Así lo ha señalado su vicepresidenta ejecutiva, Ana Peláez Narváez, durante su intervención, en la conferencia marco del Congreso Internacional "Las personas trabajadoras con discapacidad/des como colectivo de atención prioritaria en las políticas de empleo", organizado por la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Castilla-La Mancha, y que se celebra estos días en Albacete.
Bajo el título "El derecho del trabajo de las mujeres con discapacidad: una mirada interseccional desde la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la CEDAW", Peláez ha reclamado medidas urgentes que fortalezcan las políticas públicas destinadas a garantizar condiciones laborales dignas y equitativas. Ha subrayado la necesidad de disponer de datos oficiales fiables, así como de un diagnóstico profundo que permita abordar las causas estructurales de la discriminación que enfrentan estas mujeres en el acceso y ejercicio de su derecho al empleo.
Durante su ponencia, ofreció propuestas concretas para abordar los desafíos inmediatos que limitan el acceso en igualdad de condiciones a un empleo decente, incluido el derecho a desarrollar una actividad profesional libremente elegida, en un entorno inclusivo y libre de violencia.
La Fundación ha advertido que, para numerosas mujeres con discapacidad, las tareas domésticas representan la única alternativa económica. A pesar de la existencia del Convenio 189 de la OIT, que regula esta actividad en España, muchas de estas trabajadoras carecen de contrato y no están dadas de alta en la Seguridad Social, lo que las condena a una situación de exclusión y pobreza. Por ello, se hace un llamado a impulsar programas que faciliten su incorporación al mercado laboral formal.
Por otro lado, y en línea con el Convenio 190 sobre la violencia y el acoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en vigor en España desde el 25 de mayo de 2023, la Vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres ha argumentado la necesidad de llevar a cabo un estudio sobre las causas que sustentan el escaso número de denuncias presentadas por trabajadoras con discapacidad que han sido víctimas de acoso sexual en el lugar de trabajo, y ha exigido una supervisión efectiva por parte de la
inspección laboral de todos los entornos laborales, incluidos el trabajo doméstico y los centros de empleo de personas con discapacidad, en donde se debería de contar también con protocolos accesibles y seguros de denuncia para las víctimas con discapacidad de acoso sexual que respeten su derecho a la intimidad, la confidencialidad y la protección contra las represalias.
Para finalizar su intervención, Peláez advirtió de la necesidad de denunciar e investigar todos los casos de explotación laboral, incluida la explotación sexual, la servidumbre doméstica y el trabajo forzado de mujeres con discapacidad, que se puede dar incluso en la familia, en el trabajo doméstico, o en los centros ocupacionales de personas con discapacidad, y a garantizar la reparación efectiva a las víctimas.
