Mujer

CERMI, satisfecho por la tramitación parlamentaria para ilegalizar la esterilización forzosa por discapacidad


La Fundación CERMI Mujeres y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han expresado su "satisfacción" ante lo que han calificado de "hito histórico" después de que el Senado haya aprobado el pasado día 26 de febrero la toma en consideración de una proposición de Ley de reforma del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.
Logotipo del CERMI con el logo añadido de los ODS
Logotipo del CERMI con el logo a?adido de los ODS

Logotipo del CERMI con el logo añadido de los ODSTras aprobarse la toma en consideración, el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, ha indicado a Europa Press que, una vez que esta iniciativa "crucial" se haya aprobado definitivamente, hará que el ordenamiento jurídico español y la vida en general sea "más digna, más decente y más respetuosa con los derechos humanos de todas las personas".

 

En este sentido, Pérez Bueno ha señalado que el sector asociativo de la discapacidad espera que el proceso que se inicia esté culminando "en unos meses" y que se "destierre" del Código Penal "una práctica que conculcaba abiertamente los derechos humanos de las personas con discapacidad, en especial de la mujeres y jóvenes, porque tenía un claro sesgo por razón de género".

 

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles por 247 votos a favor, dos en contra y una abstención la toma en consideración de una proposición de ley registrada por Ciudadanos, partido que se hizo eco de la propuesta del CERMI y CERMI Mujeres, que modifica el artículo 156 del Código Penal, con el fin de eliminar el párrafo que despenaliza las esterilizaciones no consentidas en el caso de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.

 

Al debate en la Cámara Alta ha acudido una veintena de mujeres con discapacidad de diferentes entidades miembro del movimiento Cermi. A juicio de Cermi Mujeres, esta práctica es, cualitativamente, "una de las vulneraciones de derechos humanos más flagrantes que se siguen perpetrando en el Estado español".

 

Además, denuncia que las esterilizaciones no consentidas atentan "frontalmente" contra los principios y mandatos de tratados internacionales como la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o el Convenio de Estambul.

 

Para CERMI Mujeres, prácticas como esterilizaciones forzosas, abortos coercitivos y la falta de accesibilidad de los servicios de atención sexual y reproductiva, entre otras cuestiones, "son fruto de la eterna infantilización que se hace de las mujeres con discapacidad, a quienes se les cuestiona su capacidad de reproducirse por desconfianza, prejuicios de una sociedad que todavía es, en muchos casos, capacitista y patriarcal".

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