La participación política de las mujeres con discapacidad

Los derechos pol&iacute;ticos aparecen tambi&eacute;n recogidos en otros tratados como por ejemplo en la Convenci&oacute;n Internacional sobre la Eliminaci&oacute;n de todas las Formas de Discriminaci&oacute;n Racial (art. 5 c), en la Convenci&oacute;n sobre la eliminaci&oacute;n de todas las formas de discriminaci&oacute;n contra la mujer (arts. 7 y 8) y en la Convenci&oacute;n Internacional sobre la protecci&oacute;n de los derechos de todas las personas trabajadoras migrantes y de sus familiares (art. 41). En el &aacute;mbito regional encontramos el Protocolo del Convenio Europeo para la Protecci&oacute;n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (art. 3), la Convenci&oacute;n Americana sobre Derechos Humanos (art. 23) y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (art. 13). La normativa internacional de manera general reconoce que no se puede impedir o restringir de hecho o de derecho a la ciudadan&iacute;a el goce de los derechos pol&iacute;ticos por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi&oacute;n, opiniones pol&iacute;ticas o de cualquier otra &iacute;ndole, origen nacional o social, posici&oacute;n econ&oacute;mica, nacimiento o cualquier otra condici&oacute;n social, entre las que habr&iacute;a que incluir la discapacidad. Sobre esta cuesti&oacute;n, el art&iacute;culo 29 de la Convenci&oacute;n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre Participaci&oacute;n en la vida pol&iacute;tica y p&uacute;blica, establece que los Estados Partes est&aacute;n obligados a garantizar a las personas con discapacidad los derechos pol&iacute;ticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las dem&aacute;s, comprometi&eacute;ndose a asegurar su participaci&oacute;n plena y efectiva en la vida pol&iacute;tica y p&uacute;blica en igualdad de condiciones con las dem&aacute;s, directamente o a trav&eacute;s de personas representantes libremente elegidas, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar, ser elegidas y ejercer cargos p&uacute;blicos. Para que esto sea posible ha de garantizarse asimismo que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y f&aacute;ciles de entender y utilizar, utilizando las nuevas tecnolog&iacute;as cuando as&iacute; sea necesario. Sobre esta cuesti&oacute;n, el 2&ordm; Manifiesto de los Derechos de las Mujeres y Ni&ntilde;as con Discapacidad de la Uni&oacute;n Europea. Una herramienta para activistas y responsables pol&iacute;ticos, alude en el punto 14.1, a la necesidad de velar porque este derecho fundamental no se vea conculcado en el caso de las mujeres con discapacidad, asegurando su participaci&oacute;n plena y efectiva en la vida pol&iacute;tica y p&uacute;blica, incluidos su derecho y su posibilidad de votar y ser elegidas. Esta reivindicaci&oacute;n hay que ponerla en conexi&oacute;n necesariamente con los art&iacute;culos 7 y 8 de la Convenci&oacute;n sobre la Eliminaci&oacute;n de Todas las Formas de Discriminaci&oacute;n de la Mujer de 1979, en virtud de los cuales los Estados deber&aacute;n tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminaci&oacute;n contra la mujer en la vida pol&iacute;tica y p&uacute;blica del pa&iacute;s y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a votar en todas las elecciones y refer&eacute;ndums p&uacute;blicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones p&uacute;blicas. Tambi&eacute;n deber&aacute; garantizarse su participaci&oacute;n en la formulaci&oacute;n y ejecuci&oacute;n de pol&iacute;ticas gubernamentales as&iacute; como el derecho a ocupar cargos p&uacute;blicos y a participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida p&uacute;blica y pol&iacute;tica del pa&iacute;s. Estas garant&iacute;as se extender&aacute;n al derecho de las mujeres a representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales. Estas obligaciones internacionales han de ponerse contacto con los mandatos legales establecidos en el ordenamiento jur&iacute;dico interno de cada pa&iacute;s. En Espa&ntilde;a, la Ley Org&aacute;nica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece una serie de medidas tendentes a asegurar la presencia de las mujeres en &aacute;mbitos de poder de la vida p&uacute;blica del pa&iacute;s, aunque nada dice respecto de las mujeres con discapacidad. La norma se&ntilde;ala en la Disposici&oacute;n adicional primera que se entender&aacute; por composici&oacute;n equilibrada, la presencia de mujeres y hombres de forma que en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. Entre otras previsiones en esta materia la ley contiene la obligaci&oacute;n dirigida a los partidos pol&iacute;ticos de reservar al menos el 40% de los puestos en las listas electorales a las mujeres (Disposici&oacute;n adicional segunda que modifica la Ley Org&aacute;nica 5/1985, de 19 de junio, de R&eacute;gimen Electoral General). Si bien las mujeres y hombres con discapacidad deber&iacute;an tener presencia acorde con su importancia cuantitativa en la vida pol&iacute;tica e institucional, formando parte de los partidos pol&iacute;ticos y ocupando puestos y cargos de responsabilidad en las instituciones p&uacute;blicas, no existe en nuestro pa&iacute;s un sistema de cuotas dirigida a promover la participaci&oacute;n de las mujeres y hombres con discapacidad en la vida pol&iacute;tica espec&iacute;ficamente y son a&uacute;n escasas las iniciativas encaminadas a empoderar y fomentar la presencia de las mujeres de este sector de poblaci&oacute;n en la esfera p&uacute;blica. RECUERDA&hellip; Conoce tus derechos Para facilitar a las personas con discapacidad el ejercicio de su derecho de sufragio en las pr&oacute;ximas elecciones generales en Espa&ntilde;a, el CERMI ha publicado el Manual de Garant&iacute;a del derecho del voto y de accesibilidad del proceso electoral para personas con discapacidad &ldquo;Tu voto y tu participaci&oacute;n suman. Que no te resten.&rdquo; Entre otras cosas, el Manual hace especial hincapi&eacute; en cuestiones tales como la accesibilidad en los colegios electorales y en la informaci&oacute;n, que debe extenderse a las campa&ntilde;as electorales, a la propaganda electoral, campa&ntilde;as institucionales, etc. incluyendo p&aacute;ginas de internet y documentaci&oacute;n impresa, servicios de atenci&oacute;n telef&oacute;nica y soportes audiovisuales, tal y como exige Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones b&aacute;sicas para la participaci&oacute;n de las personas con discapacidad en la vida pol&iacute;tica y en los procesos electorales. Este Reglamento adem&aacute;s recoge que en aquellos casos en los que la persona tenga limitaciones de movilidad podr&aacute; solicitar transporte accesible cuando as&iacute; sea necesario para emitir su voto. En caso de que una persona con discapacidad forme parte de una mesa electoral &eacute;sta tendr&aacute; derecho a los ajustes razonables y adaptaciones que garanticen su participaci&oacute;n. Asimismo el documento hace alusi&oacute;n al derecho al secreto en el voto, por lo que siguiendo las disposiciones del Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, se debe facilitar a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio. Finalmente solo queda se&ntilde;alar la denuncia que contiene este documento al afirmar que las sentencias que modifican la capacidad jur&iacute;dica de las personas con discapacidad, suprimiendo el derecho de voto, son contrarias al art&iacute;culo 29 de la Convenci&oacute;n sobre los derechos de las personas con discapacidad. Se estima que en nuestro pa&iacute;s hay cerca de 80.000 personas afectadas por sentencias de este tipo, sin que existan datos sobre este extremo desagregados por sexo. Recordemos que en sus observaciones finales sobre Espa&ntilde;a, el Comit&eacute; de personas expertas sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas estableci&oacute; una relaci&oacute;n entre la privaci&oacute;n de capacidad jur&iacute;dica y el derecho a votar y expres&oacute; su preocupaci&oacute;n por que se pudiera restringir el derecho a votar de las personas con discapacidad intelectual o con una discapacidad de la salud mental si la persona interesada ha sido privada de su capacidad jur&iacute;dica o internada en una instituci&oacute;n. Adem&aacute;s, el Comit&eacute; observ&oacute; que la privaci&oacute;n de ese derecho parec&iacute;a ser &quot;la regla y no la excepci&oacute;n&quot;, como lo demostraba el n&uacute;mero de personas con discapacidad a las que se hab&iacute;a negado el derecho a votar y lament&oacute; &quot;la falta de informaci&oacute;n sobre el rigor de las normas en materia de prueba, sobre los motivos requeridos y sobre los criterios aplicados por los jueces para privar a las personas de su derecho de voto.&quot; El Comit&eacute; recomend&oacute; &quot;que se revise toda la legislaci&oacute;n pertinente para que todas las personas con discapacidad, independientemente de su deficiencia, de su condici&oacute;n jur&iacute;dica o de su lugar de residencia, tengan derecho a votar y a participar en la vida p&uacute;blica en pie de igualdad con los dem&aacute;s&quot;. Puedes descargar el manual en el siguiente enlace: http://www.cermi.es/es-ES/Novedades/Lists/Novedades/Attachments/1882/GU%C3%8DA%20ELECCIONES%202015%20DEFINITIVO.doc &iquest;Qu&eacute; piden las mujeres y ni&ntilde;as con discapacidad al pr&oacute;ximo gobierno de Espa&ntilde;a? Como se&ntilde;ala Ana Pel&aacute;ez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundaci&oacute;n CERMI Mujeres, los derechos humanos se convierten en realidad cuando la ciudadan&iacute;a en su conjunto conoce cu&aacute;les son esos derechos y ha interiorizado su valor. La toma de conciencia y la cultura de los derechos humanos son ejes b&aacute;sicos de una sociedad democr&aacute;tica. Pero raramente los distintos grupos pol&iacute;ticos hacen una reflexi&oacute;n verdadera de estos principios, que despu&eacute;s no trascienden a las diferentes propuestas electorales. Por esta raz&oacute;n, es importante impulsar iniciativas encaminadas a crear esta conciencia; no solo entre quienes lo tienen peor, sino tambi&eacute;n entre las personas que integran las instituciones p&uacute;blicas que sirven a la ciudadan&iacute;a. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD En nuestro pa&iacute;s no hay datos oficiales en relaci&oacute;n a la violencia de g&eacute;nero que sufren las mujeres con discapacidad. Solo en la &uacute;ltima Macroencuesta sobre violencia de 2015, desarrollada por la Delegaci&oacute;n del Gobierno para la Violencia de G&eacute;nero, se ha introducido el indicador de la discapacidad, aunque solamente en el ep&iacute;grafe relacionado con los asesinatos machistas cometidos, lo que significa que &uacute;nicamente conocemos cu&aacute;l es el n&uacute;mero de mujeres con discapacidad que son asesinadas por sus parejas o exparejas. Tambi&eacute;n la Macroencuesta hace alusi&oacute;n a las mujeres con discapacidad (con certificado de discapacidad con grado igual o superior al 33%) que han sufrido al incluir el porcentaje de las que reconocen haber sufrido violencia f&iacute;sica, sexual o miedo de sus parejas o exparejas, un 23,3%, porcentaje claramente superior al de las mujeres sin discapacidad, que asciende al 15,1%. Poca informaci&oacute;n se puede extraer hasta ahora de estos registros estad&iacute;sticos. Esta realidad da buena cuenta del grado de invisibilidad que sufren las mujeres con discapacidad, a quienes no se las considera potenciales v&iacute;ctimas de violencia de g&eacute;nero, al no ser vistas en el imaginario colectivo ni siquiera como mujeres. De ah&iacute; la necesidad de poner en marcha una Macroencuesta sobre la violencia contra las mujeres y ni&ntilde;as con discapacidad que permita conocer el estado de la cuesti&oacute;n y poder, en &uacute;ltima instancia, adoptar una pol&iacute;tica p&uacute;blica acorde a esta realidad. As&iacute; mismo, es necesario exigir la garant&iacute;a de la plena accesibilidad de todos los recursos disponibles para atender estas situaciones de violencia (medios de denuncia, red de casas de acogida, pisos de emergencia, campa&ntilde;as de concienciaci&oacute;n, materiales formativos e informativos, formaci&oacute;n especializada sobre g&eacute;nero y discapacidad a los agentes implicados, etc.). VIDA PLENA EN LA COMUNIDAD Poder desarrollar una vida plena en comunidad es un derecho que ha sido, en muchos casos, negado a las personas con discapacidad y, por ello, es una de las aspiraciones m&aacute;s reivindicadas. La caracterizaci&oacute;n por parte de la sociedad de las personas con discapacidad como objetos de cuidado, sin proyecto de vida propio y sin la autonom&iacute;a ni la independencia necesarios para poder adoptar sus decisiones, ha lastrado sus posibilidades reales de dise&ntilde;ar y llevar a efecto un plan acerca de c&oacute;mo se quiere vivir, d&oacute;nde y con qui&eacute;n. Con una cuesti&oacute;n evidente de g&eacute;nero estos obst&aacute;culos han afectado de una manera muy especial a las mujeres con discapacidad. En nuestro pa&iacute;s la Ley 39/2006 de Promoci&oacute;n de la Autonom&iacute;a Personal y Atenci&oacute;n a las personas en situaci&oacute;n de dependencia supuso un importante paso adelante en la conquista de derechos de, entre otros sectores de poblaci&oacute;n, las personas con discapacidad, ya que establec&iacute;a las bases de un modelo de promoci&oacute;n de la autonom&iacute;a y atenci&oacute;n a las situaciones de dependencia donde era la persona el sujeto central de los servicios y prestaciones. Sin embargo, y m&aacute;s all&aacute; de las consideraciones acerca de su escaso grado de cumplimiento, esta norma ten&iacute;a un claro sesgo de g&eacute;nero, que ya fue se&ntilde;alado en su d&iacute;a por las organizaciones de mujeres y por el CERMI. As&iacute; por ejemplo, el hecho de que de manera sistem&aacute;tica se considerara a las personas con discapacidad como objetos pasivos de cuidado, nunca como sujetos activos y protagonistas de su propia vida, invisibilizaba, entre otras muchas cosas, la tarea que miles de mujeres con discapacidad desarrollan cotidianamente en el &aacute;mbito dom&eacute;stico en el marco de la econom&iacute;a de los cuidados, negando a su vez su capacidad real de desarrollar un proyecto de vida propio. Por otro lado, el reconocimiento de la figura del cuidador(a) familiar (recordemos que la aplastante mayor&iacute;a de las personas que realizan tareas de cuidado en nuestro pa&iacute;s son mujeres) vino a consolidar el trabajo precario y no valorado, precisamente, de las mujeres en el hogar. Esta distorsi&oacute;n se acentu&oacute; desde el momento en el que su car&aacute;cter excepcional del cuidado informal, reconocido as&iacute; legalmente, se convirti&oacute; en la regla general. Queda m&aacute;s que claro que el mandato legal contenido en el art&iacute;culo 19 &ldquo;Derecho a vivir de forma independiente y al ser incluido en la comunidad&rdquo; de la Convenci&oacute;n de los Derechos de las Personas con Discapacidad sigue siendo una asignatura pendiente en el estado espa&ntilde;ol. Para avanzar sobre esta cuesti&oacute;n, una de las propuestas podr&iacute;a ser desarrollar un programa de promoci&oacute;n de la autonom&iacute;a personal dirigido a las mujeres con discapacidad en cumplimiento de la Convenci&oacute;n antes mencionada, que incluya adem&aacute;s protocolos de funcionamiento de centros residenciales y centros de d&iacute;a, que promuevan la vida independiente con enfoque de g&eacute;nero. Igualmente ser&iacute;a importante introducir en los programas de vivienda p&uacute;blica la perspectiva de la discapacidad, no s&oacute;lo tomando en consideraci&oacute;n criterios de accesibilidad del entorno construido y urban&iacute;stico, sino tambi&eacute;n garantizando la prioridad en la adjudicaci&oacute;n a mujeres con discapacidad sin ingresos, mujeres con discapacidad v&iacute;ctimas de violencia o mujeres con discapacidad en riesgo de abandono. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Son todav&iacute;a muchos los obst&aacute;culos que las mujeres y ni&ntilde;as con discapacidad siguen encontrando para ejercer sus derechos reproductivos, obst&aacute;culos que son fruto de un imaginario social err&oacute;neo que piensa que su reproducci&oacute;n debe ser sometida a control. As&iacute; se va de la maternidad impuesta a la maternidad negada, sin que la libre decisi&oacute;n de las mujeres sea tenida en cuenta. De ah&iacute; que sea urgente demandar con contundencia que se proh&iacute;ba las pr&aacute;cticas de esterilizaci&oacute;n y aborto coercitivo, sin la autorizaci&oacute;n de la mujer con discapacidad, que deber&aacute; recibir previamente informaci&oacute;n accesible con los apoyos necesarios para que sea comprensible. SALUD Ser&iacute;a recomendable realizar una revisi&oacute;n de Plan Estrat&eacute;gico Nacional de Salud Sexual y Reproductiva para introducir la perspectiva de g&eacute;nero y discapacidad. En la misma l&iacute;nea, hay que introducir en los Planes de Salud Mental servicios con enfoque de discapacidad y g&eacute;nero, que tengan en cuenta el impacto de los factores culturales, econ&oacute;micos y sociales que inciden en la salud mental de las mujeres con discapacidad. EDUCACI&Oacute;N El derecho a la Educaci&oacute;n es un derecho humano clave para ejercer el resto de los derechos fundamentales. Es adem&aacute;s el motor para salir de situaciones de exclusi&oacute;n social y de la pobreza. Para las mujeres es, asimismo, una herramienta emancipadora y crucial a la hora de acceder a un empleo y alcanzar autonom&iacute;a econ&oacute;mica. Sobre esta cuesti&oacute;n, la Encuesta sobre Discapacidades, Autonom&iacute;a personal y situaciones de Dependencia de 2008 nos ofrece datos a tener muy en cuenta. Cuando se analizan los datos sobre niveles de estudio de la poblaci&oacute;n con discapacidad desagregados por sexo podemos ver que los porcentajes entre mujeres y hombres difieren. Un 13,06% de las mujeres con discapacidad no saben ni leer ni escribir, frente a un 7,25 de los varones. Los niveles de estudios m&aacute;s altos entre las mujeres se concentran en los niveles formativos b&aacute;sicos, es decir, en el apartado relativo a los estudios primarios incompletos lo que da cuenta de la desigualdad que entre unas y otros sigue existiendo en el &aacute;mbito educativo en nuestro pa&iacute;s. Si ponemos en contacto estos datos con los de la poblaci&oacute;n sin discapacidad las desigualdades se acrecientan preocupantemente. Es preciso garantizar el ejercicio del derecho a la educaci&oacute;n de manera real y efectiva para todas las mujeres y ni&ntilde;as con discapacidad a lo largo de todo el ciclo vital, lo que tiene una especial relevancia para mujeres mayores desalfabetizadas, con especial atenci&oacute;n al medio rural. Todo ello, a trav&eacute;s de la adopci&oacute;n y aplicaci&oacute;n de planes (con plazos concretos de realizaci&oacute;n) de eliminaci&oacute;n de barreras arquitect&oacute;nicas y de la comunicaci&oacute;n en los centros educativos p&uacute;blicos y dotaci&oacute;n de recursos humanos, did&aacute;cticos, y tecnol&oacute;gicos apropiados. EMPLEO En nuestro pa&iacute;s las mujeres con discapacidad tienen menos presencia activa en el mercado laboral que los varones con discapacidad y, por supuesto, mucho menor que la de las mujeres y hombres sin discapacidad. Presentan, por lo tanto, los peores datos con una baja tasa de actividad y de empleo del 23,9 y con una tasa de paro que ronda el 30%. Esto redunda en la situaci&oacute;n de precariedad en la que muchas de las mujeres se encuentran hoy d&iacute;a y, muy especialmente, en el contexto de crisis actual. Hablar de pobreza en Espa&ntilde;a es hablar, por ejemplo, de las mujeres con discapacidad. Una reivindicaci&oacute;n hist&oacute;rica en este &aacute;mbito se centra en garantizar la igualdad real de mujeres y hombres en el acceso y mantenimiento del empleo, adoptando las medidas de acci&oacute;n positiva para mujeres con discapacidad emprendedoras, o trabajadoras por cuenta ajena, que promuevan su presencia en el mercado laboral. Igualmente, resulta necesario incentivar a las empresas por la contrataci&oacute;n de mujeres con discapacidad y de mujeres que han desarrollado tareas de cuidado de familiares con discapacidad, que sean mayores de 45 a&ntilde;os, con el objetivo de facilitar su reincorporaci&oacute;n al mundo laboral. Todo ello precisar&aacute;, en todo caso, mecanismos desde la Inspecci&oacute;n de Trabajo encaminados a garantizar el efectivo cumplimiento de las cuotas de reserva para mujeres con discapacidad demandantes de empleo en los servicios p&uacute;blicos de colocaci&oacute;n, entre otros. Otra medida que facilitar&iacute;a el acceso y la permanencia en el mercado laboral de las mujeres con discapacidad ser&iacute;a el desarrollo de un plan de alfabetizaci&oacute;n digital dirigido espec&iacute;ficamente a las mujeres con discapacidad y mujeres cuidadoras de familiares de discapacidad, especialmente necesario si se tiene en cuenta que la brecha digital por g&eacute;nero se acent&uacute;a en la poblaci&oacute;n con discapacidad. PARTICIPACI&Oacute;N POL&Iacute;TICA El derecho a la participaci&oacute;n pol&iacute;tica de las mujeres es un derecho humano que se basa en el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres. Es imposible concebir una sociedad democr&aacute;tica cuando la adopci&oacute;n de decisiones en torno a la res publica, es decir, sobre la &ldquo;cosa p&uacute;blica&rdquo; recae solamente sobre una parte de la poblaci&oacute;n exclusivamente. Las trabas que las mujeres han encontrado en la sociedad y en el ordenamiento jur&iacute;dico a la hora de ver su derecho a participar en la vida p&uacute;blica han de conectarse necesariamente con el reconocimiento del derecho de sufragio activo y pasivo de las personas con discapacidad, as&iacute; como abundar en las limitaciones flagrantemente contrarias a los derechos humanos a la luz de la Convenci&oacute;n de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que a&uacute;n se mantienen en la normativa que regula en Espa&ntilde;a el R&eacute;gimen Electoral General as&iacute; como las barreras de diversa naturaleza, que desincentivan, cuando no niegan, el efectivo ejercicio de este derecho. Para promocionar la presencia de las mujeres con discapacidad en la escena p&uacute;blica, y no solamente en el ejercicio del sufragio activo, sino tambi&eacute;n en el pasivo, ser&iacute;a necesario introducir en las listas electorales candidatas mujeres con discapacidad, en puestos con posibilidad de salir elegidas, que sean lideresas en sus &aacute;mbitos de actuaci&oacute;n, incluso figurando en las listas como independientes.

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