Las reformas que implican el reconocimiento de la capacidad jurídica, ser titular de derechos y crear, modificar y/o terminar relaciones legales en igualdad de condiciones que las demás personas, generan un enorme impacto en las mujeres con discapacidad, en especial, en todo lo que tiene que ver en torno a su autonomía y en la toma de decisiones de y sobre sus propios cuerpos. Violar la capacidad jurídica de las mujeres con discapacidad significa violar una parte de sus vidas, seguir construyendo la historia distorsionada en donde los estereotipos nocivos triunfan ante la protección y garantía de derechos.
Colombia, vino a dar luz y a brindarnos al resto de los países un faro de cómo la sociedad civil, incluidas las organizaciones representativas de mujeres con discapacidad, debemos actuar ante los procesos de cambios estructurales como éste.
Hablamos con Andrea Parra, abogada colombiana, activista legal, miembro de la Coalición por la Implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en Colombia, para que nos cuente cómo fue el proceso de reforma y qué impacto genera en las mujeres con discapacidad.
FCM: Cuéntanos un poco del proceso de negociación, lobby y activismo para lograr esta reforma en Colombia acerca del ejercicio de la capacidad jurídica. ¿Qué papel tuvieron las mujeres con discapacidad? ¿Hubo consulta del Estado a las mujeres y organizaciones representativas de mujeres con discapacidad?
AP: Este ha sido un proceso de varios años en el que han participado mujeres con discapacidad también, sobre todo mujeres con discapacidad intelectual y mujeres con discapacidad física. Particularmente Camila Lozano, mujer con discapacidad intelectual y Natalia Moreno, mujer con discapacidad física, han participado desde el comienzo en los procesos de educación comunitaria y de incidencia. Ellas dos estuvieron presentes en la audiencia sobre derechos sexuales y reproductivos que se hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Creo que lo principal frente a este proceso es contar que ha sido un proceso de incidencia en múltiples ámbitos. No fue simplemente cómo proponer la ley. Sabíamos que el Congreso de Colombia es muy difícil para aprobar leyes, entonces hubo muchos procesos, uno de incidencia internacional como la presentación del informe sombra ante el Comité de la CEDAW y ante el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para seguir generando recomendaciones a Colombia sobre el tema de capacidad jurídica, con un énfasis claro en como la incapacitación jurídica y en la interdicción, que son también mecanismos que se utilizan para esterilizar, sobre todo a mujeres con discapacidad.
Adicionalmente, mucho del trabajo que se hizo fue ante la Corte Constitucional presentando amicus curiae, cuando había casos relacionados con, no directamente pero tangencialmente con capacidad jurídica. Por ejemplo hubo un caso de una mujer, que estaba bajo medida de interdicción, que el esposo había sido designado como guarda y había una situación de violencia intrafamiliar y ella había manifestado que su madre fuera su guarda. Había una pelea entre la madre y el esposo y, al identificarse que hubo violencia intrafamiliar, nosotros intervinimos para afianzar lo establecido por el artículo 12 de la CDPD.
Otro caso fue sobre educación y capacidad jurídica, que una universidad decía que no podían ingresar estudiantes por tener medida de interdicción. Esos fueron casos que hicieron el proceso de contexto legal.
Cuando ya empezamos para el proceso de iniciar la redacción del proyecto de ley, en ese momento se había recién aprobado la Ley Estatutaria 1618, en la que participaron personas aliadas, como Natalia Ángel y Lucas Correa, y la sociedad civil, que incorporaba los mandatos de la CDPD y daba específicas órdenes a entidades y organismos territoriales de implementación. Uno de esos artículos ordenaba al Ministerio de Justicia, a la Procuraduría General de la Nación y al Instituto Colombiano de Violencia Familiar a iniciar un proceso de reforma legislativa que se ajustara al artículo 12 de la Convención, utilizando ese artículo como un mandato legislativo para las entidades.
Nosotros empezamos a trabajar con el Ministerio de Justicia y con la Procuraduría y en ese momento un gran impulsor fue el Delegado Presidencial para los Derechos de las Personas con Discapacidad, Juan Pablo Salazar, con quien tuvimos conversaciones iniciales sobre la importancia del artículo 12 y de implementarlo. Entonces como Presidencia, se convoca reuniones con las entidades del Estado para hablar sobre este mandato específico, de ajustar la legislación al artículo 12, en particular porque muchas de esas organizaciones iban a tener que ver con la implementación de una ley que implicara un sistema de toma de decisiones con apoyo.
Con representantes de entidades, como la fiscalía, la defensoría, el Instituto Colombiano de Medicina Legal, y por la sociedad civil participó Andrea Cortés, que es una activista con discapacidad psicosocial y participó también Mónica Cortés, directora de Asdown. La casa de las discusiones en sociedad civil es la Coalición Colombiana por la Implementación de la Convención, de la cual hacen parte varias mujeres con discapacidad y organizaciones de mujeres con discapacidad entonces siempre se retroalimentaba la información a través de ese canal.
Luego de eso, se hizo la redacción inicial del proyecto. Juan pablo Salazar venía realizando un trabajo con congresistas que se conoció como la Bancada-IN (por inclusión). Congresistas aliados dispuestos/as a conocer más de la discapacidad y trabajar con esta perspectiva. También, Angélica Lozano, congresista lesbiana que siempre ha trabajado en contra de la exclusión social, fue nuestra gran aliada para que el proyecto pudiera entrar al Congreso.
La defensoría del pueblo presento el proyecto, PAIIS y otras profesionales y académicos, acompañaron de una manera técnica. Se discutía el proyecto y los retos procedimentales que presenta eliminar la interdicción.A partir de eso, en la audiencia ante la Cámara de representantes que es donde inició el proyecto (en Colombia son cuatro debates), en la audiencia ante la comisión, varias personas con discapacidad presentaron su testimonio, tales como Sergio Araque y Camila Lozano.
El proceso tardo dos años, estábamos con mucha angustia de que el proyecto no sea aprobado porque en Colombia si un proyecto dura 2 años sin haberse discutido en los 4 debates se archiva. Temíamos que no se discutiera y que no se le dé prioridad y, en consecuencia, que no llegue a tiempo a su último debate. De hecho, si no se aprobaba para el 20 de junio, como se hizo, se archivaba y teníamos que reiniciar el proceso desde cero. Gracias al apoyo de senadores y senadoras como Angélica Lozano y el senador Pinto el proyecto se avanzo y se logró poner en el orden del día y fue aprobado.
FCM: ¿Qué impacto tiene y tendrá esta reforma para la protección, promoción y garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres con discapacidad?
En el sistema de justicia y en la sociedad, todavía se debe de hacer un gran trabajo para lograr cambios estructurales y de mentalidades. ¿Cómo se preparan las organizaciones de mujeres con discapacidad?
AP: Tiene un impacto enorme en las mujeres con discapacidad y el trabajo que hay que hacer es una cuestión de garantizar desde sociedad civil que la ley se implemente de manera correcta.
Uno de los impactos principales y uno de los proyectos en el que trabajamos muy intensamente fue en la protección de los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, el caso de la esterilización impacta muchísimo más a mujeres con discapacidad y esa es una de las maneras en que la interdicción se ha utilizado en Colombia de manera muy consistente. La eliminación de la interdicción permite asegurar que esto deje de ocurrir, que ninguna mujer sea esterilizada sin su consentimiento o que atraviese por ejemplo un aborto forzoso. Es la persona designada como guarda quien presta el consentimiento en temas de salud.
Aun la tiene que firmar el presidente a la reforma y no ha entrado en vigor. Pero definitivamente, la eliminación de la interdicción tiene un tema de perspectiva de género enorme. También en temas de violencia sexual, por ejemplo interdicción impide contar con la posibilidad de prestar testimonio en procedimientos judiciales penales y esto también cambia con la reforma.
En este momento el proceso desde sociedad civil requiere muchísima educación. Aun hay muchísimo escepticismo, por ejemplo, hay muchas familias que aun consideran que eliminar la interdicción significa desproteger a sus hijos e hijas. Entonces nos estamos preparando desde sociedad civil, incluyendo desde organizaciones de mujeres con discapacidad, realizando procesos educativos públicos sobre el contenido de la ley y sus implicaciones y garantizar que el Estado cumpla sus funciones en términos de la implementación de la norma.
Hay un proceso de transición actual que está contemplado en la ley, de dos años, que va a ser un proceso de ajustes y de empujar muchísimo desde sociedad civil y desde la coalición colombiana por la implementación de la convención y es desde donde lo estamos haciendo.
Andrea Parra es abogada colombiana, activista legal y tallerista experiencial. Hasta junio de 2018 fue directora de incidencia de la organización internacional feminista CREA. Entre 2016 y 2017 se desempeñó como profesora de la Clínica de Justicia Migratoria de la Facultad de Derecho de American University. Entre 2011 y 2016 se desempeñó como directora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS), una clínica jurídica de derechos humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes que realiza acciones de incidencia legal y política en contra de la discriminación con base en discapacidad, orientación sexual e identidad de género.
Twitter: @andreparrafo
