La población activa y ocupada acusa una mayor presencia de hombres de una franja de edad de los 45 a los 64 años. En cuanto a las ramas de actividad en las que tienen mayor representación las personas con discapacidad son actividades sanitarias y de servicios sociales; actividades administrativas y servicios auxiliares, administración pública y defensa.
En relación a las mujeres con discapacidad, hay que destacar que la evolución de las tasas de empleo respecto a los datos de 2012 fue negativa. Dicha evolución sin embargo se mantuvo en el caso de los hombres. Las mujeres con discapacidad presentan una tasa de paro de 35,3%. Asimismo, el desempleo aumentó en mayor medida tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres.
El desempleo hace especial mella entre la población más joven mientras que la inactividad se produce sobre todo entre personas de mayor edad. Respecto a 2012 destaca el descenso en la actividad y el empleo de los jóvenes (3,4 y 2,5 puntos menos, respectivamente). En la misma línea, en el grupo de mayor edad, aumentan tanto el empleo como la actividad y el paro.
El tipo de discapacidad también es un factor a tener en cuenta a la hora de analizar la participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad. Las discapacidades con un porcentaje inferior al 45% presentan una tasa de actividad del 54,8%. A medida que aumenta este porcentaje la tasa de actividad va decreciendo. Las mayores tasas de actividad se dieron entre personas con discapacidad auditiva (59,5%), mientras que aquellas que presentan una discapacidad intelectual tienen mayores problemas a la hora de encontrar trabajo.
Otro dato importante relacionado con la ocupación es que la mayoría de las personas trabajadoras con discapacidad son asalariadas (88,4%), cuentan con un contrato indefinido (79,2%) y a jornada completa (82,3%). El 81% además desarrolla su actividad en el sector servicios.
En cuanto a las prestaciones sociales públicas hay que señalar que en 2013, de cada cien personas en edad laboral, 11 recibieron una prestación. En el caso específico de las personas con discapacidad el sistema público de prestaciones benefició a 57 de cada 100 personas.
