Así lo pone de manifiesto el CERMI en un informe en el que evalúa la nueva Ley Orgánica de Derecho de Defensa desde el enfoque de la discapacidad y la accesibilidad.
"El legislador no ha incluido en esta Ley orgánica el tratamiento específico de la asistencia jurídica gratuita a todas las mujeres y niñas con discapacidad para todo tipo de procesos, con independencia de sus recursos económicos", señala.
En este sentido, el CERMI ha solicitado que se reconozca este derecho ya que, según se expresa en el informe, "esta petición responde a una de las reivindicaciones sistemáticas expresadas por mujeres con discapacidad organizadas en nuestro país".
En el informe, el CERMI introduce una valoración general del proyecto de Ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio público de justicia en el que señala que "esta Ley representa un avance respecto a la regulación del derecho de defensa de las personas con discapacidad" ya que, según arman, viene acompañada del establecimiento de una serie de normas que garantizan la accesibilidad universal en diversas materias que van desde el derecho a la asistencia jurídica a la protección jurisdiccional, pasando por el derecho de información o el derecho a la prestación de unos servicios jurídicos de calidad.
