El Plan, una política pública necesaria y ambiciosa, establece acciones específicas del Ministerio de Igualdad y otras transversales a realizar con otros ministerios, con el objetivo general de operativizar las medidas recogidas en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual y complementar las acciones del Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023 en lo relativo a la trata con fines de explotación sexual. Se concibe, por tanto, como una política palanca que desarrolla todas las actuaciones que competen al Ministerio de Igualdad respecto a la trata con fines de explotación sexual, la explotación sexual y el apoyo a las mujeres en contextos de prostitución.
Cinco líneas de acción
El Plan Camino incluye 28 medidas en 5 líneas de acción a implementar entre 2022 y 2026 y cuenta con una dotación económica estimada en 204 millones de euros.
La prioridad del Plan es dar salida a las víctimas a través de la inserción socio laboral. Esta salida, debe ir acompañada de alternativas económicas y sociales que garanticen los derechos de las mujeres. Por eso, una de las principales líneas de acción a implementar es ofrecer vías realistas de salida a la explotación. En este sentido, resulta central vincular la consolidación de un itinerario de atención integral para estas mujeres, con programas de acceso a derechos sociales y económicos como son vivienda, salud y empleo, tres de los pilares de una de las medidas centrales del Plan Camino, como es el I Plan de Inserción Sociolaboral para Víctimas de Trata, Explotación Sexual y para Mujeres en Contextos de Prostitución (2022-2026).
El Plan también promueve la investigación y recogida de datos. En este sentido, se realizará la mayor macroencuesta sobre trata y prostitución de la UE. Una operación estadística que permitirá hablar de cifras reales, mapeando la oculta realidad de las cifras y datos sobre el número de mujeres víctimas de trata y explotación sexual y de aquellas que están en contextos de prostitución.
Por otro lado, se trabajará intensamente en la prevención y desincentivo de la demanda, llegando a jóvenes y hombres a través de campañas de sensibilización, pero, sobre todo, trabajando desde las escuelas y desde espacios de socialización cruciales para ello.
A su vez, se llevará a cabo una detección multi-agenda de las víctimas, para que puedan acceder a derechos económicos, socio asistenciales y de salud sexual y reproductiva; y que este acceso no dependa de la interposición de una denuncia. Para ello, ya se aprobó en su momento, un nuevo sistema de acreditación para las víctimas que se debe consolidar de manera efectiva en la mayor brevedad posible, para que ninguna mujer tenga que ver supeditados sus derechos a dar ese paso tan difícil como es interponer una denuncia contra sus tratantes y explotadores.
