Según explicó el CERMI en un comunicado, estos órganos, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pueden emitir decisiones en respuesta a quejas y reclamaciones, y, de hecho, afirmaron, ya les constan quejas de nacionales españoles. Sin embargo, según denuncia el CERMI, en la actualidad, no existe un procedimiento legal para hacer cumplir estas decisiones en España.
Esto significa que, aunque una persona tenga una decisión a su favor, el Estado español no está obligado a cumplirla. Esto puede dejar a las personas con discapacidad desprotegidas, ya que pueden seguir sufriendo una violación de sus derechos.
Por ello, el CERMI ha pedido al Parlamento que promueva una iniciativa legislativa que establezca los mecanismos necesarios para hacer cumplir las decisiones de los órganos de derechos humanos.
Para lograrlo, El CERMI y la Fundación Derecho y Discapacidad (FDyD) elaboraron meses atrás una propuesta de modificación normativa en este sentido, que enviaron a los Ministerios de Justicia, Exteriores y Derechos Sociales. Sin embargo, hasta el momento, estos Ministerios no han tomado ninguna medida al respecto, según recordó el CERMI.
Fuente: CERMI
