“Resulta llamativo el escaso espacio y el tibio compromiso de este plan con las personas con discapacidad, a pesar de ser un colectivo que presenta importantes déficits de ciudadanía y que sufre violaciones sistemáticas y estructurales a sus derechos humanos”, según expone el CERMI en un documento con propuestas al borrador del II Plan Nacional de Derechos Humanos, en el que destaca la importancia de dicho plan.
Aunque el borrador del plan recoge observaciones realizadas a España por parte del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad en 2011, como la urgencia de erradicar las esterilizaciones forzadas o la necesidad de pasar de un sistema de supresión de la capacidad jurídica a otro centrado en el apoyo en la toma de decisiones, el CERMI y la FCM lamentan que el plan no detalle por el momento pautas para cumplir con estos mandatos.
Además, el plan no cita otras observaciones conectadas con diferentes artículos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como es la accesibilidad universal, velar por la no discriminación y la igualdad de oportunidades de todas las personas con discapacidad y garantizar una financiación suficiente para que puedan elegir libremente si desean vivir en comunidad, entre otras. El CERMI y la FCM hacen especial hincapié en la importancia de avanzar en accesibilidad universal, ya que se trata de un requisito esencial para la igualdad de oportunidades y el acceso a todo tipo de derechos.
Del mismo modo, la plataforma representativa de la discapacidad en España señala que el plan debe hacer mención también al dictamen de Naciones Unidas de 2018 en el que recogía múltiples carencias que se siguen produciendo en España para garantizar el derecho a la educación inclusiva de todo el alumnado con discapacidad.
Por otro lado, el CERMI y la FCM proponen que el plan incluya el compromiso del Estado español, a través del Gobierno central, de promover la regulación legal mediante los cauces apropiados (procesales y administrativos) para otorgar efectividad, en el ordenamiento y el tráfico jurídico españoles, incluido el judicial, a las decisiones de los órganos de tratados internacionales de derechos humanos de los que España sea parte, cuando se pronuncien sobre acciones u omisiones relevantes o de interés protegidas por esos tratados.
Más allá de la discapacidad, el CERMI y la FCM llaman la atención sobre el lenguaje empleado en el plan en algunas ocasiones, en el que se habla, por ejemplo, de “refugiados” o “inmigrantes”. En su opinión, se deberían emplear siempre fórmulas como “personas refugiadas” o “personas migrantes”, para evitar que “el adjetivo colonice lo más importante, que es la persona”, y que se invisibilice a las mujeres y niñas.
Igualmente, se echa en falta un sistema de indicadores para medir la eficacia y alcance del plan, así como un mayor protagonismo de la importancia de contar con la sociedad civil para impulsar medidas encaminadas a garantizar el respeto a los derechos humanos.
Por su parte la Fundación CERMI Mujeres ha puesto el acento concretamente en la necesidad de conectar las políticas generales de igualdad, discapacidad y género a fin de dar respuesta a las demandas de las mujeres de este sector de la población. De esta manera, y siguiendo las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el empoderamiento económico solamente se conseguirá con la puesta en marcha de políticas de empleo que tomen en consideración la situación de las mujeres con discapacidad. En la misma línea, la prevención y atención adecuada a las situaciones de violencia que sufren las mujeres con discapacidad pasa necesariamente por llevar a cabo estudios cuantitativos y cualitativos sobre esta realidad, así como garantizar la plena accesibilidad de los recursos de la red pública en este ámbito.
“Este plan debe ser una oportunidad embrionaria para erradicar de nuestro ordenamiento jurídico aquellas prácticas nocivas que violan los derechos de las personas con discapacidad, para hacer pedagogía de la inclusión y para que la sociedad, las administraciones, operadores jurídicos y el legislador tomen conciencia de que nuestra realidad no es un diagnóstico y que éste no debe colonizar nuestra existencia. Las personas con discapacidad somos sujetos con derechos y cualquier política pública debe configurarse desde esta perspectiva”, concluye el CERMI.
