La reforma fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados el pasado 20 de diciembre, a fin de cumplir con lo dispuesto en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Entre las novedades se incluyen varias reivindicaciones elevadas durante la tramitación parlamentaria por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación CERMI Mujeres.
De esta manera, la información estadística obtenida sobre delitos de violencia machista deberá poder desagregarse con un indicador de discapacidad de las víctimas. Igualmente, permitirá establecer un registro de las/os menores víctimas de violencia de género con discapacidad y obligará a que las sedes judiciales sean "plenamente accesibles".
Además, la reforma introduce pruebas selectivas de especialización en violencia sobre la mujer para acceder a órganos judiciales especializados en violencia de género. Asimismo, se formará a los juzgados de lo penal en esta misma materia porque, actualmente, de los 345 juzgados penalistas existentes, sólo 26 se encuentran especializados.
