El primer Parlamento canario de mujeres con discapacidad reunió ayer en la Cámara regional a 70 mujeres con discapacidad de todo el Archipiélago de la mano de Cermi Canarias para hacer visible la situación de este colectivo. Durante el acto un grupo de mujeres con esta condición ha leído un manifiesto en el que denuncian que viven en un sistema “que muchas veces nos ignora, nos trata como a niñas o no nos deja decidir”.
Alertaron de que las mujeres con discapacidad “sufren muchas formas de discriminación”: “Por ser mujeres, por tener una discapacidad, por ser mayores o jóvenes, por vivir en pueblos o islas pequeñas, por ser madres o por su origen”.
Por ello, reclamaron “igualdad, justicia y vivir con dignidad”, al tiempo que criticaron que las mujeres con discapacidad en Canarias tienen “dificultades para encontrar trabajo, sufren más violencia de género” y también “tienen más barreras para acceder” a ayudas, servicios y derechos.
Se puso el foco en la “violencia machista que sufren muchas mujeres con discapacidad”, pero “pocas logran denunciar o consiguen ayuda legal” porque hay barreras que lo impiden, ya que los edificios judiciales no son accesibles, no hay intérpretes ni documentos fáciles de leer y nadie las cree ni escucha.
“Muchas mujeres y niñas con discapacidad sufren violencia. A veces en casa. Otras veces en centros o por personas que cuidan de ellas”, manifestaron, al tiempo que han resaltado que incluso “hay mujeres que tienen una discapacidad porque han sufrido violencia machista”.
Indicaron que no se ha respetado su cuerpo y a muchas mujeres con discapacidad no se les ha dado información clara sobre anticonceptivos y se les ha tratado como si no pudieran ser madres. Insistieron en su “derecho a disfrutar de su sexualidad sin miedo ni prejuicios”, recibir atención médica sexual y reproductiva avanzada, y exigieron que se prohíban las esterilizaciones forzadas al “realizarse muchas sin permiso”.
Asimismo, alertaron que muchas personas con discapacidad no pueden entender lo que dicen los periódicos, la televisión o internet porque “los mensajes no están en lectura fácil o en formatos accesibles”. Recordaron que la accesibilidad universal significa poder entrar en los edificios, entender la información, usar transporte y vivir con independencia.
El manifiesto que han defendido es “un grito claro que pide vivir con igualdad, respeto y libertad, tener voz en lo que les afecta y una vida autónoma y digna”. En este contexto, la ley de promoción de autonomía personal “debe ayudarlas, pero también hace falta voluntad, compromiso y acción”, recalcaron.
La presidenta de Cermi Canarias, Carmen Laucirica, insistió en que las mujeres con discapacidad “lo tienen aún más difícil. Son ciudadanas con todos los derechos” y las animó “a reivindicar la defensa de sus derechos”. También resaltó la figura de las madres con discapacidad, porque tienen “más dificultades con esa doble o triple discapacidad” para enfrentarse a “un mundo más difícil”.
Por su parte, la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, reiteró su “compromiso” con la discapacidad y especialmente en las mujeres, pues “el 50% de ellas ha sufrido violencia machista”. Mostró su preocupación por que “tengan dificultades” para acceder a los servicios de apoyo porque no están adaptados. “Si para todas es duro”, combatir la violencia de género y denunciar “lo es más para las mujeres con discapacidad”. Además de las barreras arquitectónicas, incidió en la “insensibilidad” de la sociedad.
Mientras, la directora del Instituto Canario de Igualdad, Ana Brito, insistió en que “una democracia plena no puede existir sin garantizar los derechos fundamentales de todas las mujeres” y “no hay inclusión verdadera si las mujeres con discapacidad, las mayores y todas que viven en contextos de vulnerabilidad siguen siendo marginadas de servicios esenciales como educación, salud o justicia”, afirmó.
Retraso en el grado
La Federación de Asociaciones de Personas Sordas (Fasican) se reunió con la Diputada del Común para abordar las dificultades que les afectan, especialmente el retraso en el reconocimiento de la discapacidad.
Las personas sordas y con discapacidad auditiva “se encuentran limitadas en su vida y en un limbo administrativo que se traduce en una vulneración de sus derechos y en una doble discriminación por parte de la administración”, denunció Kevin Danilo Pérez, presidente de Fasican, que mostró su preocupación por la demora en el reconocimiento del grado de discapacidad y en el proceso de valoración, ya que ni los medios están adaptados para las personas sordas o con discapacidad auditiva, ni el personal está capacitado para realizar sus valoraciones.
Esta demora durante años “ocasiona barreras y desigualdades, y contribuye a la falta de oportunidades y de recursos”.
