Hay que recordar que los Objetivos de Desarrollo del Milenio han servido como marco común de acción y cooperación mundial sobre el desarrollo desde su adopción en el año 2000 y que los 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron alcanzar para el año 2015. En la actualidad se hace necesario asegurar una hoja de ruta sobre el desarrollo sostenible después de 2015 y en ella es preciso incluir el tema de la discapacidad.
En este evento se acreditaron treinta y dos solicitudes de organizaciones no gubernamentales y trece estados presentaron declaraciones: Nueva Zelanda, Barbados, Jordania, Sierra Leona, Alemania, Suecia, Ghana, India, Sudáfrica, Malta, Bélgica, Malawi y Estonia. Además tres organizaciones de la sociedad civil, International Disability Alliance, Disable’s People y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual presentaron sus respectivas declaraciones. Un total de cincuenta y seis Estados Partes entregaron declaraciones durante el primer día de la Conferencia.
Entre los temas abordados durante estos tres días hay que destacar cuestiones relacionadas con la aplicación de la Convención, estudios de casos y buenas prácticas sobre las personas con discapacidad en la respuesta humanitaria, la juventud árabe con discapacidad y las oportunidades de empoderamiento y de inclusión en Palestina, Siria y Marruecos, la accesibilidad sostenible, el derecho de las personas con discapacidad a vivir de manera independiente e incluidos en la comunidad, la revolución tecnológica para una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad, los datos y las estadísticas sobre discapacidad en la agenda de desarrollo post- 2015.
Asimismo, se abordó la cooperación internacional en la era post 2015, las voces de personas afectadas por la lepra, la accesibilidad a los procesos electorales y a la participación política, las nuevas perspectivas de educación para las niñas y los niños con discapacidad refugiados de Palestina en el Líbano así como la explotación y el tráfico de personas con discapacidad en orfanatos, centros psiquiátricos y otras instituciones y el uso de los litigios internacionales, los medios de comunicación y la educación pública para poner fin a estos abusos.
