Al encuentro asistieron Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de Género, Toni Morillas directora del Instituto de las Mujeres, la directora general de Diversidad Sexual y LGTBI, Boti García y la directora general Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial del Ministerio de Igualdad, Rita Bosaho.
Cada una de las responsables realizaron un repaso de los principales avances operados en sus respectivas áreas de trabajo, destacando especialmente la aprobación ese mismo día en el Congreso de la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que reconoce, entre otras cuestiones, la capacidad para decidir de forma autónoma sobre si interrumpir su embarazo a las mujeres de 16 y 17 años, sin necesidad del consentimiento de sus representantes legales, así como la incorporación de la salud menstrual como derecho a la salud, el reconocimiento de un permiso remunerado antes del parto, desde la semana 36 y hasta el momento del nacimiento.
Asimismo, la reforma aprobada, y que seguirá su trámite parlamentario en la Cámara alta, incluye un nuevo Capítulo III sobre medidas de prevención y respuesta frente a formas de violencia contra las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, donde se reconoce que la esterilización forzosa, la anticoncepción forzosa y el aborto coercitivo como formas de violencia, por lo que los poderes públicos deberán velar por evitar las actuaciones que permitan estas prácticas contrarias a los derechos humanos, con especial atención a las mujeres con discapacidad.
Además, la ley establece que desde las administraciones públicas y en el ámbito de sus competencias, deberán promover programas de salud sexual y reproductiva dirigidos a mujeres con discapacidad, que incluyan medidas de prevención y detección de estas formas de violencia reproductiva, para lo cual se procurará la formación específica necesaria para la especialización profesional.
En el turno de palabra abierto en este encuentro, la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero, reconoció la conquista que este reconocimiento legal supone para las mujeres con discapacidad y recordó que es una cuestión que debe trasladarse a la futura Directiva de la Unión Europea sobre lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. En este sentido, la propuesta de Directiva incluye medidas en el ámbito de la criminalización, definiendo para ello sanciones por delitos relevantes; en la protección de las víctimas y su acceso a la justicia; en el apoyo a las víctimas; en la prevención; y en la coordinación y cooperación.
Para finalizar, recordó a la delegada del Gobierno contra la violencia de género la necesidad de impulsar en breve una Macroencuesta, que permita obtener datos acerca de la prevalencia de la violencia contra las mujeres con discapacidad en nuestro país e impulsar una política en materia de igualdad de género y de prevención y atención a la violencia machista permeada por la perspectiva de la discapacidad.
