La infancia con discapacidad desde un enfoque de género: un análisis pendiente

El Comit&eacute; de seguimiento de la Convenci&oacute;n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la revisi&oacute;n realizada en el a&ntilde;o 2011 al estado espa&ntilde;ol, recomend&oacute; redoblar sus esfuerzos por promover y proteger los derechos de los ni&ntilde;os y las ni&ntilde;as con discapacidad y emprender investigaciones sobre la violencia contra la infancia con discapacidad, adoptando medidas para erradicar esa violaci&oacute;n de sus derechos. &quot;El Comit&eacute; de seguimiento de la Convenci&oacute;n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recomend&oacute; al estado espa&ntilde;ol redoblar sus esfuerzos por promover y proteger los derechos de los ni&ntilde;os y las ni&ntilde;as con discapacidad y emprender investigaciones sobre la violencia contra la infancia con discapacidad, adoptando medidas para erradicar esa violaci&oacute;n de sus derechos&quot; La violencia contra los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as es uno de los problemas sociales m&aacute;s invisibles. El &ldquo;Informe sobre el Maltrato Infantil en la familia en Espa&ntilde;a&rdquo;, elaborado por el Centro Reina Sof&iacute;a en el 2011, ya reflejaba el mayor riesgo al que se hallan expuestos los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as con discapacidad. De hecho, sufren mayores tasas de maltrato (23,08%) frente a los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as sin discapacidad (3,87%). Otra recomendaci&oacute;n se centr&oacute; en la necesidad de adoptar pol&iacute;ticas y programas que aseguren el derecho de los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as con discapacidad a expresar sus propias opiniones. Sobre este particular el art&iacute;culo 7.1 de la Convenci&oacute;n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce expl&iacute;citamente que &ldquo;Los Estados Partes tomar&aacute;n todas las medidas necesarias para asegurar que todos los ni&ntilde;os y las ni&ntilde;as con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los dem&aacute;s ni&ntilde;os y ni&ntilde;as&rdquo;, siendo, pues, uno de sus derechos b&aacute;sicos el que se les garantice la posibilidad real de participar efectivamente en la toma de decisiones que les afecten.&rdquo; Para conseguirlo los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as con discapacidad tienen derecho &ldquo;a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho&rdquo;. Asimismo se se&ntilde;al&oacute; la importancia de desarrollar pol&iacute;ticas p&uacute;blicas coordinadas dotadas de recursos suficientes para garantizar un acceso integrador a servicios de asistencia que incluyan servicios terap&eacute;uticos, de rehabilitaci&oacute;n y de habilitaci&oacute;n prestados con conocimiento de causa, as&iacute; como a unos cuidados que abarquen las necesidades en las esferas de la salud y de la educaci&oacute;n y la necesidades psicosociales de los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as con discapacidad, en particular durante la primera infancia. Asimismo, el Comit&eacute; de seguimiento de la Convenci&oacute;n sobre los Derechos del Ni&ntilde;o alienta al Estado espa&ntilde;ol a que prosiga e intensifique sus esfuerzos de promoci&oacute;n y protecci&oacute;n de los derechos de los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as con discapacidad, teniendo en cuenta la Observaci&oacute;n general N&ordm; 9 del Comit&eacute; del a&ntilde;o 2006, espec&iacute;fica sobre los derechos de los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as con discapacidad. Tambi&eacute;n se recomienda realizar un estudio sobre la violencia ejercida contra los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as con discapacidad. Otra de las recomendaciones realizada es continuar vigilando la situaci&oacute;n de los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as de origen roman&iacute;, los de trabajadores migrantes, los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as extranjeros no acompa&ntilde;ados y los que presentan discapacidad, quienes, pese al marco jur&iacute;dico vigente, siguen sufriendo discriminaci&oacute;n, asimismo debe elaborarse, en funci&oacute;n de los resultados de dicha vigilancia, una estrategia amplia que incluya medidas espec&iacute;ficas y objetivos concretos destinados a eliminar todas las formas de discriminaci&oacute;n. Como propuesta de mejora se se&ntilde;al&oacute; adecuar la legislaci&oacute;n sobre protecci&oacute;n de los derechos de los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as en la Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protecci&oacute;n Jur&iacute;dica del Menor, para que de forma transversal se incorporen aquellas disposiciones necesarias para proteger a los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as con discapacidad, de acuerdo a los principios y derechos de la Convenci&oacute;n. As&iacute; la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificaci&oacute;n del sistema de protecci&oacute;n a la infancia y a la adolescencia, principal marco regulador de los derechos de los y las menores de edad, hace alusi&oacute;n en su Pre&aacute;mbulo a la Convenci&oacute;n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Las modificaciones de la Ley Org&aacute;nica de Protecci&oacute;n Jur&iacute;dica del Menor se refieren, b&aacute;sicamente, a la adaptaci&oacute;n de los principios de actuaci&oacute;n administrativa a las nuevas necesidades que presenta la infancia y la adolescencia en Espa&ntilde;a, tales como la situaci&oacute;n de los menores extranjeros, los que son v&iacute;ctimas de violencia y la regulaci&oacute;n de determinados derechos y deberes. Por otra parte, se realiza una profunda revisi&oacute;n de las instituciones del sistema de protecci&oacute;n a la infancia y a la adolescencia. Concretamente los art&iacute;culos 5 y 7 sufren modificaciones derivadas de la ratificaci&oacute;n por Espa&ntilde;a de la Convenci&oacute;n de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la necesidad de adaptar la regulaci&oacute;n. El II Plan Estrat&eacute;gico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013 - 2016 recoge en su objetivo n&ordm; 4, sobre Protecci&oacute;n e Inclusi&oacute;n social, el deber de potenciar la atenci&oacute;n e intervenci&oacute;n social a la infancia y adolescencia en situaci&oacute;n de riesgo, desprotecci&oacute;n, discapacidad y/o en situaci&oacute;n de exclusi&oacute;n social, estableciendo criterios compartidos de calidad y pr&aacute;cticas susceptibles de evaluaci&oacute;n. Por su parte la Estrategia Espa&ntilde;ola de Discapacidad 2012&ndash;2020 recoge que la informaci&oacute;n estad&iacute;stica relativa a las ni&ntilde;as y ni&ntilde;os y adolescentes de 0 a 18 a&ntilde;os se ha de desagregar por sexo, edad, situaci&oacute;n de discapacidad y h&aacute;bitat. Adem&aacute;s, se debe impulsar la detecci&oacute;n precoz de las necesidades educativas especiales, o reducir la tasa de abandono escolar prematuro en esta poblaci&oacute;n a un nivel inferior al 15%, entre otras. &quot;El marco legal y los planes y estrategias vigentes tienen en cuenta a la infancia con discapacidad, pero como suele ocurrir en estos casos, no existe un enfoque que tome en consideraci&oacute;n la situaci&oacute;n de desigualdad por raz&oacute;n de g&eacute;nero, ni se ha realizado un diagn&oacute;stico de situaci&oacute;n desde este enfoque&quot; Como puede observarse el marco legal y los planes y estrategias vigentes tienen en cuenta a la infancia con discapacidad, pero como suele ocurrir en estos casos, no existe un enfoque que tome en consideraci&oacute;n la situaci&oacute;n de desigualdad por raz&oacute;n de g&eacute;nero, ni se ha realizado un diagn&oacute;stico de situaci&oacute;n desde este enfoque. El estudio realizado por Unicef sobre la situaci&oacute;n de los ni&ntilde;os y las ni&ntilde;as con discapacidad en Espa&ntilde;a en el a&ntilde;o 2013 se&ntilde;ala en primer lugar la falta de estudios concretos sobre la realidad de este sector de la poblaci&oacute;n. En este sentido, este estudio alude al Informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2013, dedicado precisamente a &ldquo;Ni&ntilde;as y ni&ntilde;os con discapacidad&rdquo;, donde se se&ntilde;ala que &ldquo;la exclusi&oacute;n suele ser consecuencia de la invisibilidad&rdquo; y &ldquo;una sociedad no puede ser equitativa a no ser que todos los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as est&eacute;n incluidos, y los que presentan alguna discapacidad no pueden estarlo a no ser que sean visibles por medio de una recopilaci&oacute;n de datos y un an&aacute;lisis s&oacute;lidos&rdquo;. Este es uno de los principales problemas detectados en nuestro pa&iacute;s. Aunque tanto la Estrategia Espa&ntilde;ola de Discapacidad, como el II Plan Estrat&eacute;gico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, recogen este mandato, sin embargo, los d&eacute;ficits en este &aacute;mbito son m&aacute;s que evidentes, especialmente si se pretende analizar los datos teniendo en cuenta diferentes variables como por ejemplo el sexo, edad, discapacidad, etc. &quot;Aunque tanto la Estrategia Espa&ntilde;ola de Discapacidad, como el II Plan Estrat&eacute;gico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, recogen el mandato de realizar estudios espec&iacute;ficos sobre este sector de la poblaci&oacute;n, sin embargo, los d&eacute;ficits en este &aacute;mbito son m&aacute;s que evidentes, especialmente si se pretende analizar los datos teniendo en cuenta diferentes variables como por ejemplo el sexo, edad, discapacidad, etc.&quot; Tan solo la Encuesta de Discapacidad, Autonom&iacute;a Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD-2008) antes citada, aparece como la &uacute;nica fuente general a nivel nacional que incluye a los ni&ntilde;os y a las ni&ntilde;as con discapacidad, aunque tambi&eacute;n esta encuesta tiene el problema de no ofrecer adecuadamente datos desglosados por sexo, edad y discapacidad. A esto hay que unir el problema de que se trata de Encuestas que se realizan mediando periodos de tiempo muy amplios, de hecho la anterior a la del 2008 data de 1999. Sin duda tener a disposici&oacute;n un diagn&oacute;stico de situaci&oacute;n es un paso clave a la hora de dise&ntilde;ar pol&iacute;ticas p&uacute;blicas apropiadas en este &aacute;mbito, ya sean espec&iacute;ficas, ya sean transversales, ya que una consideraci&oacute;n fundamental a la que se ha de atender, de forma transversal, en todas las medidas y pol&iacute;ticas que se adopten, es la necesidad de considerar adecuadamente la especial vulnerabilidad de los diferentes grupos de ni&ntilde;os y ni&ntilde;as con discapacidad. Otra grave cuesti&oacute;n pendiente es la falta de consolidaci&oacute;n de la educaci&oacute;n inclusiva de calidad en nuestro pa&iacute;s, al existir, tal y como se&ntilde;ala el informe de Unicef &ldquo;una mala comprensi&oacute;n de lo que significa el derecho a la educaci&oacute;n inclusiva por parte de las autoridades pol&iacute;ticas espa&ntilde;olas y que se ha trasladado a la vigente normativa nacional y a la interpretaci&oacute;n que de ella se hace.&rdquo; Un problema fundamental es que el sistema educativo, a&uacute;n contempla la posibilidad de que los ni&ntilde;os y las ni&ntilde;as con discapacidad puedan ser segregados para recibir su educaci&oacute;n en centros de educaci&oacute;n especial, modelo que no se adec&uacute;a al actual sistema internacional y nacional de los derechos humanos. &quot;Otra grave cuesti&oacute;n pendiente es la falta de consolidaci&oacute;n de la educaci&oacute;n inclusiva de calidad. Si analizamos, adem&aacute;s, c&oacute;mo funciona el sistema educativo espa&ntilde;ol en todo lo relacionado con la diversidad en su sentido m&aacute;s amplio, que incluir&iacute;a una pol&iacute;tica educativa con enfoque de g&eacute;nero, nos damos cuenta del enorme camino que a&uacute;n queda por recorrer&quot; Si analizamos adem&aacute;s c&oacute;mo funciona el sistema educativo espa&ntilde;ol en todo lo relacionado con la diversidad en su sentido m&aacute;s amplio, que incluir&iacute;a una pol&iacute;tica educativa con enfoque de g&eacute;nero, nos damos cuenta del enorme camino que a&uacute;n queda por recorrer. Realizar este acercamiento a la realidad de la infancia con discapacidad en Espa&ntilde;a desde un enfoque de g&eacute;nero es adem&aacute;s un imperativo. El &ldquo;2&ordm; Manifiesto de los derechos de las mujeres y ni&ntilde;as con discapacidad de la Uni&oacute;n Europea. Una herramienta para activistas y responsables pol&iacute;ticos&rdquo;, afirma categ&oacute;ricamente que &ldquo;las mujeres y ni&ntilde;as con discapacidad siguen quedando al margen de todos los movimientos de derechos humanos&rdquo;. As&iacute;, hay determinadas &aacute;reas que deben ser analizadas con un especial detenimiento, como por ejemplo, el tema de la violencia. El CERMI ha denunciado que la discriminaci&oacute;n que sufren las mujeres y ni&ntilde;as con discapacidad en la sociedad patriarcal se traduce en una cultura de impunidad de la violencia. El Informe de Unicef se&ntilde;ala adem&aacute;s que las ni&ntilde;as con discapacidad se enfrentan a particulares formas de violencia, como es la esterilizaci&oacute;n forzosa, que entra en colisi&oacute;n frontal con lo establecido en el art&iacute;culo 23.1 de la Convenci&oacute;n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en cuanto que &eacute;ste proh&iacute;be la discriminaci&oacute;n por raz&oacute;n de discapacidad, de manera que los ni&ntilde;os y las ni&ntilde;as con discapacidad &ldquo;mantengan su fertilidad en igualdad de condiciones con los dem&aacute;s&rdquo;. &quot;El Informe de Unicef sobre la situaci&oacute;n de los ni&ntilde;os y las ni&ntilde;as con discapacidad en Espa&ntilde;a se&ntilde;ala adem&aacute;s que las ni&ntilde;as con discapacidad se enfrentan a particulares formas de violencia, como es la esterilizaci&oacute;n forzosa, que entra en colisi&oacute;n frontal con lo establecido en el art&iacute;culo 23.1 de la Convenci&oacute;n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad&quot; Por su parte, el &ldquo;2&ordm; Manifiesto de los derechos de las mujeres y ni&ntilde;as con discapacidad de la Uni&oacute;n Europea. Una herramienta para activistas y responsables pol&iacute;ticos&rdquo;, exige que &ldquo;nunca se practique la esterilizaci&oacute;n forzosa o el aborto coercitivo. Si una mujer con discapacidad es incapaz de dar su consentimiento, el consentimiento de la familia o de la persona que represente a la ni&ntilde;a o mujer con discapacidad (si se requiere por ser menor de edad o por una incapacitaci&oacute;n judicial previa), debe basarse siempre en el respeto de los derechos humanos y la voluntad de la mujer o ni&ntilde;a con discapacidad. Es responsabilidad tambi&eacute;n del personal m&eacute;dico garantizar que la mujer o ni&ntilde;a con discapacidad sepa que la intervenci&oacute;n m&eacute;dica llevar&aacute; a la esterilizaci&oacute;n y conozca las consecuencias de este hecho para su futuro&rdquo;. Otro problema al que nos enfrentamos es la inexistencia en nuestro pa&iacute;s de un derecho a la atenci&oacute;n temprana, entendida, siguiendo la definici&oacute;n del Libro blanco de la atenci&oacute;n temprana de la Federaci&oacute;n Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atenci&oacute;n Temprana (GAT), como &ldquo;el conjunto de intervenciones, dirigidas a la poblaci&oacute;n infantil de 0-6 a&ntilde;os, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo m&aacute;s pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los ni&ntilde;os con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del ni&ntilde;o, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientaci&oacute;n interdisciplinar o transdisciplinar.&rdquo; Este d&eacute;ficit en nuestro sistema fue remarcado por el Comit&eacute; sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al expresar su inquietud &ldquo;por la falta de pronta identificaci&oacute;n de los ni&ntilde;os con discapacidad y por la falta de intervenci&oacute;n de las familias y de apoyo prestado con conocimiento de causa a los ni&ntilde;os con discapacidad, lo que pone en peligro su pleno desarrollo&hellip;&rdquo; Finalmente y siguiendo el informe de Unicef, la falta de apoyo a las familias es otra cuesti&oacute;n pendiente en el mapa de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas. Se estima que en Espa&ntilde;a hay 150.000 familias con un ni&ntilde;o o una ni&ntilde;a con discapacidad entre sus miembros. El Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017 incluye dentro de los colectivos familiares de atenci&oacute;n prioritaria a las familias con personas con discapacidad. En este sentido, las organizaciones sociales de la discapacidad han exigido siempre la puesta en marcha de medidas de apoyo a estas familias, ya que frecuentemente sus miembros tienen dificultades a&ntilde;adidas en los &aacute;mbitos educativos, laborales y sociales, y presentan mayores tasas de pobreza y exclusi&oacute;n social. Este Plan reconoce un tratamiento fiscal favorable a las familias con ni&ntilde;os y/o ni&ntilde;as con discapacidad, incluye tambi&eacute;n medidas espec&iacute;ficas en materia de vivienda, mejora la prevenci&oacute;n y detecci&oacute;n desde los servicios sociales, sanitarios y educativos de las familias con un miembro con discapacidad o medidas para prevenir la violencia en las familias entre otras cuestiones, todas ellas positivamente valoradas. Teniendo en cuenta que las principales cuidadoras de ni&ntilde;os y ni&ntilde;as siguen siendo las mujeres, estas medidas de apoyo a las familias, redundar&aacute;n favorablemente en ellas.

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