Así lo afirmó Caballero en una mesa redonda sobre esterilizaciones forzosas organizada por Plena Inclusión y la agencia Servimedia el pasado día 16 de octubre, donde expertas y activistas reclamaron modificar el Código Penal para eliminar el supuesto que despenaliza estas prácticas.
Según explicó, el Convenio de Estambul "establece de forma clara" que las esterilizaciones y los abortos forzosos son una forma de violencia contra la mujer. Sin embargo, aunque España ha ratificado este tratado, "continuamos con la inercia de considerar que con ello se defiende a las mujeres", cuando en realidad "es una violación de sus derechos".
Caballero explicó que CERMI Mujeres ha mantenido contactos con expertas del Consejo de Europa para tratar esta posibilidad e indicó que también abordaron el tema en las negociaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En su opinión, la ley integral que regula estos delitos debería ampliarse y no limitarse solo a la violencia que se ejerce en el marco de la pareja, e incluir así la violencia sexual y otros tipos de maltrato.
En España se registran unas 100 esterilizaciones forzosas al año de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente y aunque no hay estadísticas desagregadas ni por sexo ni por tipo de discapacidad, "todas las asociaciones nos dicen que afecta de manera muy mayoritaria a mujeres". Por ello, Caballero reclamó un registro estadístico "más exhaustivo", que "nos permita un mejor conocimiento" de la realidad.
Por su parte, la responsable del Área de Mujer y Familia de Plena inclusión Madrid, Rebeca Tur, pidió suprimir el párrafo segundo del artículo 56 del Código Penal, donde previa autorización por parte de un juez se permite esterilizar sin consentimiento a aquellas personas incapacitadas que no puedan expresar su conformidad.
En su opinión, esta previsión "es contraria a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a todo el ordenamiento jurídico español". "Atenta contra el principio de igualdad (afecta mucho más a mujeres que a hombres); contra el derecho a la integridad física, y contra el derecho a formar una familia", declaró.
Dos comités de la ONU, el de Derechos de Personas con Discapacidad y el de Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, "han llamado la atención a España por este motivo", concluyó.
