Las acciones de formación que son objeto de este convenio forman parte del Eje 3 del Pacto de estado contra la Violencia de Género. Entre ellas, figura la de "dotar de mayores recursos a los equipos psicosociales para que los jueces puedan contar sin dilación con los pertinentes informes, evitando el colapso de los juzgados".
La segunda de las medidas hace referencia "a establecer, en el plazo máximo de dos años, las Unidades de Valoración Forense Integral de las que podrán formar parte psicólogos y trabajadores sociales y que, entre otras funciones, asistirán a los jueces en la valoración del riesgo".
Las otras dos medidas con las que también son acordes con este convenio pretenden diseñar un Plan de Acompañamiento y Asesoramiento de la víctima personalizado con información accesible a las mujeres víctimas de violencia de género y, por último, impulsar las Oficinas de Asistencia a la víctima del delito como punto de acceso o ventanilla única para la atención a las víctimas, además de establecer un protocolo específico para menores.
