Gracias por darme la palabra.
Hoy, al reflexionar sobre los 20 años de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, debemos ser claros: la Convención (en adelante, CDPD) ha transformado la comprensión global de la discapacidad. Ha afirmado que las personas con discapacidad son titulares de derechos, no objetos de caridad o asistencia. Ha proporcionado un sólido marco para la igualdad, la dignidad, la autonomía y la participación. Y ha impulsado cambios legislativos y políticos en toda Europa y en el resto del mundo.
Sin embargo, 20 años después, la promesa de la CDPD sigue estando lejos de cumplirse. Ha habido avances, pero su implementación es demasiado lenta, demasiado débil y demasiado desigual. En la Unión Europea, más de una cuarta parte de las personas adultas de 16 años o más —el 26,8 %, alrededor de 101 millones de personas— tienen alguna discapacidad. Y, aun así, seguimos enfrentándonos a barreras generalizadas en la educación, el empleo, la vivienda, el transporte, el acceso a la justicia, los derechos sexuales y reproductivos y la participación política. La reciente revisión de la Unión Europea por parte del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad lo ha dejado muy claro.
Observamos escasos avances en ámbitos fundamentales. La protección contra la discriminación sigue siendo incompleta. La accesibilidad aún no es una realidad en muchos servicios cotidianos. Los fondos de la Unión Europea continúan utilizándose de formas que pueden perpetuar la institucionalización en lugar de apoyar la vida independiente en la comunidad. Y los derechos políticos siguen siendo negados a muchas personas: alrededor de 400.000 personas en 12 Estados miembros de la UE continúan excluidas del derecho al voto en las elecciones europeas porque sus legislaciones aún no se han adaptado a la Convención.
Debemos hablar también con claridad sobre las mujeres y las niñas con discapacidad. Ellas enfrentan formas múltiples e interseccionales de discriminación. En la Unión Europea, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de declarar una discapacidad o limitaciones de larga duración: un 29,5 % frente a un 24,4 %. Pero las mujeres con discapacidad también están más expuestas a la violencia, encuentran mayores barreras para acceder al empleo y a la educación, y continúan sufriendo vulneraciones de su autonomía corporal y de sus derechos reproductivos. Sus derechos siguen siendo con demasiada frecuencia ignorados tanto en las políticas de igualdad de género como en las políticas de discapacidad, tanto a nivel europeo como nacional. Ni siquiera hemos logrado aún una prohibición efectiva de la esterilización forzada.
Si nos tomamos en serio los próximos 20 años, necesitamos algo más que celebraciones. Necesitamos acción. Necesitamos leyes sólidas plenamente alineadas con la CDPD. Necesitamos presupuestos adecuados que apoyen la accesibilidad, la vida independiente y la inclusión, y no la segregación. Y necesitamos la participación real y significativa de las personas con discapacidad, a través de sus organizaciones representativas, en todas las decisiones que afectan a nuestras vidas.
En este contexto, la reciente resolución adoptada por la Asamblea General del Foro Europeo de la Discapacidad, que condena las medidas restrictivas de visado impuestas por los Estados Unidos y solicita el traslado de la Conferencia de los Estados Parte, constituye un recordatorio claro de que la participación debe garantizarse en la práctica y no solo en principio. Cuando se impide a las personas con discapacidad y a sus organizaciones representativas asistir debido a barreras discriminatorias, se pone en riesgo la legitimidad y la inclusión del propio marco mundial de derechos de las personas con discapacidad.
La CDPD sigue siendo nuestra hoja de ruta. Pero los derechos sobre el papel no son suficientes. Veinte años después, Europa y las Naciones Unidas deben hacer realidad esos derechos en la práctica.
Muchas gracias.
(Palabras de Ana Peláez Narváez en Nueva York, Estados Unidos de América, en representación del Foro Europeo de la Discapacidad, durante el Foro de la Sociedad Civil de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, centrado este año en la evaluación de su aplicación 20 años después de su adopción por Naciones Unidas).
