La crisis económica y financiera sufrida en los últimos años en nuestro país trató de atajarse a través de medidas de contención del gasto, en muchos casos, con implicaciones indeseadas. La reducción de las inversiones destinadas a las políticas para la prevención y abordaje de la violencia de género hizo desaparecer, por ejemplo, las campaña de concienciación puestas en marcha hasta la fecha y en cierto sector de la población se instaló la idea de que se trataba de un asunto marginal, cuya relevancia había sido artificialmente provocada por los movimientos feministas, y la falacia de que las mujeres denunciaban falsamente a sus parejas o exparejas corrió como la pólvora de manera interesada. Sin embargo, las cifras fatales de mujeres asesinadas siguen ahí, dolorosamente irrebatibles.
El documento finalmente aprobado por la Subcomisión, creada al efecto en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, ha sido consensuado entre las personas responsables de las políticas para erradicar la violencia contra las mujeres procedentes de distintos sectores y territorios del Estado. También han participado en el mismo las organizaciones sociales de mujeres, así como otras entidades de la sociedad civil concernidas.
La Fundación CERMI Mujeres en su lucha en la defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, hizo llegar a la Subcomisión antes citada una batería de medidas para atajar la aún invisible violencia de género que también sufren las mujeres con discapacidad.
Junto a estas medidas una unánime petición expresada por todas las organizaciones feministas del país: es imposible hacer una política eficaz en este tema si no se destinan las partidas presupuestarias necesarias para ello. Lo demás es una mera puesta en escena, un brindis al sol que solo puede acarrear más dolor e injusticia.
