En una acto de denuncia pública celebrado el pasado día 6 de febrero la Fundación CERMI Mujeres (FCM) exigió terminar con las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, que sufren especialmente las mujeres y niñas, porque se trata de una práctica que además de vulnerar sus derechos sexuales y reproductivos, cercena también sus derechos civiles y políticos.
Así se desprende del informe ‘Poner fin a las esterilizaciones forzosas de las mujeres y niñas con discapacidad’, elaborado por la FCM y el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés), que ha sido presentado este martes en la sede del Consejo General de la Abogacía Española.
El acto, celebrado en el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) fue conducido por la directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Pilar Villarino, y contó con la participación de Luis Nieto, consejero electivo del Consejo General de la Abogacía Española; Ana Peláez, vicepresidenta ejecutiva de la FCM, e Isabel Caballero, coordinadora de la entidad. Además, ha incluyó una condena pública de las esterilizaciones forzosas por parte de Nel González Zapico (Salud Mental); Enrique Galván (Plena inclusión) y Jesús García (Autismo España). Asimismo, el encargado de clausurar la jornada fue Borja Fanjul, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Como explicó Isabel Caballero: “Uno de los grandes problemas existentes es la falta de transparencia, algo que viola la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado que España ha ratificado y que por tanto está obligada a cumplir”. Los datos existentes, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reflejan que el número total de casos resueltos asciende a 70 en 2016, sin que sea posible conocer la resolución final de cada procedimiento y sin que se pueda saber la incidencia en mujeres y hombres, ya que los datos no se hallan desagregados por sexo. En suma, más de 1.000 procesos, lo que supone una media de unos cien casos al año de media”, agregó Isabel Caballero.
Esta ausencia de cifras pone en evidencia la falta de cumplimiento de las recomendaciones que en su día hizo el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2011 en materia de recopilación de datos y estadísticas.
Dicho Comité lamentó la escasez de datos desglosados sobre las personas con discapacidad y recordó que esa información es indispensable para comprender la situación de grupos concretos de personas con discapacidad que tengan diferentes grados de vulnerabilidad para elaborar leyes, políticas y programas adaptados a la situación de esas personas, y para evaluar la aplicación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
