El dictamen de la ponencia de la Cámara Alta fue aprobado por unanimidad en el Pleno de la Cámara Alta, al igual que sucedió en la Comisión de Justicia que en la que se negoció el texto para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género.
Dicha comisión aprobó incorporar todas las enmiendas presentadas por el PP-que tiene mayoría absoluta en el Senado-- relativas a la discapacidad, y también una transaccional con el PSOE y Unidos Podemos.
El texto, que ha sido revisado por el Senado tras remitírselo el Congreso, volverá a la Cámara Baja para su ratificación tras su debate y aprobación en el Pleno de la Cámara Alta.
Violencia de Género, una especialidad jurídica
En Congreso ya incluyó la necesidad de que la violencia de género se convierta en una especialidad jurídica como la de Mercantil, Penal, Menores o Social, con las mismas pruebas selectivas de especialización y condiciones para el ascenso de los magistrados en su carrera profesional.
En la sesión plenaria se dio luz verde a incorporar el indicador de discapacidad en estadísticas de víctimas de violencia de género y la garantía de accesibilidad de todas las dependencias judiciales con el fin de que sean "comprensibles, utilizables y practicables por todas las mujeres sin excepción".
El PP del Senado añadió en una de sus enmiendas la necesidad de que las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tengan en cuenta la variable de discapacidad en los datos sobre víctimas de violencia de género, una reivindicación de la Fundación CERMI Mujeres (FCM).
Así, en el texto aprobado se recoge que se deberá "facilitar que la información estadística pueda ser desagregada tomando en consideración el indicador de discapacidad de tal forma que sea posible la explotación de datos precisos sobre la situación de violencia que experimentan las mujeres con discapacidad".
Asimismo, se señala que "se establecerá un registro estadístico de menores de edad víctimas de violencia de género, que incluya, además, el indicador de discapacidad".
Además, añade a uno de los artículos de la ley que las dependencias judiciales "deberán ser plenamente accesibles, condición de obligado cumplimiento de los entornos, productos y servicios con el fin de que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las mujeres sin excepción".
"Hoy todos deberíamos estar de enhorabuena aunque algunos tenemos un sabor agridulce porque no todos estamos siendo igual de leales con el pacto", señaló senadora "popular" y exsecretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, que ha recalcado que el Gobierno del PP dejó encima de la mesa el dinero para cumplir el pacto y espera que el de Pedro Sánchez lo gaste.
Por su parte, la senadora y portavoz de Igualdad en el Senado del PSOE, Laura Berja, ha denunciado " el giro hacia la extrema derecha discurso del PP en materia de igualdad entre hombres y mujeres. "Deambulan ustedes por un terreno muy peligroso. No caigan en la trampa patriarcal de utilizar expresiones que son cómplices con el machismo", ha declarado.
