Comunitat Valenciana, 6 de mayo de 2025. La jornada Violencia y mujer con discapacidad: “Un reconocimiento real”, celebrada este lunes en València, sirvió como espacio de encuentro, reflexión y denuncia sobre una realidad aún invisibilizada: la violencia de género ejercida contra mujeres y niñas con discapacidad. El evento, organizado por Mujeres CERMI-CV, reunió a profesionales, entidades del tercer sector y a representantes políticos como Asunción Quinzá, secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad de la Generalitat, con la erradicación de esta forma específica de violencia.
Durante el encuentro se presentó el estudio sobre violencia contra las mujeres con discapacidad en la CV, que realizaron en 2022 Mujeres CERMI-CV y Fundación CERMI Mujeres, cuyos resultados arrojaron cifras profundamente alarmantes. De las 81 mujeres encuestadas, un 69,1% afirmó haber sufrido violencia de género por parte de su pareja o expareja, y un 12,3% desarrolló una discapacidad como consecuencia directa de dicha violencia. El estudio también reveló que el 47,7 % de las participantes sufrió violación por parte de su pareja, y que un 36,2% de aquellas que experimentaron violencia por parte de su expareja manifestó pensamientos suicidas o deseos de autolesionarse.
Aunque los datos son representativos, la falta de inferencia estadística y la ausencia de cifras oficiales continúan dificultando la visibilización y el abordaje adecuado de esta grave problemática social. Se destacó también que se trata de un problema de salud pública que requiere una respuesta urgente, específica y con enfoque interseccional.
A lo largo de la jornada, se sucedieron diversas intervenciones destacadas, entre ellas las de Plena Inclusión CV, Ateneu Castelló, Xarxa Dones, Inserta Empleo-Fundación ONCE y FESORD CV, quienes compartieron sus experiencias profesionales en la atención a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. Además, hubo una representación teatral de la obra ‘una bañera con vistas’ de FEVADIS y un coloquio participativo, que ofrecieron una vía alternativa y emocional para visibilizar los tipos de violencias y fomentar la conciencia colectiva.
El evento concluyó con la presentación de la Píldora Formativa sobre el reconocimiento de la violencia de género en mujeres con discapacidad, donde se recogen aportaciones para el cribado de violencia de género en Sanidad, elaborado por la Comisión de Mujeres del CERMI-CV. Estas propuestas incluyeron mejoras en los cuestionarios de detección y valoración de riesgo, así como estrategias adaptadas de comunicación, recursos accesibles y recomendaciones para generar entornos seguros, empáticos y libres de estigma.
Para concluir, desde la organización se subrayó que el reconocimiento real de las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia de género no puede quedarse en una mera declaración de intenciones: debe ejercerse y garantizarse con hechos. En este sentido, Luis Vañó, presidente de CERMI-CV, hizo un llamamiento firme a incorporar sus realidades en las políticas públicas y en todos los protocolos de actuación sanitaria, social y judicial. “Exigimos que el estudio presentado sea solo el punto de partida y se traduzca en políticas concretas, con presupuesto asignado, indicadores claros y plazos definidos”, afirmó. A continuación, añadió: “Nos sumamos, como CERMI-CV, a la petición de la Fundación CERMI Mujeres para impulsar una macroencuesta específica que permita conocer con profundidad la incidencia real de la violencia sobre mujeres y niñas con discapacidad, porque sin datos completos, las políticas son ciegas”. Asimismo, reclamó que los avances legislativos, como la reforma del artículo 49 de la Constitución y del Código Civil, no se queden en hitos simbólicos, sino que se traduzcan en acciones valientes y transformadoras frente a la desigualdad estructural. Esto implica aplicar con firmeza el principio de acción positiva, derribar las barreras de acceso a la justicia causadas por el estigma, los estereotipos y la falta de accesibilidad, garantizar la formación efectiva del personal judicial y el acceso real a la asistencia jurídica gratuita, erradicar de manera definitiva la sustitución en la toma de decisiones y, por supuesto, poner en marcha sin más dilación un programa de reparación efectiva para las víctimas de esterilizaciones forzadas, una práctica inaceptable que ha dejado una huella cruel e imborrable en la vida de muchas mujeres y niñas con discapacidad.
