La violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad

&bull; Los datos sobre violencia contra las mujeres y ni&ntilde;as con discapacidad siguen siendo una inc&oacute;gnita, ya que en la inmensa mayor&iacute;a de los pa&iacute;ses los registros o bien son inexistentes o no incluyen indicadores que permitan conocer la realidad de este sector de la poblaci&oacute;n. En nuestro pa&iacute;s seg&uacute;n la Encuesta de Discapacidad, Autonom&iacute;a personal y situaciones de Dependencia (EDAD) de 2008 del INE, 3,85 millones de personas mayores de seis a&ntilde;os tienen discapacidad en Espa&ntilde;a. El 60% de las personas con discapacidad son mujeres. Es decir en Espa&ntilde;a viven 2,31 millones de mujeres con discapacidad. Los informes presentados por los Estados miembros para la elaboraci&oacute;n del Estudio tem&aacute;tico sobre la violencia contra las mujeres y ni&ntilde;as con discapacidad muestran que, si bien algunos han desarrollado investigaciones sobre la violencia contra las mujeres y las ni&ntilde;as con discapacidad, o disponen de datos desglosados sobre los casos de violencia registrados, sin embargo en la gran mayor&iacute;a esta informaci&oacute;n no est&aacute; disponible. Incluso en aquellos casos en los que s&iacute; que hay registros, &eacute;stos son incompletos y a menudo no hacen distinci&oacute;n entre el tipo de discapacidad, gravedad y el tipo de incidente. Precisamente &eacute;ste es el caso de Espa&ntilde;a donde la informaci&oacute;n relativa a la violencia contra las mujeres con discapacidad es escasa y carente de sistematicidad. Hay una serie de factores que exponen a las mujeres con discapacidad a un mayor riesgo de violencia. Un factor es el perjuicio asociado a la discapacidad. En nuestra sociedad las personas con discapacidad son todav&iacute;a consideradas como objetos de cuidado, no titulares de derechos. Esto favorece la percepci&oacute;n de que las mujeres con discapacidad son incapaces de adoptar decisiones de forma aut&oacute;noma. Otro factor importante a tener en cuenta es el aislamiento y la exclusi&oacute;n social en centros residenciales. Las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial, y en particular las que viven en entornos institucionalizados, son las m&aacute;s vulnerables a la violencia. S&oacute;lo en Europa, 1,2 millones de ni&ntilde;os y ni&ntilde;as y personas adultas viven en instituciones de estas caracter&iacute;sticas. &quot;Las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial, y en particular las que viven en entornos institucionalizados, son las m&aacute;s vulnerables a la violencia. S&oacute;lo en Europa, 1,2 millones de ni&ntilde;os y ni&ntilde;as y personas adultas viven en instituciones de estas caracter&iacute;sticas&quot; El mayor riesgo de sufrir violencia est&aacute; directamente relacionado con factores que aumentan la dependencia y desempoderamiento de las mujeres con discapacidad, proceso que acaba con la privaci&oacute;n de sus derechos fundamentales. Muchos de estos factores tambi&eacute;n conducen a la impunidad y la invisibilidad del problema. A esto hay que unir la existencia de leyes que permiten la privaci&oacute;n de la capacidad legal de las mujeres y hombres con discapacidad, lo que resulta en la designaci&oacute;n de una persona tutora para adoptar y expresar legalmente decisiones vinculantes; adem&aacute;s la falta de acceso a la informaci&oacute;n y a los servicios de asesoramiento, as&iacute; como el miedo a denunciar el abuso y acabar perdiendo el cuidado necesario, se une el temor a ser institucionalizada si se informa de que en el contexto familiar se producen situaciones de violencia. La incapacidad de las y los profesionales, de las y los familiares y las amistades para reconocer las circunstancias resultantes de la violencia de g&eacute;nero es otro factor que contribuye a invisibilizar la violencia que sufren. En la Recomendaci&oacute;n n&ordm; 18 de 1991 , el Comit&eacute; para la Eliminaci&oacute;n de Todas las Formas de Discriminaci&oacute;n contra la Mujer hace especial hincapi&eacute; en que las mujeres con discapacidad pueden estar sujetas a una doble discriminaci&oacute;n por raz&oacute;n de g&eacute;nero y discapacidad. En comparaci&oacute;n con los hombres con discapacidad, las mujeres con discapacidad tienen m&aacute;s probabilidades de experimentar la pobreza y aislamiento, perciben salarios m&aacute;s bajos y tienen una menor representaci&oacute;n en el mercado de trabajo. Como resultado de todo esto, tienen tambi&eacute;n m&aacute;s probabilidades de ser v&iacute;ctimas de la violencia y/o ser menos capaces de escapar del ciclo de la violencia. Incluso en los pa&iacute;ses con un alto nivel de desarrollo como el nuestro, las mujeres con discapacidad tienen una probabilidad m&aacute;s alta de tener un est&aacute;ndar de vida m&aacute;s bajo que los hombres con discapacidad. La falta de educaci&oacute;n sexual de mujeres y ni&ntilde;as con discapacidad -err&oacute;neamente percibidas como seres no sexuales- favorece a su vez, que se produzca violencia sexual contra ellas. La intersecci&oacute;n de la discriminaci&oacute;n basada en la discapacidad y en el g&eacute;nero contribuye a tener una visi&oacute;n estereotipada de las mujeres y ni&ntilde;as con discapacidad que conduce en muchos casos a la falta de credibilidad cuando se informa de abuso, minimizando las posibilidades que el perpetrador pueda ser descubierto. Tambi&eacute;n hay que tener en cuenta que las mujeres tienen mayores tasas de morbilidad en comparaci&oacute;n con los hombres de la misma edad. Ya que tienden a vivir m&aacute;s tiempo, son estad&iacute;sticamente m&aacute;s propensas a adquirir una discapacidad relacionada con la edad. Las mujeres mayores con discapacidad pueden ser, adem&aacute;s, particularmente dependientes de su abusador. Todos estos factores aumentan su vulnerabilidad a la violencia. En este sentido, la Recomendaci&oacute;n General n&ordm; 27 del Comit&eacute; para la Eliminaci&oacute;n de Todas las Formas de Discriminaci&oacute;n contra la Mujer reconoce que las mujeres mayores est&aacute;n en una situaci&oacute;n de mayor vulnerabilidad a la violencia. Esto unido a la discapacidad eleva exponencialmente el riesgo. &quot;Las mujeres y las ni&ntilde;as con discapacidad experimentan la violencia de muchas maneras: en sus hogares o en instituciones, a manos de miembros de su familia inmediata, personas cuidadoras o personas extra&ntilde;as a su entorno, en la comunidad, en la escuela y en otras instituciones p&uacute;blicas y privadas&quot; Las mujeres y las ni&ntilde;as con discapacidad experimentan la violencia de muchas maneras: en sus hogares o en instituciones, a manos de miembros de su familia inmediata, personas cuidadoras o personas extra&ntilde;as a su entorno, en la comunidad, en la escuela y en otras instituciones p&uacute;blicas y privadas. De acuerdo con un Informe sobre la situaci&oacute;n de las mujeres de los grupos minoritarios en la Uni&oacute;n Europea, elaborado por el Parlamento Europeo en 2004 casi el 80 por ciento de las mujeres con discapacidad son v&iacute;ctimas de violencia, y son cuatro veces m&aacute;s propensas que otras mujeres a sufrir violencia sexual. Seg&uacute;n este mismo informe, el 80 por ciento de las mujeres que viven en instituciones est&aacute;n expuestas a la violencia ejercida por personas de su entorno (personal cuidador, sanitario, etc.) Asimismo este estudio muestra que las mujeres y las ni&ntilde;as con discapacidad intelectual est&aacute;n en un riesgo particularmente alto de sufrir violencia, incluida la violencia sexual. Debido a algunos de los factores mencionados anteriormente, ciertos actos de violencia contra las mujeres y ni&ntilde;as con discapacidad tambi&eacute;n incluyen otras formas de violencia y negligencia f&iacute;sica y psicol&oacute;gica, incluyendo administraci&oacute;n inadecuada de medicaci&oacute;n. Las mujeres y las ni&ntilde;as con discapacidad pueden, en algunos casos, ser objeto de explotaci&oacute;n debido a su discapacidad. Hay evidencia de que algunas formas de discapacidad est&aacute;n directamente vinculadas a los diferentes patrones de tr&aacute;fico (como la mendicidad forzosa y pr&aacute;cticas de explotaci&oacute;n laboral). Existe, sin embargo, muy poca informaci&oacute;n acerca de la situaci&oacute;n de las mujeres que desarrollan una discapacidad como consecuencia de la violencia perpetrada contra ellas. No obstante, la violencia, en particular la violencia sexual, puede haberse prolongado en el tiempo y dar pie trastornos mentales m&aacute;s o menos permanentes. &quot;Las mujeres y las ni&ntilde;as con discapacidad pueden, en algunos casos, ser objeto de explotaci&oacute;n debido a su discapacidad. Hay evidencia de que algunas formas de discapacidad est&aacute;n directamente vinculadas a los diferentes patrones de tr&aacute;fico (como la mendicidad forzosa y pr&aacute;cticas de explotaci&oacute;n laboral)&quot; Precisamente como consecuencia de la invisibilidad, las nociones err&oacute;neas y la falta de reconocimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales en las mujeres y ni&ntilde;as con discapacidad por la sociedad en general, el igual reconocimiento como persona ante la ley y el acceso a la justicia de esta poblaci&oacute;n son todav&iacute;a derechos ampliamente vulnerados. Las mujeres con discapacidad apenas se sienten titulares de derechos, antes bien, merecedoras de un trato discriminatorio justificado, basado en un sentimiento de culpa o carga hacia los dem&aacute;s, que se agrava con el escaso cr&eacute;dito que se le otorga a una mujer con discapacidad cuando trata de denunciar. Por ello es necesario trabajar con las mujeres y ni&ntilde;as con discapacidad sobre sus derechos fundamentales y procesos para hacerlos efectivos, mediante la colaboraci&oacute;n con los servicios sociales y con las organizaciones de sus grupos de referencia (especialmente, de mujeres con discapacidad). Como reconoce la CDPD en su art&iacute;culo 12, todas las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jur&iacute;dica en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones con las dem&aacute;s. Las mujeres con discapacidad han de poder ejercer su capacidad jur&iacute;dica tomando sus propias decisiones. Es necesario por todo ello adoptar medidas efectivas para proporcionar acceso a las mujeres con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jur&iacute;dica. Dicho apoyo, materializado a trav&eacute;s de un servicio de mediaci&oacute;n, habr&aacute; de ser proporcional a sus necesidades y capacidad personales para la toma de decisiones en materia de derechos civiles y pol&iacute;ticos, pero tambi&eacute;n contemplar&aacute;n actividades dirigidas a crear confianza para ayudar a las mujeres con discapacidad a evaluar las implicaciones y consecuencias de algunas de sus acciones o inacciones. MANDATOS LEGALES NACIONALES E INTERNACIONALES En el a&ntilde;o 1979 la Asamblea General de Naciones Unidas aprob&oacute; la Convenci&oacute;n para la Eliminaci&oacute;n de todas las Formas de Discriminaci&oacute;n Contra la Mujer. Esta Convenci&oacute;n fue ampliada a&ntilde;os m&aacute;s tarde, en 1999 por su Protocolo Facultativo adoptado por la Asamblea General en su resoluci&oacute;n A/54/4. Sin embargo, hay que tener presente que la CEDAW no hace referencia expresa al fen&oacute;meno de la violencia de g&eacute;nero y es el Comit&eacute; sobre la Eliminaci&oacute;n de la Discriminaci&oacute;n contra la Mujer el que elabora en 1989 la Recomendaci&oacute;n n&ordm; 12 para que los Estados Partes incluyan en sus informes peri&oacute;dicos al Comit&eacute; informaci&oacute;n relativa a la legislaci&oacute;n vigente en este &aacute;mbito, as&iacute; como sobre otras medidas adoptadas para erradicar esa violencia, servicios de apoyo a las mujeres que sufren agresiones o malos tratos y datos estad&iacute;sticos sobre la frecuencia de cualquier tipo de violencia contra la mujer y sobre las mujeres v&iacute;ctimas de la violencia. Recientemente, en la 57 sesi&oacute;n de la Comisi&oacute;n de la Condici&oacute;n Jur&iacute;dica y Social de la Mujer (CSW57) celebrada en 2013 y en la que el CERMI pudo participar haciendo uso de su estatus consultivo ante ECOSOC, se adopt&oacute; un acuerdo dirigido a eliminar la violencia contra mujeres y ni&ntilde;as, instando a prestar una mayor atenci&oacute;n y tomar medidas m&aacute;s &aacute;giles a favor de la prevenci&oacute;n y la respuesta. En relaci&oacute;n a las mujeres y ni&ntilde;as con discapacidad, este acuerdo hace referencia a la necesidad de que los Estados tomen todas las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas y otras para proteger y promocionar los derechos de las mujeres y ni&ntilde;as con discapacidad por su especial situaci&oacute;n de vulnerabilidad ante cualquier forma de explotaci&oacute;n, violencia y abuso, incluyendo la que se produce en el lugar de trabajo, instituciones educativas, el hogar y otros. &quot;Recientemente, en la 57 sesi&oacute;n de la Comisi&oacute;n de la Condici&oacute;n Jur&iacute;dica y Social de la Mujer (CSW57) celebrada en 2013 y en la que el CERMI pudo participar haciendo uso de su estatus consultivo ante ECOSOC, se adopt&oacute; un acuerdo dirigido a eliminar la violencia contra mujeres y ni&ntilde;as, instando a prestar una mayor atenci&oacute;n y tomar medidas m&aacute;s &aacute;giles a favor de la prevenci&oacute;n y la respuesta&quot; La Declaraci&oacute;n sobre la eliminaci&oacute;n de la violencia contra la mujer, aprobada en 1993 por Naciones Unidas, define la violencia contra las mujeres como &ldquo;todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga, o pueda tener como resultado, un da&ntilde;o o sufrimiento f&iacute;sico, sexual o psicol&oacute;gico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacci&oacute;n o la privaci&oacute;n arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida p&uacute;blica o privada&rdquo;. Esta Declaraci&oacute;n incluye otras categor&iacute;as, como son la violencia f&iacute;sica, sexual y psicol&oacute;gica que se produzcan en la familia y en la comunidad, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las ni&ntilde;as, la violencia relacionada con la dote, la violaci&oacute;n por el marido, la mutilaci&oacute;n genital femenina y otras pr&aacute;cticas tradicionales nocivas para la mujer, as&iacute; como la violencia perpetrada por otros miembros de la familia. Existen otros instrumentos jur&iacute;dicos internacionales que hacen alusi&oacute;n a la violencia, como por ejemplo la Convenci&oacute;n sobre los Derechos del Ni&ntilde;o de 1989 que proscribe todas las formas de abuso f&iacute;sico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotaci&oacute;n, incluido el abuso sexual contra las ni&ntilde;as y ni&ntilde;os. Asimismo, la Convenci&oacute;n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en vigor en Espa&ntilde;a desde 2008, hace alusi&oacute;n en su Pre&aacute;mbulo al mayor riesgo que ni&ntilde;as y mujeres con discapacidad se hallan expuestas en caso de lesiones o abuso, abandono, trato negligente y explotaci&oacute;n. El art&iacute;culo 6, sobre las mujeres con discapacidad, establece que los Estados Partes reconocen que las mujeres y ni&ntilde;as con discapacidad est&aacute;n sujetas a m&uacute;ltiples formas de discriminaci&oacute;n y, a ese respecto, adoptar&aacute;n medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Adem&aacute;s, tomar&aacute;n todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciaci&oacute;n de la mujer, con el prop&oacute;sito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente Convenci&oacute;n. El art&iacute;culo 16 de la Convenci&oacute;n, donde ser aborda el tema de la Protecci&oacute;n contra la Explotaci&oacute;n, la Violencia y el Abuso, establece asimismo que los Estados Partes adoptar&aacute;n todas las medidas de car&aacute;cter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra &iacute;ndole que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de &eacute;l, contra todas las formas de explotaci&oacute;n, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el g&eacute;nero. &quot;El Convenio de Estambul realiza una condena expresa de las pr&aacute;cticas de esterilizaciones forzadas y abortos coercitivos a ni&ntilde;as y mujeres sin su conocimiento&quot; En el &aacute;mbito regional europeo el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevenci&oacute;n y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Dom&eacute;stica, aprobado en Estambul el 11 de mayo de 2011, establece las normas generales para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia dom&eacute;stica. Entre su articulado destaca la condena expresa de las pr&aacute;cticas de esterilizaciones forzadas y abortos coercitivos a ni&ntilde;as y mujeres sin su conocimiento (art. 39). En nuestro pa&iacute;s, la Ley Org&aacute;nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci&oacute;n Integral contra la Violencia de G&eacute;nero, es en este sentido m&aacute;s restrictiva a la hora de conceptualizar lo que es violencia de g&eacute;nero en su &aacute;mbito de actuaci&oacute;n, ya que en virtud de lo dispuesto en el art&iacute;culo 1, la ley act&uacute;a contra la violencia que, como manifestaci&oacute;n de la discriminaci&oacute;n, la situaci&oacute;n de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre &eacute;stas por parte de quienes sean o hayan sido sus c&oacute;nyuges o de quienes est&eacute;n o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. La violencia de g&eacute;nero a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia f&iacute;sica y psicol&oacute;gica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privaci&oacute;n arbitraria de libertad. El art&iacute;culo 17.1 se&ntilde;ala, adem&aacute;s, que los derechos reconocidos en esta Ley se aplicar&aacute;n a todas las mujeres v&iacute;ctimas de la violencia de g&eacute;nero con independencia de cualquier otra condici&oacute;n o circunstancia personal o social. El art&iacute;culo 3.3 establece que las campa&ntilde;as de informaci&oacute;n y sensibilizaci&oacute;n contra esta forma de violencia se realizar&aacute;n de manera que se garantice el acceso a las mismas de las personas con discapacidad mientras que el art&iacute;culo 18. 2 prev&eacute; una protecci&oacute;n especial a las mujeres con discapacidad v&iacute;ctimas de la violencia de g&eacute;nero en el acceso integral a la informaci&oacute;n sobre sus derechos y sobre los recursos existentes. En los art&iacute;culos 27.2 y 27.4 se incrementa el importe de la ayuda de pago &uacute;nico en favor de las v&iacute;ctimas de la violencia de g&eacute;nero que carezcan de rentas superiores al 75% del Salario M&iacute;nimo Interprofesional (SMI). El n&uacute;mero 4 del art&iacute;culo 32 de la Ley, dedicado a los llamados Planes de Colaboraci&oacute;n, dispone: &ldquo;En las actuaciones previstas en este art&iacute;culo se considerar&aacute; de forma especial la situaci&oacute;n de las mujeres que, por sus circunstancias personales y sociales puedan tener mayor riesgo de sufrir la violencia de g&eacute;nero o mayores dificultades para acceder a los servicios previstos en esta Ley, tales como las pertenecientes a minor&iacute;as, las inmigrantes, las que se encuentran en situaci&oacute;n de exclusi&oacute;n social o las mujeres con discapacidad&rdquo;. En materia de formaci&oacute;n, tambi&eacute;n se tiene en cuenta la discapacidad, seg&uacute;n los t&eacute;rminos del art&iacute;culo 47, que dice: &ldquo;El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Aut&oacute;nomas, en el &aacute;mbito de sus respectivas competencias, asegurar&aacute;n una formaci&oacute;n espec&iacute;fica relativa a la igualdad y no discriminaci&oacute;n por raz&oacute;n de sexo y sobre violencia de g&eacute;nero en los cursos de formaci&oacute;n de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y M&eacute;dicos Forenses. En todo caso, en los cursos de formaci&oacute;n anteriores se introducir&aacute; el enfoque de la discapacidad de las v&iacute;ctimas.&rdquo; &iquest;C&Oacute;MO DAR RESPUESTA A ESTA REALIDAD? El Comit&eacute; de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su di&aacute;logo constructivo con el Estado Parte de Espa&ntilde;a mostr&oacute; su preocupaci&oacute;n por el hecho de que los programas y pol&iacute;ticas p&uacute;blicos sobre la prevenci&oacute;n de la violencia de g&eacute;nero no tengan suficientemente en cuenta la situaci&oacute;n de las ni&ntilde;as y las mujeres con discapacidad. Asimismo, otro hecho que inquieta tambi&eacute;n al Comit&eacute; es que las pol&iacute;ticas en materia de empleo no incluyan una amplia perspectiva de g&eacute;nero y que el desempleo, la inactividad y los ritmos de formaci&oacute;n sean mucho peores en el caso de las mujeres con discapacidad que en el de los hombres con discapacidad. Las recomendaciones del Comit&eacute; a Espa&ntilde;a en relaci&oacute;n a la violencia ejercida contra las ni&ntilde;as y las mujeres con discapacidad son las siguientes: &bull; Velar por que se tenga m&aacute;s en cuenta a las ni&ntilde;as y a las mujeres con discapacidad en los programas y pol&iacute;ticas p&uacute;blicos sobre la prevenci&oacute;n de la violencia de g&eacute;nero, particularmente para asegurar el acceso de las ni&ntilde;as y las mujeres con discapacidad a un sistema de respuesta eficaz e integrado; &bull; Tener en cuenta las cuestiones relacionadas con el g&eacute;nero en las pol&iacute;ticas de empleo, que incluyan particularmente medidas espec&iacute;ficas para las mujeres con discapacidad; &bull; Elaborar y desarrollar estrategias, pol&iacute;ticas y programas, especialmente en los sectores de la educaci&oacute;n, el empleo, la salud y la seguridad social, para promover la autonom&iacute;a y la plena participaci&oacute;n de las mujeres y de las ni&ntilde;as con discapacidad en la sociedad, as&iacute; como para combatir la violencia contra ellas. (Comit&eacute; sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Sexto per&iacute;odo de sesiones 19 a 23 de septiembre de 2011. Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del art&iacute;culo 35 de la Convenci&oacute;n Observaciones finales del Comit&eacute; sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Espa&ntilde;a). En la misma l&iacute;nea, el Comit&eacute; de personas expertas sobre los derechos de las personas con discapacidad, ha recomendado a la Uni&oacute;n Europea en su reciente revisi&oacute;n de las pol&iacute;ticas desarrolladas en la regi&oacute;n en este &aacute;mbito que desarrolle indicadores de derechos humanos en cooperaci&oacute;n con las organizaciones de personas con discapacidad, y una sistem&aacute;tica recolecci&oacute;n de datos que sea comparable, comprensible y que incluya la dimensi&oacute;n de g&eacute;nero, edad, poblaci&oacute;n urbana y rural y tipo de discapacidad. Tambi&eacute;n recomienda la inclusi&oacute;n transversal de las mujeres y ni&ntilde;as con discapacidad en la pr&oacute;xima Estrategia de Igualdad de G&eacute;nero as&iacute; como en las Estrategias de Discapacidad y la adopci&oacute;n de medidas para transversalizar la discapacidad en toda la normativa, pol&iacute;ticas y estrategias para combatir la violencia y el abuso y proveer de protecci&oacute;n efectiva. En relaci&oacute;n al tema de la violencia contra las mujeres concretamente, nuestro pa&iacute;s no cuenta con un sistema de respuesta a la violencia de g&eacute;nero plenamente accesible, que permita a una mujer con discapacidad, de manera aut&oacute;noma, hacer uso todos los recursos disponibles (asesoramiento legal, presentaci&oacute;n de la denuncia, casas de acogida, pisos tutelados, etc.). A pesar del enorme avance que en esta materia ha experimentado, la falta de adaptaci&oacute;n de los recursos a las necesidades reales de las mujeres con discapacidad sigue produciendo una victimizaci&oacute;n secundaria que debe ser evitada. En este sentido, se entiende por victimizaci&oacute;n secundaria la derivada de las vivencias de la mujer tras pasar por los diferentes itinerarios previstos (polic&iacute;a, centros de salud, juzgados, juicios, centros de la mujer, asesor&iacute;a legal, etc.). Asimismo los obst&aacute;culos no radican exclusivamente en el acceso material a dichos recursos de asesoramiento y tratamiento en casos de violencia de g&eacute;nero, sino tambi&eacute;n en la multitud de barreras simb&oacute;licas que permean todo el entramado institucional y que acaban por expulsar del sistema a estas mujeres. PROGRAMA DE MEDIACI&Oacute;N DE LA FCM La Fundaci&oacute;n CERMI Mujeres arrancar&aacute; el a&ntilde;o 2016 con la puesta en marcha de un servicio de atenci&oacute;n y asesoramiento a las mujeres con discapacidad v&iacute;ctimas de violencia que sirva como puente entre las mujeres que solicitan ayuda y los recursos existentes, garantizando su plena accesibilidad en todo momento. En el marco de esta iniciativa se realizar&aacute;n adem&aacute;s ciclos de formaci&oacute;n en materia de violencia de g&eacute;nero contra las mujeres con discapacidad dirigidos al personal t&eacute;cnico especializado de la red de asistencia, con el fin de acercar la realidad de las mujeres con discapacidad a las y los profesionales, creando conciencia y transmitiendo conocimientos sobre los mecanismos de detecci&oacute;n y abordaje, as&iacute; como sobre los recursos y ayudas t&eacute;cnicas disponibles.

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