Tras una rápida lectura de los programas electorales observamos que la mayoría incluye propuestas relacionadas con la igualdad, la prevención y el abordaje de la violencia de género y, en algunos casos, medidas sobre la promoción de la autonomía personal y la atención a las situaciones de dependencia, aunque en esta materia, y como bien sabemos, solo cabe hablar de retroceso en la consolidación de aquello que se dio en llamar “nuevo pilar del estado del bienestar”.
Sin duda, la política en torno a los cuidados sigue siendo una de las asignaturas pendientes, fenómeno que da buena cuenta de la escasa valoración social que se otorga a “lo reproductivo”, algo que se condice, a su vez, con la inexistente contabilización en términos puramente económicos de estas aportaciones, realizadas en su inmensa mayoría, no lo olvidemos, por mujeres. Pero cuando llega la hora de poner en marcha políticas y asignar presupuesto, el contenido programático de estas propuestas se desvanece en el aire.
Sobre esto las mujeres con discapacidad tienen mucho que decir, ya que, para identificar sus reivindicaciones con las propuestas electorales de los partidos políticos se han visto obligadas en la mayoría de los casos a realizar un ímprobo esfuerzo de imaginación, conectando de manera forzada medidas que solamente de forma fragmentaria ofrecen respuestas a todas sus peticiones.
Por ejemplo, ¿a qué se debe esa obcecación por diseñar políticas de discapacidad y políticas de igualdad de género como si fueran vías en paralelo que nunca llegan a entrecruzarse? Tener que recordar que la población de personas con discapacidad está compuesta por mujeres y hombres, y que las desigualdades de género también se producen en este sector, no puede resultar más que sonrojante.
Lo mismo ocurre con las políticas de igualdad de género. Esto no quiere decir que dichas políticas no beneficien a las mujeres con discapacidad –de hecho representan el 16% del total de mujeres en el conjunto de la población- pero hay que avanzar un poco más e impulsar una nueva forma de abordar desde lo político la complejidad y diversidad de la sociedad española actual. En esta línea, las mujeres con discapacidad del CERMI han realizado profundo diagnóstico de su realidad y cuentan con una propuesta de acciones bien estructurada a través del II Plan Integral de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2013-2016. Estas son las demandas que hay que hacer valer ante quienes nos representan políticamente a partir de un enfoque que no aísle artificialmente en compartimentos estancos las demandas de la ciudadanía.
