El movimiento CERMI ha trasladado esta petición a la UE en el marco de una consulta pública sobre una iniciativa legislativa relativa al refuerzo del principio de igualdad de retribución entre mujeres y hombres mediante la transparencia salarial. A su juicio, la crisis económica y social ocasionada por la COVID-19 agravará esta brecha salarial y la exclusión que sufren las personas con discapacidad del mercado laboral, especialmente las mujeres.
CERMI Mujeres lamenta que, pese a que el 16% de la población femenina en la UE tiene algún tipo de discapacidad, se trata de un grupo social que sigue enfrentándose a la discriminación múltiple e interseccional en todos los ámbitos de la vida, y sufren desventajas socioeconómicas; tasas bajas de empleo; mayor precariedad y trabajos en la economía sumergida, y un índice alto de pobreza.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2017, el salario medio bruto anual para los hombres sin discapacidad ascendió a 26.574,5 euros, y el de las mujeres sin discapacidad fue de 20.681,4 euros. En cambio, la remuneración bruta de los hombres con discapacidad se situó de media en 21.079,2 euros y la de las mujeres con discapacidad en 17.730,8 euros.
En este sentido, el movimiento CERMI señala que, al igual que el género, otros factores, como por ejemplo la discapacidad, no justifican diferencias salariales para empleos similares, en consonancia con la Directiva de igualdad de trato de la Unión Europea de 2000.
TRANSPARENCIA
Además, ve necesario que las obligaciones en relación con la transparencia salarial se apliquen a todos los empleadores, independientemente de la magnitud de la empresa u organización o el tipo de empleo, incluido el trabajo a tiempo parcial y las empresas que emplean a mujeres con discapacidad, sobre todo a las que tienen discapacidad intelectual.
Para que la transparencia sea plena y llegue a toda la plantilla, CERMI Mujeres subraya que la información relativa a la transparencia salarial debe estar a disposición de todas las mujeres con discapacidad en varios formatos accesibles de comunicación, incluyendo formato de lectura fácil y documentos digitales accesibles para quienes tienen discapacidad sensorial.
Asimismo, defiende que los órganos de igualdad deben disponer de acceso a los informes salariales y contar con los medios necesarios para prestar apoyo en caso de denuncia de desigualdades salariales por parte de trabajadoras con discapacidad.
Igualmente, reclama que la legislación contemple sanciones eficaces y proporcionadas para las empresas, así como medidas compensatorias para las víctimas de discriminación. Las indemnizaciones deben estar a disposición de todas las mujeres, independientemente de si tienen o no su capacidad jurídica limitada.