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CERMI Mujeres reclama una perspectiva interseccional en las políticas de igualdad de género y de discapacidad


La vicepresidenta de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez Narváez, ha reclamado que las políticas de discapacidad tomen en consideración las políticas de género, y que por su parte las políticas de igualdad de género y derechos de las mujeres estén permeadas por la discapacidad, la inclusividad y la accesibilidad.
CERMI Mujeres reclama una perspectiva interseccional en las políticas de igualdad de género y de discapacidad
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CERMI Mujeres reclama una perspectiva interseccional en las políticas de igualdad de género y de discapacidadAsí lo ha afirmado la vicepresidenta de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez Narváez en una entrevista para el programa 53 ‘Objetivo igualdad’ de TVE, bajo el título ‘el bum de los podcast feministas’, en la que ha desgranado las diferentes violencias a las que se hallan expuestas las mujeres con discapacidad, “por tener discapacidad y por ser mujeres, además de otras circunstancias que agravan la situación a la que se enfrentan como la orientación sexual, el origen, la etnia o la religión”.

Para Peláez, la incorporación de una visión interseccional en la legislación es imprescindible, ya que según ha explicado, “la Ley Orgánica de violencia de género no contempla por ejemplo la obligación de que todos los recursos especializados de atención a víctimas de violencia de género y violencia contra la mujer sean inclusivos y accesibles. Esto es algo que hay que mejorar de forma inmediata y urgente”, ha asegurado.

Por otro lado, la vicepresidenta de CERMI Mujeres ha señalado que “la incapacitación legal suele ser una práctica frecuente entre las niñas y mujeres con discapacidad. Generalmente se las incapacita para que otra persona pueda tomar decisiones que las afectan, especialmente en lo que se refiere a sus derechos sexuales y reproductivos”, ha apuntado.

En este sentido, Peláez ha explicado que “las esterilizaciones forzosas y sin consentimiento tienen una incidencia muy alta entre las mujeres con discapacidad, del 98%, especialmente en el colectivo de las mujeres con discapacidades intelectuales, psicosociales o incluso entre las mujeres con sordoceguera”.

Al respecto, ha lamentado que a nivel internacional solamente se haya erradicado esta práctica en la legislación de Suecia y España, y ha insistido en la incongruencia de que muchas de estas mujeres que están siendo víctimas de violencias agravadas y de explotaciones no puedan acceder a la justicia porque no se les reconoce su igualdad ante la ley.

Asimismo, Ana Peláez en la entrevista también ha querido insistir en la urgencia de denunciar el uso de mujeres con discapacidad en determinados tipos de prostíbulos, un “hecho constatado pero poco visibilizado”. De hecho, según ha afirmado que “desafortunadamente la política pública sobre trata de nuestro país todavía no considera el tema de la discapacidad como circunstancia agravante”.

Finalmente, Peláez ha insistido en la relevancia de la participación política y en la toma de decisiones de las mujeres con discapacidad, que según ha dicho, “brilla por su ausencia”; y ha asegurado que “queda mucho por hacer pero todo lo que queda por hacer hay que hacerlo con las mujeres y niñas con discapacidad. Nada para ellas sin ellas”, ha reivindicado.