Sobre esta cuestión la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 11 que los estados adoptarán con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.
Como premisa hay que tener presente que la atención en salud mental en situaciones de crisis humanitarias no debe ofrecerse solo a las personas que presentan un trastorno previo. La evidencia demuestra que va a ser necesario atender a un porcentaje pequeño que acabará desarrollando un trastorno de estas características como consecuencia de la depresión, la situación de ansiedad así como por el estrés postraumático sufrido.
En este contexto, los roles de género juegan también un papel determinante, sobre todo en la salud mental de los varones y especialmente en situaciones de desplazamiento que se alargan en el tiempo. En estos casos, el rol de proveedor de ingresos que desempeñan muchos hombres en sus hogares se ve seriamente afectado dando lugar a situaciones de desorientación y frustración.
Por otro lado, las agresiones sexuales contra las mujeres y niñas que se utilizan como arma de guerra en los conflictos armados también son causa del desencadenamiento de trastornos mentales. Ya en el año 2000, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la Resolución 1325 donde reconocía la urgente necesidad de incorporar la perspectiva de género en las operaciones de mantenimiento de la paz e instaba a todas las partes en un conflicto armado a que adoptaran medidas especiales para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia por razón de género, particularmente la violación y otras formas de abusos sexuales, y todas las demás formas de violencia.
Precisamente en este mes de junio un tribunal de crímenes de guerra de Bosnia y Herzegovina ha dictado una sentencia pionera, condenando a diez años de prisión a dos militares serbobosnios responsables de haber violado en repetidas ocasiones a una mujer serbocroata durante la guerra que asoló Bosnia entre 1992 a 1995 y en la que se fueron violadas 35.000 mujeres.
Para dar respuesta a esta realidad la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han elaborado una Guía de Intervención Humanitaria sobre el Programa de Acción para acabar con la Brecha en Salud Mental que permitirá detectar, evaluar y dar respuesta a las necesidades de tratamiento que presentan las personas con algún trastorno mental. Esta guía está destinada a profesionales que trabajan en el ámbito de la salud pero que no cuentan con una especialización en salud mental.
