«La Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género del Congreso de los Diputados ha votado la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para los próximos cinco años con el voto favorable de todos los partidos políticos, a excepción de uno».
Se han aprobado la propuesta de informe para el nuevo dictamen, que tiene 462 medidas, entre las que destacan la violencia de género, la vicaria, la digital y la económica. Se establece un marco legal específico para la protección de las mujeres víctimas de violencia, con un enfoque particular en aquellas con discapacidad. Por lo tanto, se plantea una evolución a partir de la Ley 5/2022 de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Por fin, se reconoce la doble vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad, que enfrentan tanto la violencia de género como la discriminación derivada de su condición. A través de esta normativa, se busca garantizar que estas mujeres puedan acceder de manera efectiva a los recursos de protección y justicia, eliminando las barreras que, a menudo, dificultan su inclusión en los mecanismos de apoyo.
Tanto la ley como el pacto abordan la necesidad de adaptar las políticas públicas a las particularidades de este colectivo, que a menudo es invisible en las estadísticas y los protocolos de actuación frente a la violencia de género.
Dentro del marco legal y constitucional, se reconoce el derecho fundamental de todas las personas a vivir libres de violencia, establecido tanto en la Constitución Española como en las normativas internacionales que España ha suscrito, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Convenio de Estambul. La Constitución, en su artículo 14, garantiza la igualdad ante la ley y la no discriminación, lo que incluye la obligación de proteger de manera específica a las mujeres con discapacidad en situaciones de violencia.
Ley 8/2021, de 2 de junio, de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica se aplica en el Pacto de Estado 2025 incluyéndose una serie de medidas concretas y accesibles para las mujeres víctimas de violencia con discapacidad en España. Aquí detallamos las principales medidas.
1. Lectura fácil y formatos accesibles
El Pacto de Estado establece la necesidad de proporcionar a todas las mujeres, especialmente a las mujeres con discapacidad, información accesible sobre sus derechos y los procedimientos legales. La "lectura fácil" es uno de los principales formatos adaptados que permite a las mujeres con discapacidad cognitiva, sensorial o intelectual comprender de manera sencilla y clara los mecanismos de protección contra la violencia. Esta medida incluye la traducción de los documentos legales y de los procedimientos judiciales en formatos comprensibles para asegurar que todas las mujeres tengan acceso a la información de manera equitativa.
2. Adaptación de las casas de acogida
Las casas de acogida y otros servicios de apoyo a las víctimas de violencia de género deben ser accesibles para las mujeres con discapacidad. Esto incluye la adaptación de las instalaciones, como la eliminación de barreras arquitectónicas, la instalación de rampas, y la adaptación de los servicios a las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad sensorial, física, o intelectual. Además, las casas de acogida deben contar con personal capacitado para atender a este colectivo, lo que incluye formación en comunicación accesible, cuidado especializado y apoyo emocional adaptado. Como se puede ver, este es otro de los temas, que deben tener recorrido y presupuesto de las administraciones, pero que se haya explicitado ya es un avance importante.
3. Formación de los profesionales judiciales
El pacto establece la necesidad de que los jueces, fiscales y demás profesionales del sistema judicial reciban formación específica sobre los derechos de las mujeres con discapacidad y la identificación de la violencia de género en este colectivo. Esta formación está orientada a sensibilizar y capacitar a los profesionales para que puedan aplicar las medidas de protección correspondientes. Sin embargo, la implementación de esta formación ha sido limitada por la falta de presupuesto, lo que representa un desafío para garantizar la efectividad de estas medidas.
4. Acceso a la justicia y medidas de protección adaptadas
Las mujeres con discapacidad tienen derecho a un acceso pleno y efectivo a la justicia, lo que incluye la posibilidad de denunciar la violencia sin barreras. Esto implica que el sistema judicial debe estar preparado para atender a las mujeres con discapacidad de manera especializada, garantizando que puedan presentar denuncias, recibir protección y participar en los procedimientos judiciales con todas las garantías. Se incluyen medidas como la asistencia jurídica gratuita, intérpretes en lengua de signos, y otras adaptaciones necesarias para que las mujeres con discapacidad puedan hacer valer sus derechos.
5. Apoyo psicológico especializado
Las mujeres y las niñas con discapacidad que han sufrido violencia de género requieren atención psicológica especializada que tenga en cuenta tanto la violencia sufrida como sus necesidades específicas derivadas de la discapacidad. Los servicios de apoyo psicológico deben contar con profesionales formados en la atención a mujeres y niñas con discapacidad, para ofrecerles un trato adecuado y respetuoso, garantizando que su salud mental y emocional se atienda de manera integral.
6. Promoción de la autonomía de las mujeres con discapacidad
Se impulsa la creación de programas y recursos para promover la autonomía de las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia de género. Esto incluye programas de formación en habilidades para la vida, apoyo en la búsqueda de empleo y programas de rehabilitación, con el fin de ayudar a las mujeres a recuperar su independencia y reintegrarse social y laboralmente.
7. Revisión de protocolos de actuación
Los protocolos de actuación ante casos de violencia de género deben ser revisados para garantizar que contemplen de manera específica las necesidades de las mujeres con discapacidad. Esto incluye la evaluación de la accesibilidad de los servicios de atención y la creación de mecanismos para asegurar que las mujeres con discapacidad puedan acceder a ellos de manera efectiva y sin obstáculos.
En resumen, las medidas implementadas en España para proteger a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género se centran en garantizar la accesibilidad a la justicia, los servicios de acogida, y la información, así como en proporcionar apoyo especializado. Aunque el marco legal es claro y detallado, la implementación efectiva de estas medidas depende de la disponibilidad de recursos y de una mayor sensibilización y formación de los profesionales involucrados.
A nivel internacional, tanto la CEDAW como el Convenio de Estambul subrayan la necesidad de tomar medidas específicas para proteger a las mujeres con discapacidad frente a la violencia, y España está alineada con estos compromisos, aunque se requiere una mayor inversión en la capacitación y los recursos necesarios para garantizar su efectividad.
