La Fundación CERMI Mujeres ha asegurado este martes que la nueva Ley para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía no debe considerar a las mujeres con discapacidad como un grupo homogéneo, sino como a un colectivo diverso con discapacidades y necesidades diferentes que en numerosas ocasiones son sometidas a la invisibilidad.
Así, ha planteado que la nueva legislación incluya la dimensión interseccional de la discriminación al hacer referencia a la especial protección del derecho a la igualdad de trato de aquellas mujeres en riesgo de padecer múltiples situaciones de discriminación.
Se trata de un concepto, tal y como ha explicado Concha Díaz, miembro del Patronato de la Fundación CERMI Mujeres, durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento de Andalucía, que ya se incluye en las legislaciones más avanzadas y que reconoce que las mujeres sufren discriminación como personas con identidades, condiciones y circunstancias vitales multidimensionales.
Tal y como ha explicado Díaz, el concepto de discriminación interseccional reconoce las vivencias y experiencias de agravamiento de la situación de desventaja de las mujeres a causa de formas de discriminación múltiples e interseccionales, que requieren la adopción de medidas específicas con respecto a la recopilación de datos desglosados, la consulta, la formulación de políticas, la ejecutabilidad de las políticas de no discriminación y la provisión de recursos eficaces.
La Fundación CERMI Mujeres ha solicitado que este enfoque permee en todas las políticas y planes de trabajo de la administración pública andaluza en materia de igualdad de género, y para ello, ha considerado necesario poner en marcha planes formativos en materia de género y discapacidad dirigidos a los cuadros técnicos y directivos de la administración, así como a las y los representantes políticos con responsabilidad en el diseño y ejecución de políticas públicas.
Educación y empleo de las mujeres con discapacidad
Concha Díaz, miembro del Patronato de la Fundación CERMI Mujeres, también ha apostado por establecer por ley la inclusión del enfoque interseccional que permita dar visibilidad a la diversidad que caracteriza a las mujeres, en todos los mandatos relacionados con la promoción de la igualdad de género en los centros docentes y en el sistema universitario (desarrollo de planes de igualdad, medidas de coeducación, revisión de materiales didácticos con enfoque de género, fomento de la diversificación profesional, entre otros). Además, ha recordado que la consolidación de estudios de género y discapacidad en los ámbitos de la docencia y la investigación son demandas clave de la Fundación CERMI Mujeres.
Por otro lado, Díaz ha recordado que la brecha salarial afecta notablemente a las mujeres con discapacidad, ya que el salario bruto medio de una mujer con discapacidad es casi 5.000 euros menor que el salario bruto medio en España y unos 3.000 euros inferior al salario bruto medio de los hombres con discapacidad. Además, ha revelado que casi el 80% de las mujeres con discapacidad está fuera del mercado laboral, bien por estar desempleadas, bien por ser población inactiva.
En este sentido, la representante de la Fundación CERMI Mujeres ha exigido la puesta en marcha de políticas de empleo que tomen en consideración el doble enfoque del género y la discapacidad y que se aseguren los recursos adecuados para garantizar el empoderamiento de las mujeres con discapacidad y la percepción de un salario igualitario. Y es que según ha manifestado, “las mujeres jóvenes con discapacidad no quieren quedarse en casa, solo necesitan los apoyos necesarios para poder participar de la vida laboral”.
Violencia de género
Concha Díaz ha destacado que las mujeres con discapacidad tienen un riesgo 10 puntos porcentuales mayores que las mujeres sin discapacidad de sufrir violencia de género, ya sea ésta violencia física, psicológica (de control o emocional) o económica.
Sin embargo, ha denunciado que a día de hoy, no existen datos disgregados por discapacidad, ni sobre denuncias presentadas por mujeres con discapacidad. Tampoco existe información sobre el número de mujeres con discapacidad sobrevenida como consecuencia de los malos tratos, ni de aquellas mujeres que como consecuencia de la violencia de género, dan a luz hijos con discapacidad.
Además, ha recordado que las mujeres con discapacidad sufren barreras de acceso a la justicia, desde casas de acogida con barreras arquitectónicas, hasta información en formatos no accesibles o dificultades para contar con intérpretes en lengua de signos, además de la falta de preparación de las personas encargadas de abordar estas situaciones.
Asimismo, la representante de la Fundación CERMI Mujeres ha considerado muy importante adecuar la conceptualización de violencia de género a lo establecido en el Convenio de Estambul, vigente en España desde 2014. Ésta no circunscribe la violencia de género a la ejercida por la pareja o expareja sino que integra otras formas de violencia, como la sexual, la mutilación sexual femenina, la trata de personas con fines de explotación sexual, y “algo que es de vital importancia para nosotras, las esterilizaciones forzosas”. “No podemos permitir que en pleno siglo XXI las mujeres con discapacidad sigan siendo privadas de sus derechos sexuales y reproductivos”, ha declarado.
Esta última cuestión puede ser conectada con la reforma propuesta donde se habla de en el punto veintiocho acerca de “medidas que garanticen, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, la integridad física y psíquica de las mujeres y niñas, impidiendo la realización de prácticas médicas o quirúrgicas que atenten contra dicha dignidad”.
