esas con ellas en esas circunstancias? ¿Qué atención reciben de los servicios policiales?", se preguntó.
Por ello, instó a que la norma tenga en cuenta al colectivo de mujeres y niñas con discapacidad y a que contemple "medidas específicas, medidas preventivas y sistemas de protección adaptadas a ellas".
Reivindicó la justicia gratuita para las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de la explotación sexual y de la violencia de género para que afloren las denuncias ocultas. "Si no se facilita la gratuidad, ni se adapta a este colectivo todas las fases del procedimiento seguirá la invisibilidad", denunció.
"Otro ámbito que nos ocupa es la salud y derechos sexuales y reproductivos. Nos preocupa que en nuestro país aún existan estereotipos dañinos, prejuicios hacia las mujeres y niñas con discapacidad que anulan sus derechos en este ámbito", enfatizó la presidenta de CERMI Mujeres y puso como ejemplo que hay gente que todavía cree que las mujeres con discapacidad no deberían tener descendencia porque pueden transmitir su discapacidad o que "son incapaces de cuidar de sus hijos e hijas". En esto contexto recordó las prácticas de esterilización forzosa. "No son hábitos que han desaparecido", apostilló.
Díaz Robledo también instó a los poderes públicos a que tras la aprobación de la reforma del artículo 49 de la Constitución, se elabore una estrategia, se incorporen planes de acción específicos con objetivos claros, un cronograma y un presupuesto suficiente que contemple medidas para atender las necesidades de las niñas y mujeres con discapacidad en los ámbitos de acceso a la justicia de forma gratuita.
Y remarcó la necesidad de que este colectivo tenga posibilidades de participación en la toma de decisiones, el acceso a la salud, incluidas las de la salud sexual y reproductiva, la protección social y el empoderamiento económico.
La presidenta de la Fundación CERMI Mujeres manifestó que "en los diez años de andadura hemos conseguido avances, pero han sido insuficientes. Es verdad que esos logros obtenidos en nuestro país han sido muy relevantes, pero aún nos queda mucho por conseguir".
Por su parte, todas las senadoras que participaron en la Comisión de Igualdad, agradecieron a la Fundación CERMI Mujeres la labor que realiza y aseguraron que iban a ser "muy receptivas" con las cuestiones planteadas y que se comprometen a que "este país sea más libre y accesible" para las mujeres y niñas con discapacidad.
