Una de las cuestiones sobre las que existe consenso entre los partidos políticos y las organizaciones sociales es la necesidad de suscribir un Pacto de Estado en materia de violencia de género.
Como media en la actualidad los juzgados reciben medio millar de denuncias por violencia de género en nuestro país. Según datos actualizados ofrecidos por el Consejo General del poder Judicial siete de cada diez juicios por maltrato acaba en condena.
No sabemos cuántas mujeres con discapacidad presentan denuncia por ser víctimas de violencia de género, ni cuántas adquieren una discapacidad como consecuencia del maltrato. Tampoco conocemos cuántas niñas o niños nacen con una discapacidad debido a la violencia sufrida por sus madres durante el embarazo.
"Las sinergias que se produzcan por la aplicación real de políticas públicas coordinadas y bien financiadas en el ámbito de la violencia de género y de la autonomía personal pueden ayudar a miles de mujeres con discapacidad en nuestro país a salir del infierno de la violencia y a decidir sobre su propia vida en libertad"
Lo que sí se sabe, y ahí están los datos de la Macroencuesta 2015, presentada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, es que las mujeres que tienen una discapacidad (igual o superior al 33%) relatan haber padecido violencia física, sexual o miedo a sus parejas en un 23,3% de los casos, mientras que este porcentaje baja al 15,1% en mujeres sin discapacidad. Estos datos dan buena cuenta de la seriedad del problema.
Además, la fatal tendencia anual de asesinatos de mujeres cometidos por sus parejas o ex parejas, muestra que alrededor de un 13% de las mujeres asesinadas tenía una discapacidad reconocida, porcentaje presumiblemente más elevado si se tiene en cuenta que muchas mujeres no cuentan con dicho reconocimiento oficial.
Coincidiendo con el décimo aniversario de la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, un nuevo pacto de estado parece imperativo, destinado a reactivar y hacer verdaderamente efectivos los derechos reconocidos en esta normativa. La promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia son pilares fundamentales que pueden permitir que cualquier persona desarrolle su propio proyecto de vida, de manera autónoma e independiente. Esto, tiene una especial trascendencia para aquellas mujeres con discapacidad en situación de dependencia que se encuentran sometidas a violencia.
En menos de un mes dos grandes acuerdos, de importancia vital para las mujeres con discapacidad se han puesto sobre la mesa. Las sinergias que se produzcan por la aplicación real de políticas públicas coordinadas y bien financiadas en el ámbito de la violencia de género y de la autonomía personal pueden ayudar a miles de mujeres con discapacidad en nuestro país a salir del infierno de la violencia y a decidir sobre su propia vida en libertad.
