En esta línea de visibilidad, empoderamiento y escucha activa a las niñas, la Fundación CERMI Mujeres viene trabajando en los últimos años para mitigar el efecto exponencial que produce la discriminación interseccional por motivo de edad, sexo y discapacidad, particularmente agravada como consecuencia del impacto de la pandemia del Covid-19 en las niñas con discapacidad. Esta discriminación compleja y persistente se traduce en un menor acceso, permanencia y promoción de las niñas con discapacidad en el sistema de educación inclusiva, en donde además presentan una clara brecha digital por falta de habilidades y competencias tecnológicas, por incumplimientos de accesibilidad y por dificultades para la adquisición de componentes electrónicos. A esta situación difícil de partida se suma la prevalencia de tratamientos invasivos y otras prácticas nocivas contra las niñas con discapacidad para el control del desarrollo y la menstruación, lo que contribuye exponencialmente a una mayor exposición a la violencia sexual dentro y fuera de la familia, incluidos los centros educativos y otras instituciones donde son atendidas.
Ante esta realidad oculta es necesario adoptar medidas encaminadas a crear conciencia sobre su situación, con el objetivo de diseñar y poner en marcha políticas públicas que favorezcan su pleno desarrollo y potenciación. Por ello, la FCM recuerda que las niñas con discapacidad son iguales ante la ley y tienen derecho a la misma protección sin discriminación alguna.
La entidad destaca también que el Comité de seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su revisión realizada en el año 2019 al Estado español, recomendó, entre otras cosas, la adopción de manera inmediata de medidas para poner fin a la institucionalización de niños y niñas con discapacidad mediante el desarrollo y la aplicación de una estrategia para promover entornos familiares seguros y con apoyos en la comunidad, con plazos determinados y asignación presupuestaria adecuada.
Además, recomendaba garantizar el acceso universal de todas las niñas con discapacidad a servicios de atención sanitaria primaria, incluidos servicios de atención temprana. Otro punto sobre el que hizo hincapié el Comité de Naciones Unidas fue la adopción de mecanismos para que todas las niñas con discapacidad puedan expresar sus opiniones de forma libre y sobre todas las cuestiones que les afectan, garantizando, entre otras cosas, asistencia apropiada para su discapacidad y edad.
En la misma línea se han pronunciado el Comité de los Derechos del Niño y el Comité CEDAW.
Estas recomendaciones deben constituir una hoja de ruta a seguir por los poderes públicos y las organizaciones sociales, a fin de garantizar la vigencia efectiva de los derechos humanos de las niñas con discapacidad en nuestro país.
