Durante más de treinta años, la legislación española ha permitido la esterilización forzada de personas con discapacidad, justificando y llevando a cabo una práctica que ha constituido una violación grave y sistemática de los derechos fundamentales hacia este grupo humano, que ha sido calificada como una forma de trato o pena cruel, inhumano o degradante por diversos órganos internacionales de derechos humanos.
La necesidad de una ley de reparación a las víctimas de esta práctica violatoria de derechos humanos ha sido propugnada reiteradamente por el movimiento social español de la discapacidad, en particular, por el articulado en torno a mujeres y niñas con discapacidad, como víctimas preferentes, por lo que con esta legislación se atiende esta demanda cívica, dándole la oportuna y correcta respuesta.
El 7 de mayo la Fundación emitió un conversatorio, titulado ¿Por qué una ley de reparación a víctimas de esterilización forzada o no consentida incapacitadas judicialmente en España? Y por razón de discapacidad . El encuentro, reunió a expertas y expertos de reconocido prestigio internacional en los ámbitos del derecho, la discapacidad, el feminismo y los derechos humanos, con el propósito de explicar con rigor las razones que justifican la urgente aprobación de una ley de reparación para las mujeres y niñas con discapacidad que fueron esterilizadas sin su consentimiento tras haber sido previamente incapacitadas judicialmente.
Entre las personas asistentes que se encontraban :
Ana Peláez Narváez, vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres y ex-Presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas.
Amalia Gamio Ríos, Vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Carmen Comas-Mata Mira, Vicepresidenta del Subcomité de la Tortura de Naciones Unidas. Alejandro Moledo del Río, Director Adjunto del Foro Europeo de la Discapacidad y Laura Seara Sobrado, asesora legal de Fundación CERMI Mujeres.
Por su interés, detallamos las preguntas y respuestas - XXVII Conversatorio Fundación CERMI Mujeres
PRIMERA RONDA DE PONENTES
A Ana:
La Fundación CERMI Mujeres ha venido trabajando durante los últimos años para poner fin a las esterilizaciones forzadas de mujeres y niñas con discapacidad. Fruto de ello fue la reforma del Código Penal, que ha permitido esta práctica durante más de 30 años en España. Ahora se da un paso más exigiendo la reparación a las víctimas. ¿En qué consistiría esta reparación?
¿Por qué estamos reclamando una ley de reparación? Porque es parte de la defensa de los derechos humanos. Lo primero que se necesita es el reconocimiento por parte del Estado. No tiene que ver con colores políticos, sino con asumir que durante 30 años se cometió una atrocidad contra personas con discapacidad, principalmente mujeres y niñas adolescentes, mediante autorizaciones judiciales que permitían estas esterilizaciones. La reparación consiste en restituir la situación anterior a esa práctica. Se necesita una indemnización económica, aunque no compense el daño, rehabilitación médica y psicológica, satisfacción, garantías de no repetición y el reconocimiento del error en sede parlamentaria. Además, esta ley debe ser preventiva y disuasoria, porque pese a la reforma del Código Penal, la práctica sigue ocurriendo. Esta ley situaría a España en la vanguardia, como ya han hecho países como Japón, Holanda o Suecia.
A Amalia:
¿Cuál es la posición del Comité CRPD sobre la esterilización forzada de personas con discapacidad?, ¿Qué recomendaciones le ha hecho el Comité a España sobre esta cuestión?
El Comité está totalmente opuesto a la esterilización forzada de cualquier persona, pero especialmente de niñas y mujeres con discapacidad. Esta práctica se relaciona con la privación de libertad y la falta de reconocimiento de la capacidad jurídica. Las personas bajo tutela son institucionalizadas sin consentimiento, lo que implica medicación forzada, falta de privacidad y violencia sexual, violando los artículos 12, 14, 15 y 16 de la Convención. En 2011, el Comité recomendó eliminar tratamientos médicos sin consentimiento, incluida la esterilización. En 2019, reiteró la recomendación y pidió la reforma del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para evitar internamientos y tratamientos forzosos. Reconocemos avances, pero aún hay camino.
A Carmen:
¿Se puede considerar tortura la esterilización forzada por razón de discapacidad, ligada además a una incapacitación legal?
Sí, desde el derecho internacional, la esterilización forzada puede considerarse trato cruel, inhumano o degradante, y en algunos casos, tortura. Es una intervención médica irreversible sin consentimiento informado, amparada legalmente por sentencias judiciales. Es una violación de derechos que responde a una lógica de control y discriminación estructural. Aunque el Subcomité de la Tortura no ha abordado casos específicos, se reconoce como una grave violación. La ley de 2020 fue un paso adelante, pero ahora toca reconocer a las víctimas y reparar el daño. Reparar no es simbólico, es una obligación ética y jurídica.
A Miguel:
¿Qué relación puede guardar la esterilización forzada de una mujer o niña con discapacidad con la violencia de género?
La esterilización forzada es claramente violencia de género. Es una forma estructural de control que se apoya en la condición masculina como norma. Cualquier desviación de ese modelo se considera una amenaza. Esta violencia ha sido legitimada incluso desde enfoques jurídicos antiguos como el positivismo del siglo XIX, que justificaba acciones en nombre de la defensa social. El sistema utiliza cualquier resquicio para mantener su estructura androcéntrica. La violencia de género es, en este contexto, un instrumento para someter y excluir a quien se aparta del modelo dominante.
A Alejandro:
¿Cuál es la posición del Foro Europeo de la Discapacidad sobre la esterilización forzada de las personas con discapacidad? ¿Qué está haciendo al respecto?
Es una violación clara de derechos humanos. El EDF trabaja en tres líneas: influencia política, apoyo a miembros nacionales y sensibilización. Pedimos su prohibición legal en la UE y acciones de prevención, protección y reparación. La Estrategia Europea de Discapacidad debe mejorar. Hay 12 países donde aún es legal, y en tres incluso para menores. Países como Malta han avanzado, Portugal estuvo cerca. Cuando un país da el paso, las víctimas hablan. El EDF ha dado visibilidad en medios como Euronews y el New York Times. Seguimos con esta campaña prioritaria.
A Laura:
Tu papel como asesora legal de la Fundación CERMI Mujeres te permite contactar con víctimas con discapacidad. ¿Cuál es el perfil de una víctima sometida a una esterilización forzada por razón de discapacidad y previamente incapacitada legalmente?
No hay un único perfil. Muchas son mujeres de mediana edad, con discapacidad intelectual. Algunas descubrieron su esterilización al intentar tener hijos. En muchos casos, fue a petición de los padres, como en un caso de 2009 en Girona: una mujer autónoma fue esterilizada pese a la oposición de su madre. El Ministerio Fiscal apoyó la petición del padre. La Audiencia Provincial de Girona lo autorizó. Fue una práctica normalizada hasta hace poco, incluso en servicios públicos. El movimiento feminista de la discapacidad logró visibilizarla. El Convenio de Estambul la reconoce como violencia de género desde 2014, pero en España siguió siendo legal hasta 2020.
SEGUNDA RONDA DE PONENTES
A Ana:
Recientemente la Fundación CERMI Mujeres ha celebrado una jornada de puertas abiertas con las comisiones de discapacidad del Congreso y del Senado. ¿Qué acogida ha tenido vuestra propuesta entre los grupos parlamentarios? ¿Y en el Gobierno?
Durante las jornadas de puertas abiertas organizadas por Fundación CERMI Mujeres, se presentó la propuesta de ley de reparación a las comisiones de discapacidad del Congreso y del Senado. La acogida ha sido positiva, independientemente del grupo político. Se han solicitado reuniones formales con los ministerios de Igualdad, Derechos Sociales y Justicia. Hay voluntad, pero aún queda camino por recorrer. La propuesta fue bien recibida y se está valorando su presentación como proyecto de ley gubernamental con base en el texto propuesto por la Fundación, respaldado por el CERMI. También se subrayó la necesidad de un enfoque interseccional entre género y discapacidad.
A Amalia:
¿Cómo valora la propuesta realizada por la Fundación CERMI Mujeres (y respaldada por el movimiento social de la discapacidad articulado en torno al CERMI) sobre una ley de reparación a víctimas de esterilizaciones no consentidas por razón de discapacidad? ¿Existen otros países que ya lo hayan hecho?
Es una propuesta excelente, alineada con las directrices del Comité sobre desinstitucionalización. Las personas con discapacidad institucionalizadas han sufrido violaciones graves y masivas de derechos humanos. La ley debe incluir reparación económica y psicológica, disculpas públicas, creación de comisiones de la verdad y participación directa de las personas con discapacidad. Cita los ejemplos de Suecia (1999) y California, aunque critica que no involucraron suficientemente a las víctimas y dependían del presupuesto anual. Valora muy positivamente que la ley española contemple lengua de signos e intérpretes.
A Carmen:
Según el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, ¿tienen los Estados la obligación de reparar a las víctimas? ¿En qué consiste el Derecho a la reparación de las víctimas de tortura?
Sí, lo establece el artículo 14 de la Convención contra la Tortura. El derecho a la reparación incluye: restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Restituir no es solo devolver derechos sino también la dignidad. Compensación implica reconocer todo el daño sufrido. Rehabilitación incluye atención médica, psicológica y social gratuita y especializada. La satisfacción requiere reconocimiento público, perdón, anulación de sentencias judiciales, memoriales y registro de víctimas. Las garantías de no repetición implican reformas legales, lucha contra estereotipos y participación activa de las personas con discapacidad.
A Miguel:
Una reparación de las víctimas implica también una rehabilitación de las mismas. ¿En qué consiste este tipo de intervención?
Rehabilitar no es solo reparar el daño, sino empoderar a las víctimas para que recuperen su autonomía y dignidad en un entorno que ha cambiado. Además de la atención médica, psicológica, social y legal, propone estudiar el acceso a técnicas de reproducción asistida en los casos en que la esterilización fue mediante ligadura de trompas. Apuesta por dar opciones reales a las mujeres esterilizadas para recuperar su libertad reproductiva.
A Alejandro:
¿Podrías hacernos una valoración de esta práctica nociva en la Unión Europea y en sus Estados miembros? ¿Está tipificada como delito, como se establece en el artículo 39 del Convenio de Estambul, recientemente ratificado por la Unión Europea?
Lamentablemente, la UE sigue teniendo 12 países donde esta práctica es legal y 3 donde se permite incluso en menores (Portugal, Hungría, Chequia). Solo 11 la han criminalizado. El Convenio de Estambul y la nueva directiva europea sobre violencia contra las mujeres ofrecen una vía, pero algunos gobiernos han bloqueado su inclusión. El EDF ha preparado guías para la transposición nacional. También publicarán un nuevo informe actualizado sobre la esterilización forzosa en Europa. El EDF sigue presionando para que se criminalice en todos los Estados miembros.
A Laura:
¿Qué papel ha tenido hasta ahora la familia de las mujeres y niñas con discapacidad con respecto a la salud sexual y reproductiva de sus hijas, y cuál debería ser en el futuro?
Muchas familias han actuado desde el miedo y el desconocimiento, creyendo que protegían a sus hijas. A menudo han sido quienes han solicitado la esterilización. En el futuro, las familias deben pasar de un rol de tutela a uno de apoyo al ejercicio de derechos. Es fundamental la participación de las organizaciones de la discapacidad en el procedimiento de reparación, y que todo el proceso sea accesible y adaptado. La práctica fue legal hasta 2020 a pesar de estar prohibida por el Convenio de Estambul desde 2014. Es hora de corregir esta gravísima injusticia con urgencia y con garantías.
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