¿Qué dice el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en relación al derecho a la salud sexual y reproductiva?

Ya en su Observaci&oacute;n General N&ordm; 14 sobre el derecho al nivel m&aacute;s alto posible de salud (2000), el Comit&eacute; de Derechos Econ&oacute;micos, Sociales y Culturales abord&oacute;, en parte, el tema de la salud sexual y reproductiva. Pero debido a las continuas y graves violaciones de este derecho, el comit&eacute; ha considerado necesario abordar la cuesti&oacute;n en una observaci&oacute;n general aparte. El derecho a la salud sexual y reproductiva es una parte integral del derecho a la salud consagrado en el art&iacute;culo 12 del Pacto Internacional de Derechos Econ&oacute;micos, Sociales y Culturales. La aprobaci&oacute;n del &lsquo;Programa de Acci&oacute;n&rsquo; de la Conferencia Internacional sobre la Poblaci&oacute;n y el Desarrollo en 1994 puso de relieve los problemas de salud sexual y reproductiva en el marco de los derechos humanos. Desde entonces, las normas de derechos humanos internacionales y regionales, y la jurisprudencia relacionada con el derecho a la salud sexual y reproductiva han evolucionado considerablemente. La Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 tambi&eacute;n incluye metas y objetivos que deben alcanzarse en este &aacute;mbito. A pesar de todas estas declaraciones, el acceso a una completa gama de servicios, bienes e informaci&oacute;n sobre la salud sexual y reproductiva sigue estando muy restringido para determinadas personas. El pleno disfrute del derecho a la salud sexual y reproductiva sigue siendo un objetivo lejano, especialmente para las mujeres y las ni&ntilde;as en todo el mundo, y mucho m&aacute;s si &eacute;stas presentan alg&uacute;n tipo de discapacidad. &quot;El pleno disfrute del derecho a la salud sexual y reproductiva sigue siendo un objetivo lejano, especialmente para las mujeres y las ni&ntilde;as en todo el mundo, y mucho m&aacute;s si &eacute;stas presentan alg&uacute;n tipo de discapacidad&quot; Hay ciertas personas y grupos de poblaci&oacute;n que experimentan formas m&uacute;ltiples e interrelacionadas de discriminaci&oacute;n como pueden ser las lesbianas, gays, bisexuales, personas transg&eacute;nero e intersexuales (LGBTI), as&iacute; como las personas con discapacidad. Hay que tener en cuenta que el derecho a la salud y sexual reproductiva se relaciona con otra serie de derechos como, por ejemplo, el derecho a tomar decisiones libres y responsables o el derecho a vivir una vida libre de violencia, de coerci&oacute;n y discriminaci&oacute;n. Tambi&eacute;n este derecho est&aacute; conectado con cuestiones relativas al propio cuerpo. Seg&uacute;n la definici&oacute;n de la Organizaci&oacute;n Mundial de la Salud (OMS) la salud sexual &quot;es un Estado de bienestar f&iacute;sico, emocional, mental y social en relaci&oacute;n con la sexualidad&rdquo;. Por su parte, la salud reproductiva, se refiere a la capacidad de reproducirse y a la libertad de tomar decisiones informadas, libres y responsables sobre esta cuesti&oacute;n. Tambi&eacute;n incluye el acceso a una amplia gama de informaci&oacute;n sobre la salud reproductiva, bienes, instalaciones y servicios para que las personas puedan tomar decisiones informadas, libres y responsables sobre su comportamiento reproductivo. En su Observaci&oacute;n general N&ordm; 14, el Comit&eacute; ha reconocido que el derecho al m&aacute;s alto nivel posible de salud, incluye no s&oacute;lo la ausencia de afecciones o enfermedades, y el derecho a la prestaci&oacute;n de atenci&oacute;n sanitaria preventiva, curativa y paliativa, sino que este derecho se extiende a los principales factores determinantes de la salud, como pueden ser el derecho a una vivienda digna, el acceso a agua potable, gozar de condiciones de trabajo seguras y contar con protecci&oacute;n efectiva ante cualquier forma de violencia, tortura y discriminaci&oacute;n y de otras violaciones de derechos humanos que tienen un impacto negativo sobre este derecho. En todos los pa&iacute;ses, los patrones de salud sexual y reproductiva reflejan las desigualdades sociales y las distribuciones desiguales de poder basadas en el g&eacute;nero, el origen &eacute;tnico, edad, discapacidad y otros factores. La pobreza y la desigualdad de ingresos, la discriminaci&oacute;n sist&eacute;mica y la marginaci&oacute;n son determinantes sociales de la salud sexual y reproductiva, que tambi&eacute;n tienen un impacto sobre el disfrute de otros derechos. &quot;En todos los pa&iacute;ses, los patrones de salud sexual y reproductiva reflejan las desigualdades sociales y las distribuciones desiguales de poder basadas en el g&eacute;nero, el origen &eacute;tnico, edad, discapacidad y otros factores&quot; La garant&iacute;a del ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva requiere que los Estados Partes tambi&eacute;n cumplan con sus obligaciones en virtud de otras disposiciones del Pacto. En este sentido, el derecho a la salud sexual y reproductiva, debe combinarse con el derecho a la educaci&oacute;n (art&iacute;culos 13 y 14) y con el derecho a la no discriminaci&oacute;n y la igualdad entre hombres y mujeres (art&iacute;culos 2.2 y 3). Esto supone que debe reconocerse el derecho a la educaci&oacute;n sobre la sexualidad y la reproducci&oacute;n basada en la evidencia cient&iacute;fica y apropiada para cada edad. En la misma l&iacute;nea, el derecho a la salud sexual y reproductiva, debe relacionarse necesariamente con el derecho a un trabajo justo (art&iacute;culo 6), as&iacute; como con el derecho a la no discriminaci&oacute;n y a la igualdad entre hombres y mujeres. De esta manera, los Estados deben reconocer medidas de protecci&oacute;n de la maternidad y paternidad para las personas trabajadoras, tomando en especial consideraci&oacute;n a aquellas personas en situaci&oacute;n de vulnerabilidad, como son como las y los trabajadores migrantes o las mujeres con discapacidad. Tambi&eacute;n habr&aacute; que garantizar un entorno laboral libre de acoso sexual y prohibir la discriminaci&oacute;n basada en el embarazo, parto, o en la orientaci&oacute;n sexual, identidad de g&eacute;nero o el estado intersexual. El derecho a la salud sexual y reproductiva tambi&eacute;n est&aacute; &iacute;ntimamente ligado a los derechos civiles y pol&iacute;ticos que fundamentan la integridad f&iacute;sica y mental de las personas y de su autonom&iacute;a, tales como el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, la protecci&oacute;n contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la privacidad y el respeto de la vida familiar y la no discriminaci&oacute;n y la igualdad. Por ejemplo, la falta de servicios de atenci&oacute;n obst&eacute;trica de emergencia o la negaci&oacute;n del aborto, a menudo conducen a la mortalidad y morbilidad materna, que a su vez constituye una violaci&oacute;n del derecho a la vida o la seguridad, y en ciertas circunstancias pueden constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo hay que recordar que el derecho a la salud sexual y reproductiva es una parte integrante del derecho que tiene toda persona a gozar del m&aacute;s alto nivel de salud f&iacute;sica y mental alcanzable. En la elaboraci&oacute;n de la Observaci&oacute;n general N&ordm; 14, el Comit&eacute; ha recogido los cuatro elementos esenciales que caracterizan una atenci&oacute;n integral en este &aacute;mbito: Debe haber disponibilidad de centros de salud, servicios, bienes y programas para proporcionar a la poblaci&oacute;n el m&aacute;s amplio abanico de posibilidades de atenci&oacute;n de la salud sexual y reproductiva. Adem&aacute;s, hay que asegurar la disponibilidad de personal m&eacute;dico y profesional capacitado. Tambi&eacute;n los medicamentos esenciales deben estar disponibles, incluyendo una amplia variedad de m&eacute;todos anticonceptivos, tales como condones y anticonceptivos de emergencia, medicamentos para la interrupci&oacute;n del embarazo y para la atenci&oacute;n post-aborto, y otro tipo de remedios, incluyendo los medicamentos gen&eacute;ricos, para la prevenci&oacute;n y el tratamiento de las infecciones de transmisi&oacute;n sexual y el VIH. La falta de disponibilidad de bienes y servicios, debido a las pol&iacute;ticas o pr&aacute;cticas basadas en la ideolog&iacute;a, como la negativa a proporcionar servicios basados en la conciencia, no debe ser una barrera para el acceso a los servicios; un n&uacute;mero suficiente de profesionales de la salud que deseen y puedan proporcionar tales servicios deben estar disponibles en todo momento en las instalaciones p&uacute;blicas y privadas y a un alcance geogr&aacute;fico razonable. &quot;Las instalaciones, bienes, informaci&oacute;n y servicios relacionados con el cuidado de la salud sexual y reproductiva deben ser accesibles a todas las personas y grupos sin discriminaci&oacute;n y libre de obst&aacute;culos. Como se explica en la Observaci&oacute;n General 14 del Comit&eacute;, la accesibilidad comprende la accesibilidad f&iacute;sica, la asequibilidad y accesibilidad de la informaci&oacute;n&quot; Las instalaciones, bienes, informaci&oacute;n y servicios relacionados con el cuidado de la salud sexual y reproductiva deben ser accesibles a todas las personas y grupos sin discriminaci&oacute;n y libre de obst&aacute;culos. Como se explica en la Observaci&oacute;n General 14 del Comit&eacute;, la accesibilidad comprende la accesibilidad f&iacute;sica, la asequibilidad y accesibilidad de la informaci&oacute;n. En relaci&oacute;n con la accesibilidad f&iacute;sica, el Comit&eacute; se&ntilde;ala que las instalaciones, bienes, informaci&oacute;n y servicios relacionados con el cuidado de la salud sexual y reproductiva deben estar disponibles y al alcance f&iacute;sico y geogr&aacute;fico para todas las personas, para que puedan recibir los servicios y la informaci&oacute;n oportunos cuando as&iacute; sea necesario. La accesibilidad f&iacute;sica debe garantizarse, especialmente para las personas pertenecientes a grupos en situaci&oacute;n de exclusi&oacute;n, teniendo en cuenta a aquellas que viven en zonas rurales y remotas, las personas con discapacidad, personas refugiadas, personas desplazadas internas, ap&aacute;tridas y las personas detenidas. Los servicios de salud sexual y reproductiva tanto p&uacute;blicos como privados adem&aacute;s deben ser asequibles. Los bienes y servicios esenciales, entre ellos los relacionados con los factores determinantes de la salud sexual y reproductiva, deben ser proporcionados sin coste o aplicando el principio de igualdad, para asegurar, de esta manera, que todas las personas y las familias no soporten una carga econ&oacute;mica desproporcionada. Las personas sin medios suficientes deber&iacute;an contar con el apoyo necesario para cubrir los costes de los seguros de salud, as&iacute; como de los servicios, y bienes de los centros sanitarios. El acceso a la informaci&oacute;n comprende el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas relativas a cuestiones de salud sexual y reproductiva, en general, y tambi&eacute;n para las personas que reciben informaci&oacute;n espec&iacute;fica sobre su estado de salud, en particular. Todas las personas y grupos, incluidos las y los adolescentes y j&oacute;venes, tienen el derecho a la informaci&oacute;n basada en la evidencia en este &aacute;mbito, incluida la informaci&oacute;n sobre salud materna, anticonceptivos, planificaci&oacute;n familiar, infecciones de transmisi&oacute;n sexual y prevenci&oacute;n del VIH, aborto seguro y atenci&oacute;n post aborto, infertilidad y opciones de fertilidad y c&aacute;ncer del aparato reproductor. Dicha informaci&oacute;n debe proporcionarse de una manera consistente con las necesidades de las personas y de la comunidad, teniendo en cuenta, por ejemplo, la edad, el g&eacute;nero, la capacidad ling&uuml;&iacute;stica, el nivel de educaci&oacute;n, la discapacidad, la orientaci&oacute;n sexual, identidad de g&eacute;nero y el estado intersexual. El acceso a la informaci&oacute;n no debe poner en peligro el derecho a que los datos personales de salud e informaci&oacute;n sean tratados con privacidad y confidencialidad. Asimismo, el Comit&eacute; se&ntilde;ala que todas las instalaciones, bienes, informaci&oacute;n y servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva deben ser respetuosos con la cultura de las personas, las minor&iacute;as, los pueblos y las comunidades y sensible al g&eacute;nero, la edad, la discapacidad, la diversidad sexual y los requisitos de ciclos de vida. Sin embargo, esto no puede ser utilizado para justificar la negativa a proporcionar instalaciones a medida, bienes, informaci&oacute;n y servicios a grupos espec&iacute;ficos. Tambi&eacute;n es necesario dotar de calidad a estos servicios, bienes e informaci&oacute;n, lo que significa que han de estar basados en pruebas y en informaci&oacute;n cient&iacute;fica adecuada y actualizada. Esto requiere contar con personal sanitario cualificado. La omisi&oacute;n o negativa a incorporar avances tecnol&oacute;gicos e innovaciones en la prestaci&oacute;n de servicios de salud sexual y reproductiva, tales como medicamentos para el aborto, tecnolog&iacute;as de reproducci&oacute;n asistida y los avances en el tratamiento del VIH y el SIDA, pone en peligro la calidad de la atenci&oacute;n. EL PRINICPIO DE IGUALDAD EN EL &Aacute;MBITO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA El art&iacute;culo 2, p&aacute;rrafo 2 del Pacto establece que ninguna persona o grupo puede estar sometido a discriminaci&oacute;n y, por ende, todas deben gozar de igualdad de derechos. De esta manera, cualquier persona o grupo debe poder acceder en igualdad a la misma gama, calidad y nivel de servicios, bienes e informaci&oacute;n sobre salud sexual y reproductiva. La no discriminaci&oacute;n, en el contexto del derecho a la salud sexual y reproductiva, tambi&eacute;n abarca el derecho de todas las personas, incluidas las personas LGBTI, a ser respetadas plenamente por su orientaci&oacute;n sexual, identidad de g&eacute;nero y la condici&oacute;n intersexual. La criminalizaci&oacute;n de las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo g&eacute;nero o la expresi&oacute;n de la propia identidad de g&eacute;nero, es una clara violaci&oacute;n de los derechos humanos. Del mismo modo, las regulaciones que tratan a las personas LGBTI como personas pacientes mentales o psiqui&aacute;tricas o que requieren que se les proporcione &quot;una cura&quot;, son una clara violaci&oacute;n de sus derechos. Los Estados Partes tienen la obligaci&oacute;n de combatir la homofobia y la transfobia, incluida la violaci&oacute;n del derecho a la salud sexual y reproductiva. La no discriminaci&oacute;n y la igualdad requieren no s&oacute;lo la igualdad legal y formal, sino tambi&eacute;n la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva supone tomar en cuenta las necesidades de salud sexual y reproductiva de los distintos grupos, as&iacute; como los obst&aacute;culos a los que determinados sectores tienen que hacer frente. Las necesidades de salud sexual y reproductiva de los grupos concretos deben ser objeto de una atenci&oacute;n adaptada. Por ejemplo, las personas con discapacidad deben poder disfrutar no s&oacute;lo de la misma variedad y calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, sino tambi&eacute;n de aquellos que necesitar&iacute;an espec&iacute;ficamente debido a su discapacidad. Aqu&iacute; hay que incluir los ajustes razonables que se deben llevar a cabo para que las personas con discapacidad puedan acceder plenamente a los servicios de salud sexual y reproductiva en igualdad de condiciones (instalaciones e informaci&oacute;n accesibles, apoyos en la toma de decisiones, etc.) &quot;Las personas con discapacidad deben poder disfrutar no s&oacute;lo de la misma variedad y calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, sino tambi&eacute;n de aquellos que necesitar&iacute;an espec&iacute;ficamente debido a su discapacidad. Aqu&iacute; hay que incluir los ajustes razonables que se deben llevar a cabo para que las personas con discapacidad puedan acceder plenamente a los servicios de salud sexual y reproductiva en igualdad de condiciones (instalaciones e informaci&oacute;n accesibles, apoyos en la toma de decisiones, etc.)&quot; Por otro lado, y debido a las capacidades reproductivas de las mujeres, su derecho a la salud sexual y reproductiva es esencial para el goce pleno de la totalidad de todos los derechos humanos, puesto que aparece como una dimensi&oacute;n importante para su autonom&iacute;a y la toma de decisiones sobre su vida y salud. La no discriminaci&oacute;n por raz&oacute;n de sexo, tal como aparece en el art&iacute;culo 2.2, y la igualdad de la mujer garantizada en el art&iacute;culo 3 del Pacto, requieren la eliminaci&oacute;n de la discriminaci&oacute;n, no s&oacute;lo directa sino tambi&eacute;n indirecta, y la garant&iacute;a de la igualdad formal, as&iacute; como sustantiva. Las leyes, pol&iacute;ticas y pr&aacute;cticas aparentemente neutras, pueden perpetuar las desigualdades de g&eacute;nero ya existentes. Los estereotipos basados en el g&eacute;nero, son obst&aacute;culos para la igualdad sustantiva por lo que deben quedar totalmente erradicados. Es necesario para ello adoptar medidas que impulsen la igualdad de facto de las mujeres y proteger la maternidad. As&iacute;, se requiere eliminar todas las barreras de acceso a los servicios generales de salud sexual y reproductiva, as&iacute; como a la educaci&oacute;n y la informaci&oacute;n. Para reducir las tasas de mortalidad y morbilidad materna se necesitan servicios de atenci&oacute;n obst&eacute;trica de emergencia y atenci&oacute;n al parto cualificada, incluso en las zonas rurales y remotas, as&iacute; como la prevenci&oacute;n de abortos inseguros. La prevenci&oacute;n de embarazos no planificados y abortos inseguros obliga a los Estados a adoptar medidas legales y pol&iacute;ticas p&uacute;blicas encaminadas a garantizar a todas las personas el acceso a anticonceptivos asequibles, seguros y eficaces y a la educaci&oacute;n sexual integral, incluyendo a las y los adolescentes. Asimismo, se hace necesario liberalizar las leyes restrictivas del aborto, garantizar a las mujeres y las ni&ntilde;as el acceso a servicios de aborto seguro y a servicios de atenci&oacute;n post-aborto de calidad. Estas medidas incluyen la puesta en marcha de capacitaciones a las instancias proveedoras de cuidado de la salud, y el respeto del derecho de las mujeres a tomar decisiones aut&oacute;nomas sobre su salud sexual y reproductiva. Tambi&eacute;n es importante emprender acciones preventivas, correctivas y de promoci&oacute;n para proteger a todas las personas de las pr&aacute;cticas nocivas y de la violencia de g&eacute;nero que deniegan su plena salud sexual y reproductiva. Hablamos aqu&iacute; de la mutilaci&oacute;n genital de las mujeres y ni&ntilde;as, los matrimonios forzados y la violencia dom&eacute;stica y sexual, incluida la violaci&oacute;n en el matrimonio, entre otros. &quot;Tambi&eacute;n es importante emprender acciones preventivas, correctivas y de promoci&oacute;n para proteger a todas las personas de las pr&aacute;cticas nocivas y de la violencia de g&eacute;nero que deniegan su plena salud sexual y reproductiva. Hablamos aqu&iacute; de la mutilaci&oacute;n genital de las mujeres y ni&ntilde;as, los matrimonios forzados y la violencia dom&eacute;stica y sexual, incluida la violaci&oacute;n en el matrimonio, entre otros&quot; INTERSECCIONALIDAD Y DISCRIMINACI&Oacute;N M&Uacute;LTIPLE Las personas pertenecientes a determinados grupos pueden verse afectadas de manera desproporcionada por la discriminaci&oacute;n interseccional en el contexto de la salud sexual y reproductiva. Como identifica el Comit&eacute;, entre estos grupos se encuentran las mujeres pobres, las personas con discapacidad, las personas migrantes, ind&iacute;genas o de otras minor&iacute;as &eacute;tnicas, las y los adolescentes, las personas LGBTI y las personas que viven con el VIH / SIDA. Asimismo hay que incluir a aquellas sometidas a explotaci&oacute;n sexual, sobre todo mujeres, ni&ntilde;as y ni&ntilde;os. Adem&aacute;s, las mujeres y ni&ntilde;as que viven en situaciones de conflicto est&aacute;n desproporcionadamente expuestas a un alto riesgo de violaciones de sus derechos, entre ellos a agresiones sexuales, esclavitud sexual, embarazos forzados y esterilizaci&oacute;n forzada. Las medidas dirigidas a garantizar la no discriminaci&oacute;n y la igualdad sustantiva deben conocer y tratar de superar el impacto, a menudo exacerbado, que la discriminaci&oacute;n interseccional tiene en la realizaci&oacute;n del derecho a la salud sexual y reproductiva. Las leyes, pol&iacute;ticas y programas, incluidas las medidas especiales de car&aacute;cter temporal que se adopten, deben estar enfocadas en la prevenci&oacute;n y en la eliminaci&oacute;n de la discriminaci&oacute;n, la estigmatizaci&oacute;n y los estereotipos negativos que dificultan el acceso a la salud sexual y reproductiva. Las personas presas, las refugiadas, ap&aacute;tridas, solicitantes de asilo y personas migrantes indocumentadas, dada su mayor vulnerabilidad por la condici&oacute;n de su detenci&oacute;n o estado legal, tambi&eacute;n son grupos con necesidades espec&iacute;ficas que requieren que el Estado tome medidas concretas para asegurar su acceso a la informaci&oacute;n sexual y reproductiva, as&iacute; como a los bienes y servicios de salud. Los Estados deben garantizar que las personas no sean objeto de acoso por ejercer su derecho a la salud sexual y reproductiva, y deber&aacute;n adoptar medidas para proteger plenamente a las personas que trabajan en la industria del sexo en contra de todas las formas de violencia, la coerci&oacute;n y la discriminaci&oacute;n. &quot;Las personas pertenecientes a determinados grupos pueden verse afectadas de manera desproporcionada por la discriminaci&oacute;n interseccional en el contexto de la salud sexual y reproductiva. Como identifica el Comit&eacute;, entre estos grupos se encuentran las mujeres pobres, las personas con discapacidad, las personas migrantes, ind&iacute;genas o de otras minor&iacute;as &eacute;tnicas, las y los adolescentes, las personas LGBTI y las personas que viven con el VIH / SIDA. Asimismo hay que incluir a las personas sometidas a explotaci&oacute;n sexual, sobre todo mujeres, ni&ntilde;as y ni&ntilde;os. Adem&aacute;s, las mujeres y ni&ntilde;as que viven en situaciones de conflicto est&aacute;n desproporcionadamente expuestas a un alto riesgo de violaciones de sus derechos, entre ellos a agresiones sexuales, esclavitud sexual, embarazos forzados y la esterilizaci&oacute;n forzada&quot; &iquest;QU&Eacute; DEBEN HACER LOS ESTADOS? Tal y como establece el art&iacute;culo 2.1 del Pacto, los Estados Partes deben adoptar medidas con miras a lograr progresivamente la plena realizaci&oacute;n del derecho a la salud sexual y reproductiva. Deben avanzar lo m&aacute;s expedita y eficazmente posible hacia la plena realizaci&oacute;n del m&aacute;s alto nivel posible de salud sexual y reproductiva. Esto significa que, si bien su plena realizaci&oacute;n puede lograrse de manera paulatina, los Estados deben adoptar medidas tendentes a lograr este objetivo. Tales medidas deben ser deliberadas, concretas y orientadas, y han de incluir medidas legislativas y presupuestarias. Tambi&eacute;n deben derogarse las pol&iacute;ticas que anulan o reducen la capacidad de las personas y de los grupos para hacer efectivo su derecho a la salud sexual y reproductiva. La legislaci&oacute;n y las pr&aacute;cticas que limitan la autonom&iacute;a y el derecho a la igualdad y a la no discriminaci&oacute;n en el pleno disfrute del derecho a la salud sexual y reproductiva, deben ser erradicadas, como por ejemplo, la penalizaci&oacute;n del aborto y de las leyes que restringen el aborto. Los Estados partes tambi&eacute;n deben asegurarse de que todas las personas y grupos tienen igual acceso a servicios, bienes e informaci&oacute;n sobre salud sexual reproductiva y eliminar todas las barreras al ejercicios de este derecho que afectan a ciertos grupos concretos. Otra tarea importante es adoptar medidas para eliminar las condiciones y las actitudes que perpet&uacute;an las desigualdades y la discriminaci&oacute;n, en particular las de g&eacute;nero, con el fin de permitir que todas las personas y los grupos puedan disfrutar de su salud sexual y reproductiva en condiciones de igualdad. Los Estados deben reconocer y tomar medidas para rectificar las normas sociales arraigadas y las estructuras de poder que impiden el ejercicio de este derecho, tales como el impacto que tienen los roles de g&eacute;nero en los determinantes sociales de la salud. Estas medidas deben abordar y eliminar asimismo los estereotipos discriminatorios, los supuestos y las normas relativas a la sexualidad y la reproducci&oacute;n, subyacentes en las leyes restrictivas. &quot;Los Estados deben reconocer y tomar medidas para rectificar las normas sociales arraigadas y las estructuras de poder que impiden el ejercicio de este derecho, tales como el impacto que tienen los roles de g&eacute;nero en los determinantes sociales de la salud&quot; Cuando sea necesario, los Estados deber&iacute;an aplicar medidas especiales de car&aacute;cter temporal para superar la discriminaci&oacute;n de larga data, as&iacute; como los estereotipos arraigados contra ciertos grupos, con el objetivo de erradicar las condiciones que perpet&uacute;an la discriminaci&oacute;n. Asimismo debe evitarse la adopci&oacute;n de medidas regresivas. Ejemplos de medidas regresivas son la eliminaci&oacute;n de los registros nacionales de medicamentos para la salud sexual y reproductiva; las leyes y pol&iacute;ticas que reducen o eliminan la financiaci&oacute;n de servicios de salud sexual y reproductiva en la sanidad p&uacute;blica; la imposici&oacute;n de barreras a la informaci&oacute;n, a los bienes y a los servicios sobre salud sexual y reproductiva y la promulgaci&oacute;n de leyes que penalizan ciertas conductas y decisiones en este &aacute;mbito, entre otros. En aquellas circunstancias extremas en las que las medidas regresivas sean inevitables, los Estados deben garantizar que dichas medidas sean s&oacute;lo temporales, que no afecten de manera desproporcionada a las personas y grupos desfavorecidos y que no se apliquen de manera discriminatoria. En la misma l&iacute;nea, los Estados deben abstenerse en interferir directa o indirectamente en el ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas. As&iacute;, las leyes que penalizan el aborto, las actividades sexuales consentidas entre adultos o la identidad o expresi&oacute;n transexual deben ser eliminadas. Tambi&eacute;n deben eliminarse leyes y pol&iacute;ticas que creen barreras en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Esto incluye los requisitos de autorizaci&oacute;n de terceras personas &ndash;padres, madres, c&oacute;nyuges, etc.- y los requisitos de autorizaci&oacute;n judicial para el acceso a los servicios y a la informaci&oacute;n en materia de salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto y la contracepci&oacute;n. Deben eliminarse adem&aacute;s la orientaci&oacute;n sesgada y el establecimiento de per&iacute;odos de espera obligatorios para el divorcio, para contraer nuevamente matrimonio, para acceder a servicios de interrupci&oacute;n del embarazo o las pruebas obligatorias del VIH. &quot;Estas medidas pueden ser incluidas en una estrategia nacional y un plan de acci&oacute;n, que cuenten con una adecuada asignaci&oacute;n presupuestaria, que permita ser revisada peri&oacute;dicamente y sometida a seguimiento, a trav&eacute;s de un proceso participativo y transparente&quot; En relaci&oacute;n a la obligaci&oacute;n de protecci&oacute;n, los Estados han de adoptar medidas para impedir que terceras personas interfieran directa o indirectamente en el ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva. As&iacute;, deber&aacute; prohibirse toda conducta que cause da&ntilde;o a la integridad f&iacute;sica y mental o que socave el pleno disfrute del derecho a la salud sexual y reproductiva. Esta prohibici&oacute;n alcanza a las conductas desarrolladas por los centros de salud privados, los seguros y las compa&ntilde;&iacute;as farmac&eacute;uticas y a las empresas fabricantes de bienes y equipos relacionados con la salud. Tambi&eacute;n deber&aacute; garantizarse el cuidado de la salud f&iacute;sica y mental de las personas sobrevivientes a la violencia sexual y dom&eacute;stica, incluyendo el acceso a la prevenci&oacute;n, anticoncepci&oacute;n de emergencia y servicios de aborto seguro. Estas medidas pueden ser incluidas en una estrategia nacional y un plan de acci&oacute;n, que cuenten con una adecuada asignaci&oacute;n presupuestaria, que permita ser revisada peri&oacute;dicamente y sometida a seguimiento, a trav&eacute;s de un proceso participativo y transparente.

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