Madrid, 17 de noviembre de 2025. La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha denunciado públicamente la violencia estructural y persistente que padecen las mujeres mayores con discapacidad, reclamando mayor visibilidad, datos específicos y respuestas políticas adaptadas a sus necesidades. La denuncia tuvo lugar durante su participación en el diálogo digital “Violencia contra las mujeres mayores: una mirada interseccional”, organizado por la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) junto con la agencia de noticias Servimedia.
Ana Peláez Narváez, vicepresidenta ejecutiva de FCM, subrayó que estas mujeres sufren una doble discriminación por razón de género y discapacidad, agravada por la edad. Según explicó, “muchas mujeres mayores no tienen conciencia de ser víctimas de violencia, y esa falta de conciencia es una de las razones principales de la alta tasa de infradenuncia”. En este sentido, puso el foco en dos grupos especialmente vulnerables: las mujeres mayores que viven aisladas y las que se encuentran institucionalizadas, señalando que “en contextos residenciales existen violaciones graves y sistemáticas de desprotección hacia las mujeres frente a la violencia”.
Peláez denunció la ausencia de protocolos en muchas instituciones que garanticen una denuncia segura, lo cual incrementa la impunidad de los agresores. “Muchas veces la violencia es perpetrada por personas de las que se espera que cuiden de ellas”, advirtió, señalando que el miedo, la dependencia y el aislamiento juegan un papel fundamental en el silenciamiento de estas situaciones.
La vicepresidenta de FCM también abordó el impacto de la falta de autonomía en estas mujeres, calificándolo como otra forma de violencia estructural. “La implantación del derecho a decidir no recae en ellas mismas, sino en familiares, cuidadores o profesionales, de forma que la mujer mayor con discapacidad no tiene voz sobre su propia vida”, denunció. Según datos que compartió, “de cada cuatro personas mayores con discapacidad, tres son mujeres”, y, además, “el índice de institucionalización en este grupo es altísimo, en torno al 70–75 %”.
Criticó que la institucionalización se utilice como medida de protección, incluso para mujeres que han vivido de manera independiente, ya que, según indicó, “como medida de protección se las mete en una residencia, pero ¿Qué pasa con su salud mental, con su rehabilitación psicosocial, con su recuperación como víctimas? Eso no se hace”.
En cuanto a las políticas públicas, Peláez lamentó la falta de información y de datos específicos sobre la situación de estas mujeres, lo que impide desarrollar estrategias eficaces. “No disponemos de datos oficiales con diagnósticos claros que nos permitan hacer radiografías concretas de situaciones particulares”, señaló. También criticó que “la macroencuesta de violencia contra las mujeres se ha quedado antigua y pequeña, porque no incluye lo que sucede con las mujeres institucionalizadas”.
Durante su intervención, Peláez insistió en la necesidad urgente de aplicar un enfoque interseccional real en todas las agendas políticas, tanto en el ámbito de la discapacidad como en el feminismo. “El ámbito de la discapacidad debe incorporar las cuestiones de género, y las organizaciones de mujeres deben incluir la diversidad plena y absoluta, incluyendo la discapacidad”, afirmó. Si no se avanza en esa dirección, advirtió, “las mujeres que lo tienen peor seguirán quedándose en los márgenes, sin posibilidad real y efectiva de reconducir sus vidas y cambiar sus destinos”.
Para concluir su participación en el diálogo, Ana Peláez lanzó un mensaje claro a la sociedad: “Apelo a la denuncia. Si conoces un caso de violencia contra una mujer, denúncialo, porque la estarás ayudando y nos estarás ayudando a todos y a todas a ser mejores.
