Se trata de un caso sin precedentes en Australia. La demanda contó con el apoyo del Centro Australiano para la Ley de Discapacidad. La negativa a facilitarle una persona intérprete se basa en un viejo “principio de justicia” del derecho inglés, en virtud del cual cualquier persona adicional en la sala del jurado supone una eliminación involuntaria de la justicia. Este principio, se halla fuertemente arraigado hoy día en el derecho australiano. De esta manera, la Ley del Jurado de 1995 vigente no permite la participación de una persona intérprete en un jurado durante las deliberaciones de sus miembros, en clara contravención de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
En su fallo, adoptado por unanimidad, la Corte Suprema sotiene La corte dijo q La corte dijo que la ley no permitía un intérprete para ayudar cuando el jurado se encontraba en las deliberaciones confidenciales, lo que haría ella incapaz de cumplir con sus deberes como miembro del jurado.
La "decisión de no incluir la recurrente en un jurado no constituía una discriminación ilegal en el ejercicio de sus funciones o el ejercicio de sus competencias de Derecho de Queensland", dice el fallo.
Ms Lyons, de 69 años, rechazó las preocupaciones planteadas por los abogados del gobierno por garantizar la exactitud de las traducciones, señalando que los intérpretes ya estaban permitidos en otros procedimientos judiciales.
Al describir el veredicto como "decepcionante", de Personas con Discapacidad Las organizaciones Australia pidió que la ley de Queensland para ser cambiado para permitir que las personas sordas para servir como miembros del jurado.
