El proyecto Indigenous Australians with Mental Health Disorders and Cognitive Disability in the Criminal Justice System (Indígenas de Australia con Desórdenes de la Salud Mental y Discapacidad Cognitiva en el Sistema de Justicia Penal) ha denunciado que las mujeres con discapacidad psicosocial sufren discriminación ejercida desde el sistema judicial, policial, sanitario y por los servicios sociales del país.
Una mujer de este sector de la población recibe a lo largo de toda su vida un número significativamente mayor de condenas penales comparadas con las mujeres no pertenecientes a los pueblos originarios; esta tendencia se repite con las jóvenes adolescentes. En el caso de mujeres con discapacidad han permanecido ingresadas en centros penitenciarios sin conocer sus derechos ni la fecha de su futura excarcelación.
Estas situaciones de desamparo legal se acentúan cuando cumplen pena de prisión en ciudades alejadas de donde tienen apoyo familiar. Asimismo, el riesgo de convertirse en una persona “sin techo” es 2.2 veces más alta que la de una mujer australiana de cualquier otro origen étnico.
