El conversatorio, moderado por el director de la Agencia de Noticias Servimedia, José Manuel González Huesa, ha contado con la participación de la directora ejecutiva de CERMI Estatal, Pilar Villarino; la representante del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), Giulia Traversi; la integrante del quipo de la Direccción de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Social ONCE, Marta Jiménez Moral y la directora ejecutiva de Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero.
González Huesa subrayó la trascendencia del tema escogido por el CERMI, que incide en la necesidad de que las futuras políticas climáticas deben ser diseñadas desde una perspectiva inclusiva y abiertas a las situaciones de emergencia y riesgo, que afectan desproporcionadamente a las personas con discapacidad.
Por otro lado, Pilar Villarino, directora ejecutiva de CERMI Estatal, puso de relieve la necesidad de que todas las políticas públicas, también las climáticas, estén ligadas a la Convención y al Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En este sentido, dirigió el foco hacia aquellas cuestiones relacionadas con la accesibilidad, con las situaciones de riesgo y emergencia climática y con la salud.
“En cuestiones de emergencia la valoración que hacemos desde el CERMI es que las personas con discapacidad nos quedamos atrás o somos invisibles”, ha dicho Villarino, al tiempo que ha instado a que, en estas situaciones, se garanticen los “apoyos prioritarios y que atiendan a las necesidades individuales y grupales”.
La representante del Foro Europeo de la Discapacidad, Giulia Traversi, discutió sobre la acción climática y la discapacidad, presentando datos que evidencian la marginalización y el riesgo elevado que enfrentan las personas con discapacidad en contextos de cambio climático. Traversi enfatizó la falta de inclusión de estas comunidades en las decisiones políticas, tanto a escala nacional como global, y la necesidad de una transición justa que no solo sea ecológica sino también inclusiva.
Por parte de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero resaltó cómo el cambio climático impacta de manera desproporcionada en las mujeres, exacerbando las desigualdades y limitando su acceso a recursos y decisiones políticas. Señaló la necesidad de integrar un enfoque de género en todas las políticas de adaptación y mitigación climática para garantizar efectividad y sostenibilidad.
Marta Jiménez Moral, desde el Grupo Social ONCE, habló sobre la importancia de la sostenibilidad dentro de las políticas corporativas y cómo el compromiso con la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático debe ser parte integral de las estrategias de las empresas, especialmente aquellas que emplean a personas con discapacidad.
El evento se cerró con la necesidad de asegurar que las políticas climáticas futuras sean inclusivas y consideren las necesidades específicas de las personas con discapacidad y las mujeres, subrayando la importancia de las políticas públicas y corporativas en la construcción de un futuro más justo y sostenible.
Las propuestas del CERMI para políticas inclusivas:
El CERMI ha presentado una serie de propuestas críticas dirigidas a la futura Observación General sobre el artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en esfuerzo por garantizar que las políticas climáticas sean verdaderamente inclusivas.
El CERMI centra su atención en las situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, insistiendo en lo imperioso de una participación activa de las Organizaciones de Personas con Discapacidad (OPD) en los diálogos para asegurar que sus necesidades específicas se consideren al formular respuestas al cambio climático. Además, resalta la urgencia de recopilar datos precisos sobre la ubicación, las necesidades y los recursos de las personas con discapacidad que han sido desplazadas por la fuerza, para planificar intervenciones eficaces y dirigidas.
El CERMI también propone desarrollar instrucciones de emergencia accesibles que consideren asistencia para animales de compañía y acceso a equipos médicos esenciales, abogando por que todos los protocolos de emergencia se adapten a las diversas discapacidades. En cuanto a la movilidad ecológica, enfatiza la necesidad de que los sistemas de transporte público y otros medios de movilidad sean completamente accesibles, lo que permitiría a personas con movilidad física reducida y discapacidad visual participar plenamente en la sociedad de manera sostenible.
Además, el CERMI enfoca su atención en la accesibilidad de los sistemas de alerta y alarma diseñados para situaciones de riesgo, insistiendo en que deben incluirse requisitos de accesibilidad específicos para garantizar que todas las alertas sean perceptibles, independientemente de las capacidades físicas o sensoriales. Estas medidas propuestas reflejan un compromiso profundo con mejorar la resiliencia de las personas con discapacidad frente a los desafíos climáticos y asegurar su participación efectiva en la planificación y respuesta a emergencias. La implantación de estas propuestas representaría un paso significativo hacia una política climática más inclusiva y justa, que verdaderamente respeta y protege los derechos de las personas con discapacidad.
Pero porqué son importantes las 'Políticas climáticas inclusivas’ :
El informe "Derechos de las personas con discapacidad en las políticas climáticas: Informe de situación 2023", elaborado por el Programa de Investigación sobre Acción Climática Inclusiva en materia de Discapacidad (DICARP) de la Universidad McGill y la Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA), evalúa cómo los Estados están incorporando los derechos de las personas con discapacidad en sus políticas climáticas. A pesar de que casi todos los países firmantes del Acuerdo de París están comprometidos con respetar los derechos humanos en sus acciones climáticas, el informe destaca una significativa falta de inclusión de las personas con discapacidad en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y en las políticas nacionales de adaptación al cambio climático.
Solo el 20 % de los países menciona a las personas con discapacidad en sus NDC y el 33 % en sus políticas de adaptación. A menudo, estas menciones son superficiales y no van acompañadas de medidas concretas para proteger los derechos o mejorar la resiliencia de las personas con discapacidad frente al cambio climático. El informe sugiere que los países adopten enfoques más ambiciosos para reducir emisiones y diseñen políticas que garanticen la accesibilidad, la participación efectiva y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la acción climática.
El encuentro digital "Políticas climáticas inclusivas", organizado por CERMI,, aborda la necesidad crítica de incorporar la perspectiva de discapacidad en las políticas climáticas. El encuentro de CERMI destacó cómo las políticas deben desarrollarse desde un enfoque inclusivo, considerando las situaciones de emergencia y la salud, y resaltó la desproporción en el impacto del cambio climático sobre las personas con discapacidad. Por su parte, el informe subraya la insuficiente integración de las necesidades y derechos de las personas con discapacidad en las políticas climáticas nacionales y propone medidas para mejorar esta integración.
En ambos casos, se enfatiza la importancia de una participación significativa y efectiva de las personas con discapacidad en el desarrollo y la implantación de políticas climáticas. Además, se hace eco de la urgencia de considerar y respetar los derechos humanos en la lucha contra el cambio climático, alineando estas acciones con los compromisos internacionales y los principios de equidad e inclusión.
Datos del informe : "Derechos de las personas con discapacidad en las políticas climáticas: Informe de situación 2023"
España obtiene una puntuación de 2 sobre 13 en la clasificación que evalúa la inclusión de las personas con discapacidad en las políticas climáticas nacionales. Esta calificación coloca a España en una posición considerablemente baja en comparación con otros países, reflejando una falta significativa de medidas concretas para proteger y mejorar la resiliencia de las personas con discapacidad frente al cambio climático. A modo de comparación, países como Canadá, Costa Rica, Sierra Leona, Cabo Verde y Kiribati lideran esta clasificación con puntuaciones que oscilan entre 7 y 9, mostrando un compromiso más sólido con la integración de la discapacidad en sus políticas climáticas. La puntuación de España es indicativa de un área de mejora crítica en cuanto a la inclusión y la adaptación de sus políticas climáticas para considerar adecuadamente a las personas con discapacidad.
Hemos querido ir más allá de la frase ‘Políticas climáticas inclusivas’ para entender la gravedad de la situación a la que pueden enfrentar las personas con discapacidad pueden enfrentar múltiples riesgos en relación a las políticas climáticas, especialmente si estas no están diseñadas de manera inclusiva. Aquí detallamos algunos de los riesgos principales:
- Las alertas de emergencia y la información sobre desastres naturales pueden no estar disponibles en formatos accesibles, como lenguaje de signos, texto ampliado o audio, lectura fácil, pictogramas, etc., lo que dificulta que las personas con discapacidad visual, auditiva o cognitiva reciban y comprendan las advertencias a tiempo para actuar.
- En situaciones de evacuación debido a desastres climáticos como inundaciones, huracanes o incendios forestales, la falta de planes de evacuación inclusivos puede poner en riesgo a las personas con discapacidad. Esto incluye la falta de transporte accesible y refugios adecuados que puedan atender sus necesidades específicas.
- Las viviendas y otras infraestructuras que no están adaptadas para resistir condiciones climáticas extremas, o que no cuentan con accesibilidad adecuada, pueden poner en mayor riesgo a las personas con discapacidad durante eventos climáticos adversos.
- Las personas con discapacidad a menudo enfrentan barreras de aislamiento social, que pueden exacerbarse durante desastres climáticos cuando los sistemas de apoyo social y comunitario se ven interrumpidos. Este aislamiento puede impedir que reciban la ayuda necesaria en momentos críticos.
- Las personas con discapacidad pueden ser particularmente vulnerables a los impactos en la salud derivados de las olas de calor o el frío extremo, especialmente aquellas con condiciones preexistentes que pueden complicarse con temperaturas extremas o la calidad del aire deteriorada.
- Si las personas con discapacidad no están incluidas en los procesos de toma de decisiones relacionados con las políticas climáticas, es menos probable que sus necesidades específicas sean consideradas. Esto puede llevar a la implementación de políticas que no solo son ineficaces para protegerlas, sino que también pueden aumentar su vulnerabilidad.
- Las personas con discapacidad a menudo experimentan tasas más altas de desempleo y pobreza. Los impactos económicos de los desastres climáticos, como la pérdida de vivienda o empleo, pueden afectar de manera desproporcionada a este grupo, exacerbando aún más su situación de vulnerabilidad.
Para mitigar estos riesgos, es crucial que las políticas climáticas sean diseñadas e implementadas con un enfoque inclusivo que considere activamente las necesidades de las personas con discapacidad, asegurando su participación, protección y acceso equitativo a todos los recursos y servicios.
