Nacional

Informe Periódico 2012-2013 y principales actuaciones 2014-2015


El artículo 18 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que establece la obligación que tiene el Gobierno de emitir un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. Este informe debe ser asimismo presentado ante las Cortes Generales.
Detalle de unos cuadernos
Detalle de unos cuadernos

Detalle de unos cuadernosEl Real Decreto 1729/2007, de 21 de diciembre, establece que este informe periódico deberá ponerse en relación, además, con la previsión del artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de elaboración por parte el Gobierno de un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. 

 

El informe, con una periodicidad bienal, debe dar cuenta de los siguientes extremos: 

 

- Las actuaciones de la Administración General del Estado y los Organismos públicos vinculados o dependientes de ella, relacionadas con la aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.

 

- El seguimiento de las actuaciones contempladas en el Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades.

 

- Cualquier otra información sobre medidas adoptadas para la consecución efectiva de la igualdad real entre mujeres y hombres.

 

Así el Informe Periódico 2012-2013 incluye un seguimiento de las actuaciones realizadas por la Administración General del Estado y por los organismos públicos vinculados o dependientes de ella realizadas en los dos primeros años de la presente legislatura, es decir de 2012 a 2013, relacionadas con la aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo y con el seguimiento del Plan Estratégico.

 

En relación a la puesta en marcha de  programas y actuaciones específicas para la integración socio-laboral y económica de mujeres con especiales dificultades, susceptibles de sufrir discriminación múltiple hay que destacar  el Programa Clara, dirigido a mejorar la inserción social e incrementar la empleabilidad de mujeres en situación de riesgo o de exclusión (víctimas de violencia de género, responsables de núcleos familiares, mayores de 45 años sin titulación, pertenecientes a minorías étnicas, inmigrantes, con discapacidad y ex-reclusas. 

 

El Informe también hace alusión a otras actuaciones dirigidas a la incrementar la empleabilidad e integración social de las mujeres con discapacidad a través del trabajo conjunto entre el Instituto de la Mujer y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). También en el marco del convenio suscrito en 2011-2012, se llevó a cabo la celebración de un seminario que bajo el título “Los desafíos del nuevo milenio para las mujeres con discapacidad” en el que participaron 150 mujeres.

 

En cuanto a medidas concretas dirigidas a fomentar la contratación laboral de mujeres encontramos que se mantienen las bonificaciones a las contrataciones de mujeres dentro del conjunto de bonificaciones previstas por la normativa vigente en el ámbito de las políticas activas de empleo. De manera especial, se dirigen a mujeres en sectores de actividad y ocupación en que se encuentren subrepresentadas, mujeres con discapacidad y víctimas de violencia de género.

 

También se alude a la ampliación en dos semanas del permiso de maternidad por hijas/os con discapacidad.

 

En materia de violencia de género se señala que se han puesto en marcha campañas de información y sensibilización específicas con el fin de prevenir la violencia contra la mujer, que se llevan a cabo en todo el territorio nacional, utilizando medios de comunicación de ámbito estatal y autonómico o local y todas tienen en cuenta la especial atención a colectivos que presentan una mayor vulnerabilidad, como el de la población inmigrante, rural, personas con discapacidad, etc.

 

En la misma línea, desde el año 2013 las mujeres con discapacidad auditiva pueden ser atendidas en el servicio 016 mediante lengua de signos. Se trata de una iniciativa puesta en marcha en colaboración con la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE). 

 

Por su parte el servicio telefónico de atención y protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO), introdujo en el 2013 diversas mejoras para garantizar su accesibilidad y su utilización por parte de las mujeres con discapacidad.

 

En materia de estudios sobre violencia, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha realizado diversas investigaciones enfocadas a analizar cómo afecta la violencia de género a grupos de personas especialmente vulnerables a la violencia de género, teniendo presente la de las mujeres con discapacidad, entre otras. 

 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está desarrollando además estudios e informes elaborados por el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) para potenciar y difundir la investigación y la innovación en Educación y Género. Destaca en este punto el estudio sobre "Integración en el mercado laboral de mujeres con discapacidad atendiendo a su nivel educativo", en el marco de la colección “Mujeres en la Educación”.

 

En el ámbito de la salud, el Ministerio de Sanidad ha elaborado un estudio sobre la situación de las mujeres y niños y niñas con discapacidad, de cara a la elaboración de un Plan Especial contra la discriminación múltiple en los ámbitos de la política de género y la infancia.

 

Finalmente al aludir a la cuestión de la discriminación múltiple, el Informe indica que en el Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros el 12 de septiembre de 2014, se constata que existen diferencias considerables entre mujeres y hombres con discapacidad, ya que aquellas tienen niveles más bajos de formación, menores tasas de actividad y empleo. Evitar las situaciones de desigualdad hace necesaria la aplicación de acciones concretas para eliminar estos desequilibrios sociales.

 

En relación a las convocatorias de subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro, se remarca que se tiene en cuenta la perspectiva de género en un doble sentido. Por una parte, se establecen como prioridades aquellas actuaciones que inciden en las causas estructurales de las desigualdades entre mujeres y hombres. Y, por otra, se incorpora el carácter transversal de la perspectiva de género, incluyendo actuaciones en todos los colectivos.

 

Concretamente en el ámbito de la discapacidad, las metas a conseguir son las siguientes: 

 

- Incrementar los proyectos para mujeres con discapacidad (acciones positivas), en los programas que se subvencionan (proyectos de ONG y CCAA) como criterio prioritario de selección. 

 

- Incorporar el género y la discapacidad en la actividad cotidiana de profesionales que trabajan en los servicios públicos y en ONG del sector y otros, a través de cursos y jornadas para la sensibilización y formación en discapacidad y género. 

 

- Incorporar en los proyectos de cooperación internacional el género y la discapacidad como criterio de actuación. 

- Exigir todos los datos desagregados por sexos con análisis de género en los proyectos e investigaciones que se promuevan.

 

 - Introducir la perspectiva de la discapacidad con análisis de género en los informes preceptivos de impacto de las normas. - Incorporar la perspectiva de género en los proyectos y actuaciones que se promuevan en colaboración con otros Centros Directivos de la Administración General del Estado para promover la autonomía de las personas con discapacidad.

 

- Llevar a cabo medidas de acción positiva para fomentar la incorporación al mercado laboral de las mujeres discapacitadas y aquellas con múltiple discriminación.

 

El Informe Periódico 2012-2013 y principales actuaciones 2014-2015 está disponible en este enlace.