Una operación estadística de esta naturaleza permitirá la puesta en marcha de una política pública adecuada que sitúe en el centro a todas las mujeres sin excepción y que en nuestro sector tome en consideración los riesgos concretos y los factores de vulnerabilidad, como la incapacitación legal, la institucionalización, el incesto, la pobreza, la ruralidad, la edad y el tipo de discapacidad", ha destacado Caballero en la reunión.
Desde el CERMI han informado también de que "aproximadamente" hay en España dos millones de mujeres y niñas con discapacidad" de las que, según ha denunciado, "un alto porcentaje ha sufrido o sufre algún tipo de violencia". Y, en este sentido, ha mencionado algunos informes, como la Macroencuesta de 2019 realizada por el Ministerio de Igualdad sobre violencia contra las mujeres.
Caballero también ha recalcado algunas medidas específicas que, a su juicio, deberían ponerse en marcha, como facilitar el acceso de mujeres y niñas con discapacidad a lecturas informativas adaptadas sobre prevención de la violencia de género; diseñar protocolos específicos para ellas; o garantizar la accesibilidad, tanto a los números de teléfono públicos a disposición de la ciudadanía, como a los centros y servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género.
Garantizar el acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad y trabajar en el desarrollo e implantación de la figura de la asistencia personal en el ámbito de la violencia contra las mujeres con discapacidad, son otras de las propuestas de la coordinadora de CERMI Mujeres.
