Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados el pasado mes de septiembre, reconocen la importante dimensión de desarrollo que suponen tanto la igualdad de género como el empoderamiento de las mujeres en el mundo. El reconocimiento y garantía del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y niñas en general, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, es una pieza clave para lograr el cumplimento de estos Objetivos.
Son muchos los países en los que siguen existiendo violencias estructurales que dificultan el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y niñas y que inciden directamente en su salud. Así, las esterilizaciones forzosas constituyen actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, tal y como ha sido reconocido por los organismos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, las mujeres en todo el mundo, y muy especialmente las mujeres con discapacidad, se han visto obligadas a someterse a procedimientos de esterilización permanentes e irreversibles.
Por otro lado, la negación del derecho a acceder a servicios seguros y legales de interrupción del embarazo, es considerado una violación del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En este sentido, hay que recordar que el derecho a contar con servicios integrales de salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción del embarazo, encuentra su fundamentación en los tratados internacionales de derechos humanos y ha sido expresamente reconocido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas este mismo año.
La violencia obstétrica es, asimismo, otra forma concreta de violencia que atenta contra los derechos de las mujeres. Estas violaciones a los derechos humanos pueden rastrearse en la práctica médica pública y privada durante la atención al embarazo, parto y post-parto. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 10 millones de mujeres en todo el mundo presentan secuelas o adquieren una discapacidad por alguna complicación presentada durante el embarazo, parto o postparto.
Esto exige que los servicios de salud de atención perinatal estén preparados para atender a una mujer con discapacidad embarazada. Además, en un país desarrollado como el nuestro, deben estar disponibles planes de parto y nacimiento que permitan a las mujeres embarazadas expresar sus preferencias, deseos y expectativas sobre el proceso de parto y nacimiento, sin que esto signifique sustituir el conocimiento especializado del personal sanitario. Este tipo de planes cobran especial relevancia en el caso de las mujeres con discapacidad embarazadas ante el general desconocimiento de muchos profesionales sobre cómo ofrecer una atención adecuada.
Otra violencia estructural que afecta gravemente a la salud de las mujeres, y muy especialmente a las mujeres con discapacidad, es la negación a acceder a métodos anticonceptivos, incluyendo a aquellos de emergencia.
Finalmente, la mutilación genital femenina que afecta a aproximadamente a 200 millones de mujeres y niñas en todo el mundo, es una violación de los derechos humanos que provoca graves daños en la salud, ya que estas prácticas son en sí mismas una intervención intolerable sobre los cuerpos de las mujeres y niñas y, además, los procedimientos que se utilizan para llevarlas a cabo dan lugar a serias hemorragias, problemas urinarios y, a largo plazo, quistes, infecciones y muerte. Muchas mujeres que han sufrido mutilación genital desarrollan discapacidades físicas y discapacidades ligadas a la salud mental, principalmente. Asimismo, se ha documentado mayor número de complicaciones en el parto y un aumento del riesgo de muerte neonatal.
