En la actualidad una persona con discapacidad en España percibe un salario un dieciséis por ciento inferior al salario medio de la población sin discapacidad, según datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
A esta desigualdad salarial tasada habría que sumarle todas aquellas contribuciones que realizan las mujeres y que no son contabilizadas económicamente, al tratarse de tareas desempeñadas en el ámbito de lo reproductivo, fuera por lo tanto de la centralidad del mercado de trabajo.
La precepción de ingresos más bajos, unida a la invisibilidad del trabajo doméstico supone, a largo plazo, el reconocimiento de pensiones muy inferiores a las de los hombres, lo que genera situaciones de pobreza y exclusión graves que afectan a las mujeres con discapacidad.
En este sentido, en la reciente consulta realizada por la Comisión Europea a los interlocutores sociales, para recoger sus opiniones sobre la posible orientación de la acción de la Unión sobre políticas relativas a permisos por razones familiares y otras modalidades de trabajo flexibles, el CERMI ha demandado la puesta en marcha de medidas económicas de incentivación del empleo de las mujeres con discapacidad.
Asimismo, la entidad estatal ha pedido políticas que fomenten la conciliación y la corresponsabilidad, poniendo el acento en la eliminación de la brecha salarial existente entre hombres y mujeres.
