Estos son solo algunos datos que se extraen del estudio de CERMI Castilla y León elaborado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (Inico) sobre la situación de las mujeres con discapacidad en la Comunidad, en el que se ha preguntado a más medio millar de estas personas, en el que se pone de manifiesto también que cuatro de cada diez mujeres con capacidades diferentes aseguran sentirse discriminadas.
“Queda mucho por avanzar”, decía el pasado 9 de marzo la consejera de Familia e Igualdad, Isabel Blanco, tras participar junto al presidente del CERMI Castilla y León, Juan Pérez, en la presentación de este informe en el que se revela también que más de la mitad de los ingresos que tienen estas personas procede de una pensión y, el resto, de un trabajo remunerado, o que el 73,5 por ciento de este colectivo tiene concedida la valoración de la dependencia.
La consejera, a tenor de estos datos, apostaba por avanzar más en la formación académica de estas mujeres para promover su desarrollo personal y favorecer su acceso al mercado laboral con el que puedan ganar en autonomía también y hacer frente a esa creciente sensación de dependencia y falta de elección a la que están sometidas estas mujeres con discapacidad.
Otro de los datos preocupantes de este estudio es no todas estas mujeres con discapacidad conocen que existe la figura del asistente personal. Concretamente, seis de cada diez de las encuestadas dice que sí que sabe lo que es pero solo el 21 por ciento lo utiliza, cuando se trata de un recurso que, además, sirve como fuente de empleo para el colectivo, puesto que aparte de aprovecharse de él también pueden ser asistentes personales.
Blanco advirtió también de la “triple discriminación” que sufren las mujeres con discapacidad que viven en el medio rural de Castilla y León, “lo que propicia aun más ese posible aislamiento social”.
La necesidad de obtener más autodeterminación y mejorar los niveles de inclusión social que les permita mayor participación social; e impulsar, de la mano de CERMI y de las universidades, los programas de prevención de la violencia hacia las personas con discapacidad, son otras de las demandas que lanzó la consejera tras conocer este informe.
Desde el CERMI, por su parte, Juan Pérez advirtió de que aún hoy vivimos en una sociedad “bastante machista y capacitista” y aseguró que frente a ello están intensificando el trabajo en el empoderamiento de las mujeres con discapacidad para plantar cara también a la discriminación de género y violación de derechos humanos que presentan.
